El CGPJ pide al Ministerio de Justicia garantizar el funcionamiento del Supremo

• En la reunión que han mantenido hoy con la ministra de Justicia, Pilar Llop, los presidentes de Sala han solicitado el refuerzo del Gabinete Técnico y de las Secretarias de Sala y planteado reformas legislativas para hacer frente a la elevada carga de trabajo

La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha solicitado hoy a la ministra de Justicia, Pilar Llop, la adopción de medidas urgentes para garantizar el funcionamiento del alto tribunal ante las necesidades materiales y de personal que este órgano arrastra desde hace muchos años y la situación creada por la imposibilidad del Consejo General del Poder Judicial en prórroga de su mandato de efectuar nombramientos tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2021.

En la reunión, presidida por el presidente del TS y del CGPJ, Carlos Lesmes, la Sala de Gobierno ha expresado su preocupación por la no renovación del Consejo, pero ha subrayado que existen otros planos de preocupación de extraordinaria importancia, ajenos a esta situación, que se están prolongando en el tiempo.

Ministerio de Justicia (Foto: Google)

Así, el Tribunal Supremo ha solicitado entre otras medidas el incremento del número de letrados del Gabinete Técnico y planteado varias reformas legislativas para hacer frente a la elevada carga de trabajo del tribunal, que actualmente cuenta con una plantilla de magistrados un 14 por ciento inferior a la legalmente prevista, porcentaje que será del 20 por ciento el próximo mes de octubre, cuando el número de plazas vacantes se elevará a 16 frente a las 12 existentes a fecha de hoy.

Esta situación hace que el funcionamiento del tribunal se vea gravemente mermado pese al nombramiento en abril de 2021 por el Ministerio de Justicia de doce letrados para reforzar el Gabinete Técnico con el fin de prestar apoyo en las tareas de admisión e inadmisión, incidentes de nulidad, quejas, etcétera, que supone el 90 por ciento del trabajo del Supremo.

Sin embargo, ese refuerzo no se vio acompañado por el incremento de personal administrativo que asumiera la asistencia a esos letrados, estimándose necesario el nombramiento de un funcionario de tramitación por cada cuatro letrados de refuerzo. Además, el Ministerio de Justicia ha denegado recientemente la designación de otros cinco letrados solicitados por la Sala Primera para el Área Civil del Gabinete.

Las peticiones planteadas hoy por cada una de las Salas al Ministerio de Justicia son las siguientes:

Sala Primera

Esta Sala cuenta con una plantilla de diez magistrados, incluido el presidente, estando desde noviembre de 2020 una plaza vacante. El incremento de la carga de trabajo se ha agudizado de forma extraordinaria tras la fase de pandemia, hasta alcanzar el 42,5 por ciento en el último año.

Por ello, la Sala considera extremadamente necesario el nombramiento de los cinco letrados solicitados para prestar apoyo en la llamada “fase de decisión”, la que transcurre entre la admisión de un recurso y el dictado de la sentencia.

Sala Primera del Tribunal Supremo (Foto: Google)

Sala Segunda

Es la única Sala sin plazas vacantes, pero su carga de trabajo también ha seguido una tendencia alcista durante los últimos cinco años, con un repunte de un 27 por ciento en 2021 respecto a la habida en los años 2019 y 2020.

El principal problema es la alta tasa de interinidad de la plantilla orgánica de funcionarios adscrita a la Sala, que alcanza el 59 por ciento, por lo que se solicitan medidas que motiven su permanencia e incentivos económicos similares a los que disfrutan en otros órganos judiciales como la Audiencia Nacional o los que dependen de la Comunidad de Madrid.

Sala Segunda del Tribunal Supremo. (Foto: TS)

Sala Tercera

El número de plazas de magistrado vacantes en la Sala asciende actualmente a 6, que se incrementará hasta 8 con la próxima jubilación de los magistrados Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez.

Además de las medidas de solución temporal ya aprobadas por la Sala de Gobierno a propuesta del presidente de la Sala, César Tolosa -como la redistribución interna de los magistrados para que todas las secciones cuenten con el mínimo legal de cinco para constituirse-, se consideran necesarias otras ante la litigiosidad masiva que se prevé como consecuencia de los recursos que reclaman responsabilidad patrimonial del Estado derivada de las medidas para hacer frente a la pandemia.

Así, se solicita la creación de una nueva Secretaría, con un Letrado de la Administración de Justicia y los funcionarios necesarios para tramitar esos recursos; así como el incremento de la plantilla del Área Contencioso-Administrativa del Gabinete Técnico en 3 letrados.

Sala Cuarta

A fecha actual existen 3 vacantes, a las que podrían añadirse otras 2 por jubilación durante este año 2022, incluida la de la presidenta de la Sala, María Luisa Segoviano. Ello dejaría la plantilla con solo 8 magistrados -de un total de 13-, lo que impediría la formación de las dos secciones que se constituyen para la deliberación y votación de los asuntos y tendría como consecuencia la drástica reducción del número de sentencias y el consiguiente incremento de la pendencia.

La Sala solicita el nombramiento de 4 nuevos letrados para el Área Social del Gabinete Técnico, así como de 2 funcionarios de apoyo.

Sala Quinta

Tiene el 25 por ciento de sus plazas de magistrado vacantes (2 de 8) y también experimenta un importante aumento de la entrada de asuntos que ha provocado el incremento de la cifra de asuntos pendientes en un 43,85 por ciento en los últimos dos años.

Propuestas de reforma legislativa

Además de las peticiones en materia de personal, la Sala de Gobierno ha planteado varias reformas legislativas como solución a algunos de los problemas enunciados:

• Reforma de la casación civil para introducir un nuevo modelo que prevea un único recurso de casación que no dependa del tipo o cuantía del proceso, fortalezca el interés casacional de la interpretación de las normas y garantice la celeridad en los tiempos de respuesta simplificando la fase de admisión.
• Reforma del recurso de casación penal para eliminar el trámite de alegaciones del que ahora disponen los recurrentes para responder a los escritos del Ministerio Fiscal y el resto de las partes personadas impugnando su recurso; ampliar la inadmisión por providencia a los recursos contra las sentencias dictadas en apelación por las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia y la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional; e introducir la posibilidad de plantear la insostenibilidad de la pretensión en casación.
• Reforma de la regulación recurso de casación en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa a fin de proporcionar instrumentos y cauces procesales eficaces para atender la litigiosidad masiva.
• Instauración de la doble instancia penal militar.

Los representantes del Ministerio de Justicia se han comprometido a estudiar las peticiones.

En la reunión han participado, además del presidente del TS y del CGPJ, los presidentes de Sala del alto tribunal Francisco Marín Castán (Sala Primera), Manuel Marchena (Sala Segunda), César Tolosa (Sala Tercera) y María Luisa Segoviano (Sala Cuarta); los miembros electos de la Sala de Gobierno Pablo Lucas, Ignacio Sancho Gargallo, Antonio del Moral, Susana Polo y Dimitry Berberoff; el magistrado de la Sala Quinta Fernando Pignatelli -en sustitución del presidente de esa Sala, Jacobo Barja de Quiroga-; el secretario de Gobierno del Tribunal Supremo, Ángel Tomás Ruano; y el director del Gabinete Técnico, Juan Manuel San Cristóbal.

Por el Ministerio de Justicia, además de la ministra Pilar Llop, han asistido el secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián Rodríguez; la subsecretaria de Justicia, Ana María Sánchez Hernández; y el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo.