«El Constitucional se excedió de sus competencias en el caso ERE», sentencia Daniel Berzosa, experto en Derecho Constitucional
Sobre la exclusión de Macías de los recursos contra la amnistía, afirma que "la discrecionalidad en la aplicación de toda norma nunca puede convertirse en arbitrariedad"
(Imagen: E&J)
«El Constitucional se excedió de sus competencias en el caso ERE», sentencia Daniel Berzosa, experto en Derecho Constitucional
Sobre la exclusión de Macías de los recursos contra la amnistía, afirma que "la discrecionalidad en la aplicación de toda norma nunca puede convertirse en arbitrariedad"
(Imagen: E&J)
«Algunas resoluciones del Tribunal Constitucional exceden de sus competencias». Así lo afirma el jurista Daniel Berzosa, especialista en Derecho Constitucional, quien aborda en Economist & Jurist la sentencia del tribunal en el caso ERE, de nuevo en la palestra por una posible cuestión prejudicial ante la justicia europea, la exclusión del magistrado José María Macías de los recursos de la amnistía, así como el significado de la imparcialidad de un juez y cómo se delimita.
Berzosa señala que el Tribunal Constitucional (TC) se excedió de sus competencias «en varias ocasiones en el pasado con la Sala Primera del Tribunal Supremo (orden civil) y recientemente en algunos pronunciamientos, en los que al entrar en el fondo del asunto, el exceso lo ha cometido al invadir el campo propio de la jurisdicción ordinaria penal».
«Uno de los casos más evidentes es el de los ERE, donde ha vertido una auténtica interpretación respecto de un tipo determinado de una conducta delictiva, suplantando al Tribunal Supremo», precisa este Doctor europeo en Derecho por la Universidad de Bolonia, con más de 25 años de trayectoria profesional, que actualmente ejerce como abogado y profesor de Derecho Constitucional y Público en CUNEF Universidad.
Evitar la impunidad en el caso ERE
El PP ha defendido este lunes la necesidad de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para evitar la impunidad en el caso ERE. Insta a la Audiencia Provincial de Sevilla a que eleve una cuestión prejudicial para «garantizar que España siga siendo un país donde la justicia no es manipulada por los intereses de quienes ocupan el poder». En definitiva, para preservar el Estado de Derecho y la separación de poderes.
Los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, durante el juicio. (Imagen: RTVE)
Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, la mayoritaria en la Carrera Fiscal, también ha denunciado en una reciente entrevista en este diario que algunas resoluciones del TC «exceden de sus competencias afectando a la interpretación de tipos penales, competencia propia del Supremo». Puso como ejemplo la reciente decisión de admitir a trámite el recurso de Dolores Delgado contra la sentencia del Supremo que anuló su nombramiento, con lo que, a su juicio, parece que se pretende «enmendar la plana» al Alto Tribunal, «actuar más como un tribunal de segunda instancia».
Caso Macías
Respecto a la decisión del Constitucional de apartar al magistrado José María Macías de las deliberaciones sobre la Ley de Amnistía «para garantizar la imparcialidad del Tribunal», Daniel Berzosa advierte que «la discrecionalidad en la aplicación de toda norma nunca puede convertirse en arbitrariedad».
«Si, a partir de ahora, por el hecho de que alguien haya podido participar en la elaboración de un informe, un artículo científico, en una conferencia, una tertulia y haya manifestado su opinión, esto hace presuponer automáticamente que este juez no va a ser imparcial, es confundir los términos», afirma este jurista.
El TC ha tomado esta decisión sobre Macías a raíz de la recusación presentada por el fiscal general del Estado, un fallo que no ha sido unánime, sino que han anunciado votos particulares los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa. (Imagen: Archivo)
Insta a establecer los elementos objetivos que ayuden al juez a desenvolverse en el espíritu de la imparcialidad
Sobre la imparcialidad del juez, indica que «al margen de la hipertrófica jurisprudencia general que hay sobre cualquier materia –y, lamentablemente, no siempre con criterio o de forma coherente, lo que conduce al riesgo de la arbitrariedad–, la imparcialidad hace referencia a la inclinación intelectual y anímica, partiendo de que cada juez alberga una situación subjetiva», y que el juez «debe tratar de objetivar al máximo su decisión para que prevalezca el sentido de la norma y no su circunstancia y perspectiva subjetivas».
Añade que «si sólo se dejara a la subjetividad, por noble que fuera, es evidente que surgirían dudas acerca de su tendencia a la objetividad –sed lex dura lex–, porque cualquier ser humano por condición, por experiencia, por otros condicionantes externos, suele tener una posición ante las cosas en la vida».
Por eso, destaca que «un legislador jurídico, y más si es democrático, debe establecer los elementos objetivos que ayuden al juez a desenvolverse en el espíritu de la imparcialidad».
«Un legislador jurídico, y más si es democrático, debe establecer los elementos objetivos que ayuden al juez a desenvolverse en el espíritu de la imparcialidad»
También señala que «para llegar a las más altas instancias judiciales, sean de carácter ordinario o constitucional, como se distingue en los países que, como España, no resuelven los problemas legales y constitucionales en la misma jurisdicción, se exige una experiencia, un conocimiento, ser una referencia dentro del mundo del Derecho que sirva de ejemplo, de magisterio, de seguimiento para los demás sujetos jurídicos».
«Esto implica necesariamente haberse pronunciado sobre numerosas cuestiones que se hayan confrontado frente al Derecho. Y da igual la posición que se haya tenido. Esto es, sea como abogado o como funcionario jurídico o al servicio de una institución del Estado», precisa Berzosa. «Si se exige experiencia para llegar a un puesto de cierto nivel jurídico y se niega el haberse pronunciado sobre asuntos jurídicos, ¿cómo se podría demostrar que esa persona ha tenido una opinión de peso sobre una cuestión jurídica?», plantea.
Cándido Conde-Pumpido, presidente del órgano de garantías y exfiscal general. (Imagen: RTVE)
Este especialista en Derecho Constitucional destaca que es «ilógico, incomprensible, inaceptable racionalmente pretender que alguien con una vida de cierta madurez —lo que es obligado para llegar a los altos puestos de responsabilidad jurídica— no se haya pronunciado sobre cualquier asunto directa o indirectamente sobre una materia que, eventualmente, pueda ser, en un momento posterior, discutida en un alto tribunal».
«Y estas opiniones previas, deben tener menos influencia invalidante, con más motivo si cabe, cuando se trata de un órgano colegiado donde un número amplio de individuos cualificados van a ofrecer sus razonamientos jurídicos acerca de lo que se juzgue», apunta.
Así, afirma que es «necesario establecer los elementos objetivos que ayuden al juez a desenvolverse en el espíritu de la imparcialidad». Esta cuestión tiene regulación en las leyes procesales, en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y en la propia Constitución (artículo 117).
«La imparcialidad es sobre todo una institución que se tiene que construir también desde fuera objetivamente estableciendo elementos porque, al final, cada juez tiene su ‘alma en su almario’, como diría el poeta, o su sensibilidad, como diríamos nosotros», señala Daniel Berzosa, destacando que la clave es que se razone y fundamente jurídicamente.
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