Declaración del Gobierno con motivo de los días mundial y europeo contra la pena de muerte

El Consejo de Ministros ha aprobado una Declaración del Gobierno con motivo del Día Mundial y del Día Europeo contra la pena de muerte.

Desde 2003, el 10 de octubre se viene celebrando el Día Mundial contra la Pena de Muerte y, desde 2007, también el Día Europeo contra la Pena de Muerte.

El Gobierno de España quiere marcar el Día Mundial y Europeo contra la Pena de Muerte con una declaración institucional adoptada por acuerdo del Consejo de Ministros que reitera su oposición a la pena de muerte en todos los casos y circunstancias, con independencia de la gravedad del crimen cometido.

La promoción de la abolición de la pena de muerte es una prioridad de la política exterior de España en materia de derechos humanos. España ha desarrollado un papel destacado y reconocido por otros Estados en la defensa de la abolición de la pena de muerte en foros internacionales: Unión Europea, Consejo de Europa, Naciones Unidas y Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

Firme posición de España

En los últimos años, la firme posición de España en contra de la pena de muerte se ha plasmado en la creación, y apoyo posterior, de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, que en junio de 2016 trasladó su sede a Madrid; en la celebración del V Congreso Mundial contra la pena de muerte, en Madrid del 12 al 15 de junio de 2013, y en el apoyo a la organización del VI Congreso Mundial, celebrado en Oslo en junio de 2016.

España apoya, además, las campañas que cada dos años tienen lugar en Nueva York y en terceros países para lograr más votos en la resolución por una moratoria universal de la pena de muerte en la Asamblea General de Naciones Unidas, la última de ellas aprobada en noviembre de 2016, durante su 71º período de sesiones.

TEXTO DE LA DECLARACIÓN

Con motivo, por tanto, de esa conmemoración el Gobierno formula la siguiente Declaración:

«El Gobierno de España reitera en este XV Día Mundial su oposición a la pena de muerte en todos los casos y circunstancias, con independencia de la gravedad del crimen cometido, por considerar que constituye un castigo cruel, inhumano y degradante, que implica serias violaciones de derechos humanos, carece de efectos disuasorios probados en el comportamiento criminal y provoca efectos irreparables en caso de error judicial.

La abolición de la pena capital tiene su fundamento en el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que España es parte. Junto a ello, los Protocolos nº 6 y 13 al Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, en los España también es parte, prescriben en conjunto la completa abolición de la pena de muerte en el ámbito del Consejo de Europa.

La lucha contra la pena de muerte constituye una prioridad de la política exterior española en materia de derechos humanos. La abolición universal, la moratoria como fase intermedia en el camino hacia la abolición y el respeto de los estándares internacionales mínimos en materia de pena de muerte constituyen los vértices de la política de España y de la Unión Europea en este ámbito.

España se ha distinguido en la lucha internacional en favor de la abolición, a través de la creación de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte en 2010, a la que sigue apoyando y que desde junio de 2016 tiene su sede en Madrid, así como a través del apoyo a los Congresos Mundiales contra la Pena de Muerte, acogiendo la celebración de su V edición en Madrid en junio de 2013 y apoyando la VI edición, que tuvo lugar en junio de 2016 en Oslo. España participa también en la amplia coalición de Estados que cada dos años promueven en la Asamblea General de las Naciones Unidas una resolución sobre la moratoria mundial de la aplicación de la pena de muerte, habiendo sido adoptada la sexta resolución sobre esta cuestión en noviembre de 2016, durante la 71ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

El Gobierno de España mantendrá sus esfuerzos e intensificará sus acciones en los distintos foros internacionales para conseguir la aplicación de una moratoria efectiva y universal de la pena de muerte, como paso previo a su total abolición.»

(Fuente: La Moncloa)