Detenido el abogado mediador que presuntamente facilitó adjudiciones en América Latina a una constructora multinacional española

La Fiscalía Especial Anticorrupción de Panamá ordenó el jueves pasado la detención del abogado M.C. en el marco de una supuesta trama de sobornos a cambio de obra pública que incumbe a la multinacional española, Fomento de Construcciones y Contratas.

El arresto del abogado en Panamá se produce una semana después de informaciones sobre que la constructora multinacional española  recibió siete adjudicaciones por valor de más de 400 millones de euros en Panamá, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica tras fichar en 2010 a este letrado. El abogado ofrecía servicios de consultoría que ocultaban un esquema de pago de comisiones ilegales, según los investigadores.

Las autoridades de Panamá registraron el jueves la residencia del abogado en la zona de Costa del Este y sus oficinas. Y la Fiscalía ordenó su detención tras un interrogatorio que duró horas.

La investigación, que ha estimado en este proyecto un sobreprecio de 41,7 millones de dólares (36,5 de euros), atribuye al letrado un presunto delito de blanqueo de capitales.

Andorra, donde el detenido ocultó fondos millonarios, también investiga a este jurista. Las autoridades del país pirenaico indagan si el letrado cobró un 4 % a la constructora multinacional española para facilitar licitaciones entre 2010 y 2014 durante los gobiernos de los expresidentes de Panamá, de Nicaragua y El Salvador.

Las gestiones de Cort permitieron a FCC hacerse con las adjudicaciones de proyectos en Panamá como el Hospital Luis Chicho Fábrega (127 millones de euros), la sede del tribunal electoral (27,6) el acceso del cauce del Pacífico del Canal (187) –en consorcio con las firmas ICA y Meco— o la rehabilitación del puente Centenario (27,6). El abogado ya fue condenado el pasado año por un tribunal de Panamá a 48 meses de prisión por actuar como intermediario de Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que protagonizó la mayor trama de sobornos de América.

El supuesto contrato de asesoría bajo sospecha entre FCC y este abogado se firmó en abril de 2010. Y habría reportado unos ingresos al letrado de 17,3 millones de euros: el 4 % del total del presupuesto total de las obras que captó la multinacional española entre 2010 y 2014.

El documento contemplaba que ambas partes “habían colaborado antes” y preveían mantener su relación “en el futuro”.

Como representantes de la constructora, suscribieron el acuerdo sus entonces directores de América Latina y Administración y Financias. Cort no figuró en el contrato. Sí lo hizo su sociedad Arados del Plata SA, donde el letrado controla el 100 % de las acciones.

Arados del Plata SA fue el vehículo utilizado por Cort para cobrar a través de la Banca Privada d’Andorra (BPA) 3,5 millones de dólares (3,1 millones de euros) a FCC, según dos informes de la Policía de Andorra incorporados a la Operación Pernambuco. Una causa que indaga una red de sobornos de Odebrecht a altos funcionarios, presidentes y primeros ministros de Latinoamérica a cambio de obra pública, principal fuente de ingresos de la constructora brasileña.

Las presuntas comisiones de FCC en Latinoamérica ya salieron a colación durante la declaración del exabogado de Odebrecht Rodrigo Tacla ante la Fiscalía Anticorrupción española. Tacla detalló supuestos pagos a los hijos del expresidente panameño Martinelli a través de la constructora española mediante operaciones de compensación (un sistema de blanqueo de capitales).