El Congreso aprueba la ley que penaliza las protestas antiabortistas ante las clínicas

El lío que se formó este jueves en el Congreso de los Diputados a cuenta de la votación sobre la reforma laboral ha tapado otras decisiones de gran calado que han recibido el visto bueno de la Cámara Baja. Algunas de estas normas son importantes.

El Congreso ha aprobado una Ley propuesta por el PSOE por la que se va a castigar penalmente a quienes acosen a las mujeres que acuden a una clínica para interrumpir de forma voluntaria su embarazo. La Ley ha salido adelante con 204 votos a favor, ninguna abstención y 144 votos en contra, los del PP, UPN y Vox, que ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la norma. La iniciativa seguirá ahora su trámite en el Senado.

La Comisión de Justicia aprobó el pasado 22 de diciembre el dictamen sobre la Proposición de Ley con las modificaciones acordadas por PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Ciudadanos. Según el pacto al que llegaron estos grupos parlamentarios no solo se castigará a quienes se considera que acosan a las mujeres que acuden a las clínicas a abortar, sino quienes acosen a los sanitarios y directivos de las clínicas y al personal de la sanidad pública que interviene en abortos. La iniciativa plantea castigar estos comportamientos con una pena de prisión de tres meses a un año o con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días. Además, el acoso se perseguirá sin que sea necesaria una denuncia expresa de la mujer para que se inicie el procedimiento.

Laura Berja, diputada del PSOE. (Foto: PSOE)

Laura Berja, diputada del PSOE que ha defendido la iniciativa en representación de su grupo, ha criticado duramente al PP por su rechazo al texto y le ha acusado de haber elegido, una vez más, junto a Vox «el bando incorrecto». La diputada ha reprochado que señalen a las mujeres que abortan en lugar de respetar su decisión y que con su postura, no están defendiendo la libertad religiosa, sino el acoso y a los acosadores, tras lo que ha agradecido al resto de grupos sus aportaciones y el respaldo al texto.

Desde el PP, Teresa Angulo ha insistido en que la iniciativa tiene un «claro sesgo ideológico». «No quieren tipificar el acoso sino restringir por censura previa el derecho de expresión, algo que prohíbe la Constitución», ha asegurado Angulo.

Según la diputada del PP, la iniciativa «atenta contra la tolerancia y libertad» y persigue «impedir el ejercicio de derechos» a «unos ciudadanos concretos», a quienes «osen ejercer pacíficamente su derecho para cuestiones que incomoden a los intereses de la izquierda». «Confío en el estado de derecho y en que nadie sea privado de su libertad por repartir un folleto en la calle«, ha concluido la diputada popular.

La diputada del PP Teresa Angulo. (Foto: GP Popular)

Lourdes Méndez, de Vox, ha tenido una intervención muy dura y ha enfatizado que «a partir de ahora será un honor ser considerado delincuente por un Gobierno que indulta a terroristas y mete en la cárcel a quien se dedica a salvar vidas«, ha espetado la diputada.

Méndez ha equiparado el aborto con «la muerte de un hijo» y la «eliminación de un ser humano», además de referirse en repetidas ocasiones a las clínicas como «centros de exterminio«. La diputada ha anunciado que su grupo recurrirá la reforma al Tribunal Constitucional porque «atenta contra libertades» y «vulnera los derechos fundamentales» de quienes se sitúan a las puertas de las clínicas.

Lourdes Méndez, diputada de Vox. (Foto: Google)

La representante de Vox ha asegurado que las personas que van a las puertas de las clínicas «dan consuelo y humanidad a las mujeres destrozadas tras un aborto» y que la mayoría de ellas «van presionadas, engañadas y con un estado emocional que les impide discernir», por lo que encontrarse con estos grupos les dará información sobre «las consecuencias» de que «le arrebaten al niño que lleva en sus entrañas».