El CGPJ podría elegir el martes a la primera presidenta de este organismo y del Tribunal Supremo de su historia
Hay cinco magistradas de un total de siete candidaturas: Esperanza Córdoba, Ana Ferrer, Angeles Huet, Carmen Lamela y Pilar Teso
Instantánea de los 20 vocales del nuevo Consejo General del Poder Judicial, elegidos entre PP y PSOE, después de concluir su primer pleno. (Imagen: CGPJ)
El CGPJ podría elegir el martes a la primera presidenta de este organismo y del Tribunal Supremo de su historia
Hay cinco magistradas de un total de siete candidaturas: Esperanza Córdoba, Ana Ferrer, Angeles Huet, Carmen Lamela y Pilar Teso
Instantánea de los 20 vocales del nuevo Consejo General del Poder Judicial, elegidos entre PP y PSOE, después de concluir su primer pleno. (Imagen: CGPJ)
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que este jueves ha celebrado la sesión constitutiva de su octavo mandato, ha propuesto a los magistrados del Tribunal Supremo —Esperanza Córdoba, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Ángeles Huet, Carmen Lamela, Pablo Lucas, y Pilar Teso—como candidatos a la presidencia del Alto Tribunal y del órgano de gobierno de los jueces.
El candidato que salga elegido necesitará dos tercios de los votos, por lo que debe contar con el apoyo de 13 de los 20 miembros que componen el CGPJ. Se trata de un requisito del pacto que alcanzaron PSOE y PP hace un mes para reforzar las mayorías.
A priori, todo indica que el cargo recaerá en una mujer por primera vez en la historia. Las quinielas se decanta por Pilar Teso, magistrada de la Sala Tercera, o por Ana María Ferrer, magistrada de la Sala Penal; aunque no descartan a Pablo Lucas Murillo, actual presidente de la Sala Contenciosa del Supremo.
En la reunión, que ha sido presidida por el vocal de más edad, Bernardo Fernández Pérez, los miembros del Pleno han dado así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 586 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que en la sesión constitutiva deberán presentarse y hacerse públicas las diferentes candidaturas.
Los requisitos que la Ley establece para ser presidente/a del Alto Tribunal y del CGPJ son ser miembro de la Carrera Judicial con la categoría de magistrado/a del Tribunal Supremo, y reunir las condiciones exigidas para ser presidente de Sala del mismo, o bien ser un jurista de reconocida competencia con más de veinticinco años de antigüedad en el ejercicio de su profesión.
El Pleno también ha acordado que el debate y votación de las candidaturas tenga lugar el próximo martes día 30, a las 10:00 horas. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que será elegido quien en votación nominal obtenga el apoyo de la mayoría de tres quintos de los miembros del Pleno. Eso supondría tener 13 votos de los 20 vocales del CGPJ
El artículo 44 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del CGPJ establece respecto a los nombramientos de cargos judiciales que si ninguno de los candidatos consigue la mayoría requerida (en este caso de doce votos) “se celebrará una nueva votación entre los dos que hubieren obtenido mayor número de votos en la primera”.
Si ninguno alcanza los apoyos necesarios después de tres votaciones consecutivas, “se entenderá denegada la propuesta”. Pero ese mismo precepto señala que cuando como en este caso se exige una mayoría cualificada —tres quintos— “el Pleno establecerá los trámites de la votación”.
Candidatos muy cualificados
Sobre los candidatos a presidir el Poder Judicial cabe señalar que Ana María Ferrer es magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo desde el año 2014. De hecho, fue la primera mujer en llegar a esa Sala Segunda hace una década.
Ferrer ingresó en la Carrera Judicial por el turno libre y ha ejercido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Linares (de 1984 a 1987); en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Aranjuez (de 1987 a 1988); en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Leganés (de 1988 a 1989); y en el Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid (de 1996 a 2008).
En 1996 obtuvo plaza de magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid, y en 2008 fue nombrada presidenta de dicho órgano judicial, cargo que desempeñó hasta su nombramiento como magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Durante todo este tiempo ha realizado numerosas actividades docentes y de investigación jurídica. Ha sido profesora de Practium y Máster en las Universidades Autónoma y Alfonso X el Sabio de Madrid, y ha intervenido como ponente en numerosos cursos y seminarios sobre asuntos penales y de violencia de género.
De 2000 a 2004 fue coordinadora territorial en Madrid de la Escuela Judicial; en 2005 fue miembro de la Comisión General de Codificación; y desde 2010 forma parte de la Comisión Jurídica Asesora para la implantación de la Nueva Oficina Judicial.
La magistrada, que emitió votos particulares contra la opinión mayoritaria de sus compañeros del Supremo respecto a la aplicación de la amnistía (discrepa con que existiera malversación en el ‘Procés’) y en el caso ERE, parece según confirman a Economist & Jurist fuentes judiciales estar bien colocada para convertirse en la primera presidenta del Supremo y del CGPJ de su historia.
En el caso de Pilar Teso, magistrada de la Sala Tercera desde 2008, ingresó en la Carrera Judicial en 1985 y desde entonces ha ocupado destinos en los juzgados de Parla (Madrid), Barcelona, Collado-Villalba (Madrid) y Madrid.
Al parecer en la negociación última que mantuvieron PP y PSOE para desbloquear el CGPJ, ya salió el nombre de Pilar Teso como posible presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.
Esta magistrada fue noticia hace unos días por el voto particular contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo que anula la designación de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática.
La magistrada fue muy dura en su argumentación contra la decisión de sus compañeros. Acusó al Tribunal de haber “aplicado mal la ley” al expulsar a Delgado vulnerando sus derechos fundamentales y truncando su promoción profesional con meras “conjeturas y suposiciones”.
Teso, tras ascender a la categoría de magistrada, ejerció en el Juzgado de lo Social número 2 de Cáceres (1988-1989); en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (1989-1997); en el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo (1997-2000); y en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (2000-2008), antes de su nombramiento como magistrada del Alto Tribunal.
Es autora de numerosas publicaciones; ha sido profesora de Derecho Administrativo en el Centro de Estudios de la Administración de Justicia (1995-1996); profesora asociada de Derecho Constitucional en la Universidad Carlos III de Madrid (1999-2003); y profesora del Curso Superior de Derecho Administrativo de la Escuela de Práctica Jurídica Colex (2001 y 2002).
También ha formado parte como vocal de tribunales de oposiciones de ingreso a la Carrera Judicial (1992); de concursos de méritos entre juristas de reconocida competencia (1999 y 2000); y de oposiciones de especialistas de lo contencioso-administrativo (2001).
Presidente de la Sala Tercera, con opciones
El resto de los candidatos se reparten en otros tres procedentes de la Sala Tercera o Contenciosa del Supremo y otros dos de la Sala Segunda.
Es el caso de Pablo María Lucas Murillo, otro candidato muy a tener en cuenta. Elegido magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo entre juristas de reconocida competencia con al menos quince años de ejercicio en 2001, asumió la presidencia en funciones de la Sala el 31 de diciembre de 2022.
Este magistrado fue ponente de la sentencia que anuló el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, acordado mediante Real Decreto de 31 de octubre de 2022, al no reunir dicha persona el requisito de “jurista de reconocido prestigio” exigido por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado.
Otro de las sentencias de la que ha sido ponente anulaba el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática estimando los recursos de APIF, Asociación de Fiscales y un fiscal interesado. En la primera está el comentado voto particular de Pilar Teso.
Este magistrado es miembro electivo de la Sala de Gobierno desde noviembre de 2013; en el año 2009 fue designado por el Consejo General del Poder Judicial magistrado encargado del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia, cargo en el que fue confirmado en 2014 y en 2019.
Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia (1978), es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba (1990); y vocal de la Junta Electoral Central a propuesta conjunta de los grupos parlamentarios (1991-1994) y por sorteo (2012-2016). Asimismo, es autor de diversos libros y artículos. El 3 de mayo de 2016 fue elegido académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
Juez del ‘Procés’
Por su parte, Antonio del Moral es magistrado del Tribunal Supremo desde abril de 2012. Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es fiscal por oposición desde 1983. Estuvo destinado en el Gabinete Técnico de la Fiscalía General del Estado y en el Tribunal Supremo, entre otros destinos. En 2012 fue nombrado magistrado del Tribunal Supremo por el turno correspondiente a juristas de reconocida competencia.
Ha sido uno de los siete magistrados del Tribunal Supremo que forma parte de la Sala Penal que juzgó el ‘Procés’. Entre sus sentencias como ponente resaltar una que respalda la implantación de los juicios telemáticos y que ha logrado un espaldarazo con la sentencia 652/2021, de 22 de julio, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Se trató de un caso en el que la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la condena a 7 años y 9 de meses de prisión y una pena de multa a un acusado de un delito de tráfico de drogas concurriendo el subtipo agravado de notoria importancia (artículos 368 y 369.1.5 del Código Penal).
Del Moral es profesor del Instituto de Empresa entre 1985 y 2012; ha sido también profesor de Derecho Procesal en la Universidad Complutense de Madrid; es autor de numerosas publicaciones sobre temas y penales; y ha pronunciado numerosas conferencias e impartido cursos, también en ámbitos internacionales.
Formó parte, por designación del Gobierno, de la comisión de expertos encargada de elaborar un borrador de texto articulado de nuevo Código Procesal Penal en 2012 y 2013. Y está en posesión de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort.
Dos magistradas de lo Contencioso
Por su parte, Esperanza Córdoba es magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo desde febrero de 2020. Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, ingresó en la Carrera Judicial por oposición en 1985 y ejerció como jueza en los Juzgados de Distrito número 2 de Benidorm y número 31 de Madrid. Ya como magistrada, sirvió en el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Madrid (entre 1989 y 1991) y en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (entre noviembre de 1999 y febrero de 2014).
En esa fecha fue nombrada jefa del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, cargo que desempeñó hasta su nombramiento como magistrada del Alto Tribunal. Anteriormente, entre 1991 y 1999, había sido jefa de la Sección de Recursos del órgano de gobierno de los jueces.
La sexta candidata es Ángeles Huet de Sande, también magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo desde febrero de 2020. Ingresó en la Carrera Judicial en 1983 y estuvo destinada como juez en los Juzgados de Distrito de Manzanares (1983) y San Martín de Valdeiglesias (1984), y en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Loja (1984).
Ya como magistrada, ejerció en el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid (1991-1995) y en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (1995-2020).
En situación de servicios especiales, fue nombrada asesora responsable del Área de Justicia del Defensor de Pueblo (1984-1995); letrada del Tribunal Constitucional (1995-1996); y vocal del Consejo General del Poder Judicial (1996-2001).
La última candidatura propuesta es la de Carmen Lamela, magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo desde septiembre de 2018. Se licenció en Derecho por la Universidad Pontifica de Comillas en 1984.
Ingresó en la Carrera Judicial en 1986 y, desde entonces, ha ejercido en el Juzgado de Primera Instancia de Orihuela (1986); en el juzgado Mixto de Manzanares (1987 a 1989); en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de Badalona (1989 a 1990); en la Audiencia Provincial de Barcelona (1990 a 1993); en el Juzgado de Instrucción n.º 25 de Madrid (1993 a 1998); y en la Audiencia Provincial de Madrid (de 1998 a 2009).
Tras su paso por el Ministerio de Justicia (entre 2009 y 2011), y tras regresar a la Audiencia Provincial de Madrid (2011-2014), ejerció en la Sala Penal de la Audiencia Nacional en comisión de servicio (2014-2015) y en el Juzgado Central de Instrucción número 3 del mismo tribunal (2017-2018).