Cruce de graves acusaciones entre Justicia y los LAJs ante la huelga indefinida: «Los LAJs no son jueces, no son fiscales y no lo van a ser»

El conflicto laboral entre el Ministerio de Justicia y los letrados de la Administración de Justicia se eleva de tono y entra en un camino de crispación absoluta.

La huelga indefinida que arrancará el martes 24 de enero en todo el territorio nacional parece   inevitable porque las posturas son muy distantes y no hay ningún punto de encuentro. Otra cosa será cuánto tiempo se extiende en el tiempo porque los daños a la Administración de Justicia serán notables.

De momento, las propias palabras de Tontxu Rodríguez, secretario de Estado del Ministerio, subrayan lo inevitable del conflicto, aunque las discrepancias son notables con las asociaciones que convocan el paro: “El acuerdo sindical de diciembre del 2021 es el que vale, porque ellas no tienen legitimidad para sentarse en ninguna mesa de negociación”.

Tontxu Rodríguez, secretario de Estado del Ministerio de Justicia (Foto: Ministerio de Justicia)

Estas declaraciones han incendiado al colectivo que convoca esta huelga. En un comunicado «conjunto, las tres asociaciones que han impulsado la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) han asegurado que «si el Ministerio de Justicia quiere que la solución con este conflicto colectivo se alcance en algún momento, ello comportará indefectiblemente la necesidad de cesar al secretario de Estado».

Las tres asociaciones han reprochado el tono del secretario de Estado de Justicia y han asegurado que sus palabras «le retratan». «Sus mentiras, sus difamaciones y su palabrería pretendidamente hiriente sólo lo inhabilitan para el desempeño de su cargo. Nadie con ese lenguaje, con tanta irresponsabilidad, puede seguir ocupando un cargo público», indicaron.

La UPSJ, la AinLAJ y el Colegio Nacional de Letrados (CNLAJ) han recalcado que las declaraciones de Rodríguez les ratifican «moral y profesionalmente» en su intención de «reclamar hasta las últimas consecuencias una adecuación salarial justa», así como «un marco de representación independiente y propio, en el que la relación con los poderes institucionales sea netamente bilateral».

Por su parte, Rodriguez, explicó su versión del conflicto, en un detallado relato que expuso a los medios de comunicación en la mañana de este lunes, en comparecencia pública. En esa descripción de los hechos se señalan diferentes acuerdos y subidas de sueldos a este colectivo, considera que esta huelga indefinida “tiene un marcado cariz político y va a afectar notablemente a los ciudadanos en sus derechos”.

A pregunta de Economist & Jurist, Rodríguez dio por buenos los datos ofrecidos en otro reportaje por Ernesto Casado, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administracion de Justicia sobre los juicios que se van a suspender mañana martes, cerca de 9.000, y las demandas, que se retrasará otras tantas, amén de otras actividades de este colectivo, auténticos responsable de la parte técnica y procesal del juzgado, lo que harán que muchos de estos órganos judiciales tengan escasa actividad.

Rodríguez, pese a lo manifestado en estos días por el Comité de Huelga, recordó que desde el Ministerio hay cumplido con las peticiones de mejora de las condiciones laborales y retributivas de estos empleados y ha calificado de “poco apropiada e imprudente” cualquier «nueva reclamación laboral de este colectivo.”

En otro momento de su intervención llegó a decir “es una huelga contra el pueblo, quieren hacer rehenes a los ciudadanos y perjudicarles con su endiosamiento”, insistió Rodríguez, que ha pedido a los letrados que no secunden los paros, sin embargo,  no ha aclaró la ausencia en esta negociación de la ministra de Justicia, Pilar Llop, que se ha mantenido al margen

En esta guerra de cifras que hay entre ambas partes del conflicto, el secretario de Estado llegó a afirmar que estos empleados cobran entre un 79% y un 140% más que los funcionarios de la Administración de Justicia de sus mismos niveles, datos que ponen en duda el Comité de Huelga.

También destacó que su salario crecerá de media un 14,76 % en los próximos tres años, pues al alza que con carácter general van a experimentar todos los empleados públicos se suma el 5,26% específico pactado para este cuerpo.

«Los daños a la Administración de Justicia serán notables» (Foto: E&J)

Discusión sobre subidas salariales

Para el secretario de Estado, «cualquier reclamación de este colectivo está fuera de lugar. Es absolutamente imprudente», subrayó tras recordar que «los que mañana comienzan una huelga cobran entre un 79% y un 140% más que otro funcionario de la Administración de Justicia de los mismos niveles», una cifra a la que, según ha recordado, hay que sumar el aumento del 9,5% de los funcionarios.

De acuerdo a los cálculos del Ministerio, el salario de un LAJ oscila entre los 30.000 y los 59.000 euros anuales.

Así, Rodríguez comentó que «los LAJ han visto incrementado su salario en un 14%», algo «que no tiene equiparación» con otros funcionarios.

«Son los que mejor cobran en sus niveles», ha dicho para luego incidir en que «los LAJ no son jueces, no son fiscales y no lo van a ser«, otra frase contundente del Secretario de Estado de Justicia.

Además, comentó que ya se han normalizado los procesos administrativos demorados, en particular en materia de acceso al cuerpo, con las convocatorias de ofertas de empleo públicas correspondientes a 2019, 2020 y 2021

Desde esta perspectiva, Tontxu Rodríguez volvió a reseñar en que este Ministerio ha «cumplido con lo que las asociaciones nos venían reclamando» y que han mantenido «36 reuniones en 11 meses y creo que es una desvergüenza o un descaro señalar que no nos hemos reunido con ellos.

En este contexto de enorme crispación y opiniones divergentes, los Letrados de la Administración de Justicia comenzarán este martes una huelga indefinida, con el consecuente «riesgo de paralización» de los juzgados y tribunales de todo el país, en demanda de la adecuación salarial que según ellos no ha llegado en relación con la carga de trabajo que sufrieron hace años sin que entonces se les compensara.

Un conflicto laboral antiguo

Este conflicto laboral que ha generado en esta huelga de incierta duración por parte de los  LAJ es el resultado de la problemática abierta que mantienen desde hace meses con el Ministerio de Justicia y que les ha llevado a protagonizar ya huelgas puntuales, durante los pasados meses de noviembre y diciembre, que obligaron a suspender juicios y declaraciones, incluidas algunas del conocido como ‘caso Villarejo’ en la Audiencia Nacional.

Su origen hay que localizarlo según los afectados en «la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas», en especial la de 2015, lo que -denuncian- ha provocado un «insoportable desequilibrio».

Días atrás, el Comité de Huelga se dirigió por carta a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno para que mediara en el conflicto para reclamar la aprobación de los Reales Decretos retributivos y el Estatuto Orgánico del colectivo, como indicaron en un comunicado sin éxito alguno.

Tampoco la mediación del decano del ICAM, Eugenio Ribón, propuesto por las asociaciones ha servido para acercar posturas, con lo cual se espera un paro elevado acompañado de una manifestación que recorrerá Madrid hasta llegar a San Bernardo, sede del Ministerio de justicia.