El decano emérito Lara se ratifica en que su Junta de Gobierno tomó una decisión colegiada ante una situación excepcional

La primera sesión del juicio del decano emérito de Málaga, Francisco Javier Lara, celebrada en la sala de vistas del Juzgado de lo penal 15 de la Ciudad de la Justicia de Málaga ha levantado una gran expectación. Alrededor de un centenar de abogados procedentes de toda España se personaron para solidarizarse con Lara. Sólo 32 pudieron entrar en la sala.

Según señalan algunos de los abogados presentes, el juicio empezó algo después de las diez de la mañana y se prorrogó durante casi tres horas. A lo largo de esta vista intervinieron varios testigos y el propio Francisco Javier Lara, quien se ratificó en sus tesis ya conocidas de que afrontó una situación excepcional de fuerza mayor apoyado por su Junta de Gobierno de ahí que pidiera la asistencia al detenido en esas guardias por vía telemática.

Lara se acogió a su derecho a no declarar frente al fiscal de la vista Antonio Román. Ante eso el fiscal quiso que quedaran constancia de las preguntas que se iban a realizar, lo que generó una protesta de la defensa del decano emérito alegando que hay sentencias del Supremo que lo amparan sin necesidad de hacerlo constar. Pero la jueza permitió que se hicieran las preguntas.

Con posterioridad, los asistentes oyeron a la magistrada del juzgado de instrucción 10 de Málaga de guardia aquel día, quien defendió que el día de los hechos estaban trabajando presencialmente en el juzgado de guardia tanto ella como el fiscal y los funcionarios adscritos al servicio, todos menos los abogados, ha dicho. Mantiene que desconocía la existencia de un protocolo de asistencia por videovigilancia, pero defiende que esa jornada el servicio quedó desatendido.

El decano emérito de Málaga se enfrenta a una multa de 5.400 euros por delito de desobediencia. La fiscalía considera que como decano del colegio de abogados el 6 de mayo de 2020, de modo consciente, se negó a facilitar al juzgado de instrucción 10 de Málaga, los nombres de los letrados que estaban de guardia, amparándose en que la asistencia jurídica, en esos momentos de la pandemia, se estaba realizando por videoconferencia.

Según explican algunos de los presentes como Salvador Gonzalez, decano del Colegio de Abogados de Málaga, “este asunto nunca tendría que haber llegado a convertirse en el juicio al que estamos asistiendo. Tanto Lara como la magistrada han defendido con vehemencia sus puntos de vista. Pero no podemos olvidar que esto es un episodio de la pandemia que sólo se puede entender en ese contexto de circunstancias excepcionales”.

Para este abogado, que sucedió al propio Lara como decano del colegio malacitano “se están definiendo las posturas de forma clara, la acusación pretende demostrar que Lara cometió un acto de desobediencia por su cuenta y negó el servicio de guardia en aquel 6 de mayo. Por otro Lara ha dejado claro que fue una decisión colegiada tomada por fuerza mayor en un momento complicado con la Covid encima”.

Francisco Javier Lara y Eugenio Ribón. (Foto: ICAM)

Desde su punto de vista “lo que no tiene sentido es que un asunto excepcional haya llegado hasta aquí y tengamos a un abogado con una acusación controvertida. Hay que darse cuenta que se tomaron decisiones complicadas en momentos difíciles, con el cansancio acumulado que teníamos todos en aquellas fechas, que ahora se cuestionan en esta vista oral”.

Este letrado señala que “confiamos en que en las próximas sesiones de este juicio y con las declaraciones que faltan se aclare bastante más este asunto. La verdad es que no se entiende la acusación del fiscal en un tema de estas características y en el entorno que se produjo. La jueza de esta vista ya ha indicado que es posible que la vista se extienda al próximo jueves 8 si hiciera falta”.

Para Eugenio Ribon, decano del iCAM, que acudió este primer día acompañado de Juan Manuel Maillo diputado responsable del turno de oficio, “la verdad que las declaraciones de Javier Lara y las actuaciones del fiscal confirman que el debate se centra en dos ideas. El decano emérito de Málaga defienda la decisión de dar el servicio de guardias por vía telemática, mientras que el fiscal lo focaliza en un acto de desobediencia por una decisión personal del decano”.

Para el decano madrileño, este tipo de asuntos no deberían llegar a juicio y quizás ha faltado comunicación más directa entre las dos partes. “Lara ha ejercido su derecho a no declarar ante el fiscal y lo que no se entiende es que la jueza haya permitido que de esas preguntas se dejara constancia. La declaración de la jueza de guardia ha sido clara dejando de manifiesto que nadie le tiene que decir cómo organizar sus guarias”.

Desde su punto de vista, lo lógico es que haya una sentencia absolutoria. “Lara ha sido bastante coherente con su exposición dejando claro que no se negó en ningún momento cubrir esas guardias aquella mañana de mayo, sino que lo que reclamaba era más medidas de seguridad al estar en pandemia y la asistencia telemática, muy útil en esos momentos y que en otros colegios se utilizó de esa manera”.

Abogados del Turno con Lara

De Madrid acudió una notable representación de ALTODO, con Luis Álvarez, Isidro Moreno, Virginia de la Cruz, Eva Papadopoulos y Miguel Ángel Cortes, todos ellos miembros de esta asociación de abogados del Turno de Oficio. Para Álvarez “la declaración de Lara fue bastante consistente y creíble, por su parte a la juez de guardia de aquel día tardó en personarse y se empezó con otros testigos. Llegó tarde y la dejaron declarar”.

Álvarez aclara que en las cuestiones previas “hubo una serie de pruebas que la jueza no acepto. Ya ha dejado claro que, si el tema no se culmina el día 7, se concluya el jueves 8. Lara subrayó que todo lo que se hizo ese día fue de manera colegiada y que él era la cabeza visible. Sin embargo, el fiscal lo responsabiliza todo”.

Para este abogado “con las pruebas prácticas y la propia declaración de la juez de guardia es que se deduce no ha habido desobediencia porque lo que se hizo fue utilizar una especie protocolo del Colegio para que los abogados no fueran a la guardia de aquel 6 de mayo de forma presencial”.

Varios de los abogados que se han desplazado a Málaga para apoyar a Lara. (Foto: Rosalía Pascua)

Miguel Angel Gonzalez de Miguel, miembro de AJATO e integrante de la Plataforma Abogacia y Turno de Oficio representada en este juicio, subraya que “por lo que hemos visto, no será fácil convencer al fiscal de que la decisión que tomó Lara y su Junta fue colegiada y por fuerza mayor. Sin embargo, la práctica de la prueba parece demostrar que se hizo por circunstancias extraordinarias”.

Así, recuerda las últimas palabras de la última testigo de esta primera sesión, una de las diputadas que explico que “aunque en el oficio venia la firma única del decano Lara, al final fue una decisión colegiada. Es surrealista tener que celebrar un juicio así”.

Para este abogado, el fiscal está siendo implacable, “está haciendo su papel y tiene la idea in mente de que fue el propio Lara quién tomo la decisión de no enviar a esos abogados para cubrir la guaria del Turno de Oficio, pero la realidad es todo lo contrario, esas decisiones se toman de forma colegiada.

Damián Vázquez, abogado experto de responsabilidad civil y de derecho sanitario, fue vicedecano en el primer mandato de Francisco Javier Lara y fue Defensor del Colegiado. “Es aventurado saber aun el desenlace del juicio pero espero que le absuelvan porque es de justicia lo que hizo. Debemos recordar que los hechos tuvieron lugar a principio de la pandemia, cuando los riesgos eran importantes para todos los ciudadanos”.

Desde su punto de vista, “por lo que hemos oído hoy, fue una medida acertada porque lo que se trataba era proteger la vida y salud de los colegiados por los fallecimientos que se sucedían. En este caso, lo que se pidió fue realizar el servicio de la guardia telemáticamente. Nunca el Colegio de Abogados ha desobedecido una orden judicial a lo largo de su historia”.