El 66% de los juristas no es partidario de que el diálogo político suponga beneficios penitenciarios para los presos de ETA
Desvelamos la opinión de la abogacía frente al progresivo acercamiento de presos de ETA a cárceles vascas
Un recibimiento a expresos de ETA. (Foto: Colectivo de Víctimas del Terrorismo)
El 66% de los juristas no es partidario de que el diálogo político suponga beneficios penitenciarios para los presos de ETA
Desvelamos la opinión de la abogacía frente al progresivo acercamiento de presos de ETA a cárceles vascas
Un recibimiento a expresos de ETA. (Foto: Colectivo de Víctimas del Terrorismo)
Según los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior, de los 184 presos de ETA que aun cumplen condena en nuestro país, 145 se encuentran en centros penitenciarios del País Vasco o de provincias cercanas. En particular, desde que en septiembre de 2018 se comenzase a informar oficialmente de los traslados, el actual Gobierno ha aprobado 277 traslados de etarras, de los cuales 207 se consideran acercamientos.
Como es sabido, cumplidos los diez años desde que ETA anunciase en el diaria Gara el “cese definitivo de la actividad armada”, desde el pasado 1 de octubre, el Gobierno Vasco ya asume funciones de dirección, supervisión, organización, gestión económica y administrativa e inspección de las Instituciones Penitenciarias que se ubican en su territorio -los centros penitenciarios de Bilbao, San Sebastián, Nanclares de la Oca y Álava-.
Este traspaso de competencias, no exento de tensiones y disputas, viene a formalizar uno de los puntos del pacto entre el PSOE y el PNV para que el segundo aceptase la investidura del actual Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
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