Dolores Delgado, fiscal de Memoria Democrática en contra de la opinión de la mayoría del Consejo

Tenso. Ese es el adjetivo que mejor define el Consejo Fiscal que se ha celebrado hoy tras el que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, haya designado a su antigua jefa, Dolores Delgado, fiscal de Sala de Memoria Democrática, nombramiento al que ya apuntó Economist & Jurist hace unos meses. Lo cierto es que este Consejo venía ya con mar de fondo. La mayoría de los vocales había pedido su suspensión ante un posible conflicto de intereses de la exfiscal general del Estado.

Esta tensión se ha reflejado en el resultado de la votación. Delgado ha recibido únicamente los votos de los cuatro vocales progresistas. Tres de ellos miembros natos del Consejo, y que fueron nombrados cuando ella era fiscal general, y de uno de los dos fiscales de la UPF, asociación a la que pertenecía Delgado.

Los siete vocales de la Asociación de Fiscales (AF) y de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), ambas conservadoras, han reiterado su solicitud de que se suspendiera la reunión para estudiar una posible incompatibilidad de la exfiscal general del Estado para el cargo. Asimismo, han reclamado a García Ortiz que se abstuviera de votar ante los vínculos que le unen a Delgado. Argumentan que nada más aterrizar en la Fiscalía General le nombró fiscal jefe de la Secretaría Técnica, cargo de máxima confianza del fiscal general.

Este choque se ha traducido en la abstención de los vocales de las dos asociaciones en señal de protesta. Con esta postura han querido dejar claro que su intención era la de no participar en este nombramiento por las causas denunciadas en los últimos días.

El fiscal general decidió adelantar el pleno del Consejo Fiscal, previsto para el 19 de junio, tras conocerse el adelanto de elecciones. Para los mayoritarios, este movimiento tuvo como objetivo garantizarse que el Gobierno le da tiempo a llevar a cabo el nombramiento de Delgado antes de los comicios.

A juicio de los críticos con la decisión del fiscal general, se trata de una «burda maniobra» para nombrar a la que fuera su jefa en esta nueva plaza. Uno de los más beligerantes ha sido el vocal Salvador Viada, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Viada reclamó que se retrasara el Consejo al 19 de junio, fecha en el que estaba previsto inicialmente, para deliberar previamente si concurría un conflicto de intereses con la candidatura de Delgado.

Este vocal apeló a algunas publicaciones en medios de comunicación que apuntaban a un conflicto de intereses por su relación sentimental que Delgado mantiene con el exmagistrado Baltasar Garzón. Uno de los argumentos utilizados por Viada para sostener sus afirmaciones ha sido las funciones de Dolores Delgado en la fundación FIBGAR del juez, dedicada a luchar contra la impunidad de crímenes lesivos y a la defensa de los Derechos Humanos. Por ello propuso que se pospusiera el debate hasta el Consejo del día 19.

Sin embargo, la Fiscalía ha mantenido el adelanto de la fecha de este Consejo y ha defendido que tanto la plaza de Fiscal de Memoria Democrática como la de Delitos de Odio se publicaron en el BOE antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara el adelanto electoral.

El fiscal general ha salido en defensa de su decisión aludiendo que Consuelo Madrigal, que fue fiscal general, hizo nombramientos con las cortes disueltas cuando estuvo al frente de la Fiscalía. La aludida ha respondido al fiscal general pidiendo que rectificara en sus afirmaciones por inducir al público a un «grave error». Según ha asegurado, ella paralizó estas designaciones tras convocarse las generales de 2015 y que lo hizo para garantizar la imagen de imparcialidad de la institución. La Fiscalía, sin embargo, ha respondido a través del canal de comunicación interna que Madrigal efectuó una decena de nombramientos en octubre de 2015, después de que el entonces presidente, Mariano Rajoy, ya hubiera convocado comicios.

La Asociación de Fiscales ha respondido en un comunicado que se estaba manipulando la información para defender el nombramiento de Delgado. También ha acusado al fiscal general de utilizar el canal institucional de comunicación para defenderse de una cuestión privada y le pidió que dimitiera ante su previsible ‘dedazo’ con su antigua jefa y mano derecha en la Fiscalía.

Además de Delgado, cuyo nombramiento tiene que ser ratificado por el Consejo de Ministros, optaban al puesto Juan Calparsoro, fiscal teniente de la Fiscalía Provincial de Guipúzcoa; el fiscal de Antidroga Luis Ibáñez Cuesta y el fiscal del Tribunal de Cuentas Carlos Castresana quien, por cierto, fue el candidato español a fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI) en 2021.

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