El CGPJ acuerda pedir al Congreso que le solicite informe sobre la proposición de ley de reforma de la LOPJ

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado solicitar al Congreso de los Diputados que recabe el informe de este órgano constitucional en relación con la proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. De esta forma, tal como ya adelantó Economist & Jurist, el órgano de gobierno de los jueces pedirá ser oído ante lo que consideran una “inferencia total en la dinámica del Poder Judicial”.

El acuerdo ha sido adoptado con el voto a favor de diez de los 19 miembros del Pleno: el presidente del TS y del CGPJ, Carlos Lesmes, y los vocales José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea. Han votado en contra los vocales Roser Bach, Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda. Los vocales Enrique Lucas y Vicente Guilarte han votado en blanco.

En un comunicado emitido después de la reunión celebrada ayer, el CGPJ recuerda que la proposición de ley para reformar Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, pretende posibilitar que este órgano constitucional pueda proponer el nombramiento de dos magistrados del Tribunal Constitucional “sin, al mismo tiempo, recuperar el resto de las competencias relativas al nombramiento de cargos judiciales que fueron limitadas por esa misma ley y, entre ellas, las de nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo”.

«Justificación contradictoria e incoherente»

El hecho de que, en la exposición de motivos de la norma, quede reflejado que la finalidad de la proposición es “evitar las dificultades que el texto vigente entraña para la renovación de los órganos constitucionales”, resulta, a juicio de los magistrados “una justificación contradictora e incoherente”. Destaca el Pleno el CGPJ que “tan órgano constitucional es el Tribunal de Garantías como lo son los juzgados y tribunales, servidos por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial (art. 117.1. de la Constitución) cuyo superior, en todos los órdenes, es el Tribunal Supremo, de acuerdo con el art. 123.1 de la Carta Magna.

Congreso de los Diputados (Foto: Congreso de los Diputados)

En el acuerdo se destaca el “grave perjuicio que se está generando para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia”, particularmente en relación con el Tribunal Supremo, cuya Sala de Gobierno adoptó un Acuerdo el pasado día 27 de junio de 2022 en el que se denuncian los problemas que atraviesa.

Los magistrados señalan en el acuerdo que “la interpretación que se ha venido haciendo del artículo 561.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) ha consistido en que, en relación con las materias que allí se indican, el Gobierno tiene la obligación de someter sus anteproyectos al informe del Pleno de este CGPJ, mientras que para las proposiciones de Ley presentadas en las Cortes Generales por los grupos parlamentarios la solicitud de ese informe no es obligatoria, sino sólo posible”, tal como se viene señalando en Economist & Jurist.

Jurisprudencia del TJUE

Asimismo, fundamenta el CGPJ su petición de ser oído -mediante informe- por el Parlamento, extremo que parece evidenciar la propia  jurisprudencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que impone que “cuando la proposición de Ley se refiera a los aspectos nucleares del estatuto de los miembros del Poder Judicial o que afecten al estatuto o las funciones de los miembros del órgano de gobierno del poder judicial, debe tramitarse oyendo a todos los sectores implicados, lo que incluye al propio CGPJ”.

Por otro lado, el CGPJ ha renunciado a dirigirse directamente a la Comisión Europea como pretendía inicialmente un sector de este órgano. Finalmente, el acuerdo se ha fijado en «solicitar al Congreso de los Diputados que, en relación con la misma iniciativa legislativa, recabe el informe de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia)».

Por último, los vocales, por 16 votos, han acordado dar traslado al Congreso de los Diputados del acuerdo aprobado el pasado 27 de junio por la Sala de Gobierno del Supremo donde se manifestaba la honda preocupación existente en la última instancia jurisdiccional de España tanto por la falta de renovación del Consejo como por la situación creada por la imposibilidad legal de realizar nombramientos discrecionales que, de continuar, «será insostenible«.