El 65% de los juristas desconfía de la función reinsertativa del actual sistema penitenciario

El pasado 6 de octubre, el Pleno del Tribunal Constitucional declaró, por mayoría (siete votos frente a tres), que la modificación del Código Penal efectuada en marzo de 2015 y que introdujo la prisión permanente revisable (PPR) es conforme a la Constitución Española.

La sentencia, de la que ha sido ponente la vicepresidenta del Tribunal Encarnación Roca, toma en consideración pronunciamientos precedentes del propio TC, así como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que consideran la revisabilidad de la pena como factor determinante de su legitimidad.

Así, el máximo tribunal de garantías de nuestro país avala el aludido castigo de extrema dureza previsto en nuestro ordenamiento y respalda la medida punitiva aprobada por el Partido Popular con mayoría absoluta (y en solitario) en el año 2015.

Conocedores de la trascendencia jurídica y política del reciente fallo, E&J lanzó de inmediato una encuesta anónima, compuesta de 10 preguntas, bajo la única finalidad de conocer la postura de la abogacía frente a la aludida y controvertida figura de la PPR.

Antecedentes

Antes de descubrir los resultados de las preguntas octava y novena de la aludida encuesta, resulta oportuno recordar cuál fue la opinión de nuestros abogados en los interrogantes anteriores:

• La aplastante mayoría del 90,2% de los encuestados confiesa ser jurista.
• El 65% de los participantes muestra su aprobación y conformidad con la aplicación de la PPR.
• El 58,4% de los abogados opina que la PPR es un elemento punitivo útil para eludir la comisión de delitos.
• Para el 55,6% de los encuestados, la PPR es un mecanismo conveniente para evitar la comisión de delitos de extrema gravedad.
• 6 de cada 10 juristas considera pertinente la reforma del Código Penal de 2015 que introdujo esta condena.
• El mismo porcentaje de juristas describe como “acertada” la aludida sentencia del Constitucional sobre la no inconstitucionalidad de la PPR.
• El 62,6 % de los encuestados opina que la PPR no es un tipo penal anticonstitucional.

Desconfianza en la reinserción

La octava pregunta de la encuesta de referencia cuestionaba la confianza de los profesionales del Derecho en la función rehabilitadora y reinsertativa del actual sistema penitenciario.

Un furgón de la Guardia Civil, en el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid). (Foto: Europa Press)

En particular, según el art. 25 de nuestra Carta Magna, todas las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social. Entonces, la pregunta es: ¿cómo se traduce que en un mismo ordenamiento jurídico convivan ambas expresiones: PPR y reinserción social?

Pues bien, bajo la finalidad de ponerle respuesta al anterior interrogante, E&J preguntaba a sus lectores si confía o no en la función reinsertativa del sistema penitenciario. Así, el 65,3% de los 124 juristas que contestaron a tal cuestión, se posicionaron en el bloque del “no”. Es decir, solo 43 de los 124 (el 34,7%) optó por exteriorizar su aceptación por la función rehabilitadora y reinsertativa del actual sistema penitenciario.

¿Delitos no subsanables?

En noveno lugar, antes de ofrecer a nuestros lectores a que aportasen su valoración personal e individual sobre la reciente sentencia del TC sobre la no inconstitucionalidad de la PPR, E&J consultaba sobre si, a juicio de los profesionales del Derecho, existen delitos no subsanables que tienen que llevar aparejadas penas permanentes de prisión.

En este caso, el debate está servido, ya que solo el 54,8% de los participantes contestó que sí, es decir, que hay delitos tan graves que deberían llevar contiguo la PPR. En contra, el 45,2% valoró que no hay delitos de primera o segunda categoría en cuanto a su gravedad y que, por tanto, todos los delitos deben ser subsanables sin tener que acudir a la extrema medida punitiva de la PPR.