Cuatro asociaciones de abogados convocan una concentración el 18 de mayo ante la sede de la Comunidad de Madrid en defensa del Turno de Oficio

Cuatro organizaciones de abogados y abogadas de Madrid, (ALA, ALTMA, ADAME y APADEM) han convocado para el próximo 18 de mayo una concentración ante la sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, “en defensa de la abogacía de justicia gratuita y por la dignificación del Turno de Oficio”.

En un comunicado, estas asociaciones aseguran que “del mismo modo que nos manifestamos el pasado 27 de abril de 2023 ante el Congreso de los Diputados, venimos a reivindicar ante la Comunidad de Madrid la mejora en el desempeño de nuestra labor profesional como abogadas y abogados de oficio, dado que la mayor parte de las competencias en materia de justicia gratuita están transferidas a la Comunidad de Madrid y la mayoría de los asuntos que nos son encomendados por el turno de oficio parten de la Comisión de Justicia Gratuita de esta Comunidad.

Según los cálculos de estas asociaciones, de los 125.158 expedientes tramitados el año pasado, 113.940 se certificaron a la Comunidad de Madrid y 11.218 se certificaron al Ministerio de Justicia, lo que supone que un 87% de los expedientes tramitados son para intervenciones ante órganos judiciales con sede y competencia de la Comunidad de Madrid, frente a un 13% para la intervención ante órganos centrales de la Administración de Justicia (Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional), según la Memoria de 2022 elaborada por el Departamento del Turno de Oficio del Colegio de la Abogacía de Madrid.

Teniendo esto en cuenta, plantean a la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid una serie de reclamaciones. Por un lado, piden “una remuneración digna y suficiente del servicio de asistencia jurídica gratuita”. En esta línea, reclaman la remuneración de todo el trabajo realizado. En este sentido, quieren que se abone “sin excepción alguna, todas las actuaciones que los abogados y abogadas del turno de oficio llevemos a cabo para la iniciación, tramitación o ejecución de un procedimiento en curso, así como todos los incidentes derivados del mismo”. Piden, asimismo, la actualización de los baremos conforme al IPC.

Protesta por la dignificación del Turno de Oficio (Foto: Asociación Libre de Abogados)

Por otro lado, hacen un llamamiento para que se reconozca la dificultad para el acceso a la justicia gratuita a personas y familias con rentas bajas por criterios económicos. En relación con este punto, explican que “dada la dificultad actual para muchos justiciables a quienes se deniega el beneficio de la Asistencia Justicia Jurídica Gratuita como consecuencia de tomar como referencia el IPREM para la valoración y el reconocimiento de dicho derecho, desde la Abogacía del Turno de Oficio se reclama la necesidad de aplicar el Salario Mínimo Interprofesional como parámetro calculador el acceso a la justicia gratuita”.

Por último, demandan la reducción de la carga burocrática. A este respecto, el comunicado señala que “es indispensable reducir la carga burocrática exigida por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita a las letradas y letrados de Turno de Oficio, siendo nuestro cometido profesional la defensa de las personas designadas y no la recopilación de datos personales para la comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, sino sólo los necesarios para la tramitación del procedimiento judicial.

ALTODO se desmarca de la concentración

Desde ALTODO, una de las asociaciones mayoritarias del turno de oficio, su presidenta, Virginia de la Fuente, señala que están de acuerdo con estas reivindicaciones, pero “en este momento no vemos oportuno realizar esa concentración por estar reciente la del pasado 27 de abril”.

Para los profesionales de ALTODO, los frentes ahora estarían en el Ministerio de Justicia y en el propio CGAE, que tras el Congreso de la Abogacía celebrado en Tarragona se comprometió a trasladar al Congreso de los Diputados las enmiendas sobre el Turno de Oficio aprobadas en esa reunión para que sean introducidas en el Proyecto de Ley del Derecho de Defensa antes del 19 de mayo, fecha en que termina dicho plazo.

Entre las propuestas aprobadas en el congreso de la abogacía se encuentra la necesidad de la modificación del artículo 30 del Proyecto de Ley sobre el pago de todas las actuaciones que hagan los abogados, así como que las personas jurídicas tengan reconocido dicho servicio si son imputadas penalmente, porque desde el 2010 se reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

La consejera Ibarrola aclara algunas cuestiones

Por su parte, Yolanda Ibarrola, viceconsejera de Justicia y Víctimas de la Comunidad de Madrid, afirma, en referencia a la convocatoria de concentración, que “por mi despacho han pasado todas las asociaciones, incluida el Sindicato de Abogados. ALA en dos años no me ha pedido ninguna reunión. Siempre ha habido una comunicación fluida con asociaciones del turno de oficio como ALTODO, asociación mayoritaria en estos últimos años”.

Reunión de ALTODO con la consejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, Yolanda Ibarrola. (Foto: ALTODO)

Ibarrola recuerda que “además de ser viceconsejera de Justicia, soy colegiada del ICAM, conozco bien la problemática del mundo de la abogacia y en su día fui abogada de Oficio. Mi teléfono y despacho han estado a disposición de las asociaciones que han querido venir a verme, como ha sido el caso de ALTODO, con quien hay buena relación”:

Según afirma, es la Comunidad de Madrid “la primera que empezó a pagar mensualmente a los abogados del Turno de Oficio en lugar de cada tres meses. Al mismo tiempo los pagos han evolucionado. Antes era necesario comprobar los pagos, desde el 2018 se ha reducido bastante la burocracia, ahora se paga primero y luego se pide las comprobaciones oportunas”.

En cuanto a las subidas de los baremos destaca que “desde 2019 toda la partida que paga la Comunidad de Madrid en cuanto a Turno de oficio, Justicia Gratuita o Servicio de Orientación jurídica ha subido en dos millones. Y si este no hay más dinero es porque no se aprobó la ley de Presupuestos”.

Respecto a la reivindicación del pago por el Salario Mínimo Interprofesional y no teniendo en cuenta el 2,5 del IPREM, Ibarrola recuerda que “aquí no tenemos margen de intervención, ser beneficiario de justicia gratuita lo marca una ley nacional y no una autonómica”, aclara