De la extralimitación a la legitimación del CGPJ: las posturas de las asociaciones ante el pleno sobre la amnistía

El pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial convocado para debatir una propuesta de declaración institucional sobre la amnistía está rodeado de polémica. Ya se conoce el contenido de esa declaración en la que aseguran que la amnistía invadiría competencias del Poder Judicial y que supondría la abolición del Estado de derecho. Cabe preguntarse si, haciendo una declaración de este tipo sobre una ley cuyo contenido aún no se conoce, el órgano de gobierno de los jueces se extralimita en sus funciones. Las cuatro asociaciones judiciales han respondido sobre este tema en un foro organizado por Economist & Jurist.

Para Juan José Carbonero, que ha participado en nombre de la Asociación Profesional de la Magistratura, que la judicatura y especialmente su asociación, “es un deber ineludible, puesto que en sus principios está la defensa de los pilares fundamentales del Estado de Derecho. Nadie mejor que una asociación judicial para emitir una valoración sobre aspectos que afectan a principios del Estado”. Sobre la posible declaración del Consejo, ha dicho que no haría “un juicio de intenciones sobre la cuestión relativa al Consejo, donde hay miembros con distintas sensibilidades”. Lo que si ha dicho es que no cree que estén deslegitimados y que “al no haber un texto de ley, difícilmente están haciendo la interpretación de una norma legal”.

Sí ha ahondado sobre la cuestión de una posible amnistía, en línea con el comunicado emitido por la asociación hace solo unos días. “Somos los únicos que nos hemos posicionado claramente”, ha subrayado Carbonero, que considera que dicha medida “no está cubierta constitucionalmente. Esto nos sitúa ante una situación de renovación de pacto político, pues nos están trasladando una situación de borrón y cuenta nueva que se hace solamente en determinados supuestos como en el año 1977. No nos han explicado si estamos ante un proceso de renovación del pacto político, un proceso de refundación político del país y tampoco está claro que haya una premisa de futuro, que garantice que aquellos que son vistos como potenciales beneficiados de un proceso de esta naturaleza, van a reconocer que determinado tipo de actuaciones son compatibles con determinadas reglas de juego”, ha concluido.

Benjamín Sánchez y Juanjo Carbonero (Imagen: E&J)

Para Juezas y Jueces por la Democracia, el CGPJ se está extralimitando claramente. El magistrado Benjamín Sánchez recuerda que a lo largo de los años 2016 y 2017, en Cataluña, hubo una serie de ayuntamientos que realizaron determinadas declaraciones de naturaleza política y que hubo universidades y colegios profesionales que hicieron esas declaraciones. “La Sala Tercera del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, en una sentencia de 1993, han dicho expresamente que los poderes públicos carecen de libertad de expresión, a diferencia de sus integrantes. Eso quiere decir que están sujetos al principio de neutralidad política, lo que implica que deben seguir el principio de legalidad. En este caso, legalidad positiva: solo pueden hacer aquello que la ley les permite hacer”.

En este momento, incide, solo hay un contexto, una declaración del presidente del Gobierno en la que se dice que se está negociando una ley que contempla la amnistía, que ni siquiera se ha presentado. «Estas personas están diciendo que una ley que hipotéticamente se presentará, tramitará y aprobará será inconstitucional. Esa ley, si llega a esa punto, dice, deberá ser aplicada, interpretada y quizá cuestionada por los órganos judiciales, bien sea a través de la cuestión de inconstitucionalidad o de la cuestión prejudicial. Sánchez, que ha pedido que sus palabras no sean interpretadas a favor ni en contra de la amnistía, ha sostenido que “lo que está haciendo el CGPJ es extralimitarse en sus funciones por carencia manifiesta de competencias, le está expropiando al juez o tribunal encargado de hacerlo la facultad jurisdiccional, pues son ellos los llamados a ser los aplicadores independientes de la ley”. Ha afirmado que “es una barbaridad que afecta de manera grave a la independencia judicial, no hay objeto sobre el que se tengan que pronunciar, no hay ni siquiera un proyecto o proposición de ley”.

Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la magistrada Carmen Gamín ha preferido “mostrarse prudente” sobre la actuación del CGPJ, de la que ha dicho que “no deja de ser una declaración programática sobre un tema que les preocupa, igual que ha habido un manifiesto de 300 juristas que han expresado su opinión sobre esa posible ley”. Antes de opinar sobre la posible ley de amnistía estima necesario primero ver el texto de la norma. Sin embargo, si creen que que se va a aprobar esa proposición. “Cuando tengamos esa ley y veamos como se arma del sistema, nos pronunciaremos”, ha terminado Gamín.

Carmen Gamíz y Victoria Muñoz (Imagen: E&J)

Una postura similar adoptan en Foro Judicial Independiente, cuya portavoz en esta charla, Victoria Muñoz, entiende que exista el debate sobre si la declaración del consejo trasciende sus funciones, pero cree “que no se puede pedir neutralidad y al mismo tiempo estar de acuerdo con el actual sistema de elección”. Así, prefieren abstenerse de hacer un comentario contundente “al no haber un pronunciamiento oficial de la asociación porque aún no existe texto, porque tienen una asamblea dentro de poco y porque el tema es lo suficientemente grave e importante y requiere sosiego y prudencia”. A su juicio, este “no debe ser un tema asociativo, sino que debería ser de toda la carrera y requiere una respuesta unívoca y fundada para toda la sociedad”.

Las cuatro asociaciones judiciales participarán en el programa Fuera de Sala, que esta semana se dedica a la situación de bloqueo en la que se encuentra el Consejo General del Poder Judicial, con el mandato caducado desde hace cinco años, y al cambio de sistema de elección, por el que abogan – aunque con distintos matices- tres de las cuatro asociaciones judiciales. Juezas y Jueces para la democracia es la asociación que, a priori, no considera que un método de elección directa sea necesariamente más democrático que el sistema actual, aunque reconocen que las actuales dinámicas hacen que el de ahora sea un sistema agotado.