El escudo social de la ministra Díaz para empresas y trabajadores valencianos será efectivo si se traspone al BOE con claridad

Se prevé que el Consejo de Ministros de este martes apruebe un escudo económico para las empresas, autónomos y trabajadores afectados por el impacto de la DANA, medidas que adelantaba este lunes Yolanda Díaz tras reunirse con los representantes sindicales y empresariales de la Comunidad Valenciana.

Por su parte, los expertos en relaciones laborales aguardan que la redacción en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del próximo miércoles, cuando se publique el Real Decreto, esté cuidada y no genere los problemas que surgieron con el Covid-19.

Por lo que ha avanzado la ministra Díaz, las empresas podrán acogerse a los ERTE por fuerza mayor con una deducción de, al menos, el 90% de las cotizaciones sociales, novedad importante respecto a la pandemia.

También señaló que los trabajadores autónomos, por su parte, tendrán un acceso más flexible al cese de actividad, ya que la prestación funciona como el ‘paro’ para este colectivo. Asimismo, el Ejecutivo quiere reforzar el teletrabajo y retribuir las ausencias justificadas para evitar desplazamientos innecesarios.

La idea de Díaz y su secretario de empleo, Joaquín Pérez, es fomentar los ERTES con fuerza mayor con bonificaciones del 90%. (Imagen: Ministerio de Trabajo)

Seguridad jurídica

Estela Martín, abogada, directora de comunicación de Sincro y presidente de la sección de Igualdad del ICAM, ha preparado una guía sobre el entorno laboral para poder explicar a los abogados laboralistas cual es el entorno actual y los escenarios que se abren desde la DANA.

La guía ofrece orientación sobre los derechos laborales en situaciones de emergencia, como el derecho a interrumpir la actividad laboral por riesgo grave; las medidas de suspensión de empleo (ERTE); y despidos por fuerza mayor; así como permisos retribuidos por causas urgentes.

“Recogemos la normativa laboral actual y los supuestos que existen en la dicha normativa para que las empresas y trabajadores sepan a qué atenerse. A partir del miércoles con la publicación en el BOE es posible que haya un cambio sustancial”, comenta.

Según datos de la propia Generalitat, a 1 de enero del 2022 existían en 381.313 pymes para los 80 inspectores y subinspectores que hay en la ciudad de Valencia. Un número que parece insuficiente para supervisar todas estas medidas que pondrá en marcha el Gobierno a través del Ministerio de Trabajo y Economía Social. “Lo importante es ver realmente como aterrizan estas medidas en el BOE. Ya sucedió con los ERTES por fuerza mayor que la mala redacción legislativa dejó mucha inseguridad jurídica”, comenta Martín.

Para esta jurista “llama la atención la bonificación del 90% de los ERTES, es una medida que puede ayudar a salvar a muchas empresas. En la Comunidad Valenciana hay muchas empresas o microempresas y hay que facilitarlas la vida de alguna manera. Habrá muchas empresas con problemas para volver a abrir la persiana y seguir con la actividad”.

Respecto al tema del teletrabajo Martín indica que “tal y como está planteado, habrá que ver realmente lo que se aprueba y como se lleva al papel, es lo más lógico, siempre que sea factible. Lo que veo es que en las zonas más afectadas se han quedado sin luz o sin vivienda, o que el trabajador haya perdido o tenga el ordenador inservible. Es un modelo parecido al teletrabajo que se implementó durante la pandemia, habrá que ver el tiempo que se puede mantener”.

Esta jurista recuerda que es importante saber realmente qué es lo que se aprueba en el Consejo de Ministros y cómo se concreta luego en el BOE “de cara a saber cómo el empresario enfoca el ERTE que vaya a pedir. Los inspectores tendrán que comprobar que se cumplen los requisitos. En los ERTE de fuerza mayor la autoridad laboral tendrá que constatar esa fuerza mayor. El problema es la escasez de efectivos que hay para que puedan hacer su trabajo con garantías en este tipo de asuntos”.

Desde su punto de vista “esperamos que las medidas que se aprueben sean claras, concretas y donde no hay inseguridad jurídica como en la pandemia. Esperemos que sea una administración más ágil, con menos papeleo tanto para las pymes como para los autónomos que pidan la prestación por cese de actividad. Esa bonificación de los ERES es posible que la liguen al mantenimiento del empleo durante un tiempo”.

Ahora se ha vuelto a recuperar el ‘prohibido despedir’ que ya se comentó en los meses del Covid-19, “habrá que ver cómo se concreta esa medida para supuestos concretos. Deberá concretarse qué es una causa objetiva automática de nulidad, todo lo que no se exprese así claramente en el BOE abre la puerta a la inseguridad jurídica. Tendrán que redactarlo bien para que no veamos las situaciones que se afrontaron en pandemia. Si las medidas laborales se hacen bien se podrán salvar mucha empresas y autónomos”.

Estela Martín pide al legislador claridad en las medidas que se vayan a llevar al BOE: “No se puede crear inseguridad jurídica». (Imagen: E&J)

La Inspección de Trabajo está preparada

Luis Tobajas, inspector de Trabajo en Valencia, es también uno de los portavoces del Sindicato de los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. En su opinión “la valoración de estas medidas es positiva. En esta situación de extrema gravedad hay que intentar proteger a los trabajadores y a las pymes. Creemos que las medidas que aprueba el Gobierno es para protegerlas con los ERTES de fuerza mayor, que no son ninguna novedad”.

Este profesional recuerda que “esta figura lleva mucho tiempo en nuestra legislatura. Las medidas aprobadas son parecidas a las aprobadas en la época del Covid-19. Uno de los cambios importantes es en estos ERTES cuando se habla del 90% de ahorro de la Seguridad Social como deducciones. Al mismo tiempo, los autónomos tendrán un acceso a la prestación por desempleo más flexible que lo que había antes. Esta es una prestación como el paro de los trabajadores que ayudará a que muchos de ellos restablezcan su negocio”.

Sobre el trabajador, Tobajas indica que “ahora se reactivan una serie de permisos retribuidos que son muy interesantes. Es evidente que cuando la empresa lo conceda los trabajadores tendrán que justificarlo, habrá que ver de qué forma, aún no lo sabemos. En el caso de que la empresa niegue ese permiso, entrará la Inspección de Trabajo para analizar las causas de dicha denegación y ver realmente qué es lo que ha recurrido”.

Entre esos trabajos, este experto recuerda que “hay uno que permite al trabajador quedarse en casa si no puede ir a su centro de trabajo con una retribución fijada. Nosotros, los inspectores y subinspectores de Trabajo y Seguridad Social estaremos encima. Al mismo tiempo debe quedar claro que a ningún trabajador se le puede obligar a trabajar cuando hay un riesgo inminente para su vida o para su salud. Eso ya lo decía la normativa actual existente”.

Otra cuestión que comenta Tobajas es que “el trabajador no está para limpiar el centro de trabajo, eso son los servicios públicos los que van a sustituir el servicio anterior. Las empresas deben tener claro qué pueden exigir a los trabajadores en tiempo de trabajo. Otra cosa es que lo hagan de forma voluntaria y se solidarizan con la empresa, pero no están obligados, nunca le pueden obligar a limpiar”.

Desde esta organización sindical muestran su preocupación ante la carga de trabajo que esto va a suponer. “En Valencia provincia, entre inspectores y subinspectores estamos 80 profesionales para las miles de empresa que hay en la ciudad. Demandamos de las autoridades públicas los medios adecuados para hacer este trabajo. Ahora mismo muchos de nosotros, por esta riada, hemos perdido los vehículos, habitualmente es nuestro coche particular, y tenemos problemas para movernos y visitar empresas”.

Cientos de trabajadores han perdido su vehículo con lo cual tienen difícil ir a trabajar. (Imagen: José Soriano)

Las medidas que se aprueban

Está previsto que el Consejo de Ministros apruebe la declaración de zona gravemente afectada por la DANA, que se extenderá por los territorios de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña y Aragón.

De esta manera, Moncloa podrá desplegar de formar más ágil ayudas económicas directas a particulares por los daños producidos en sus viviendas o bienes de necesidad; compensaciones a los ayuntamientos afectados; auxilio económico a toda la industria, o comercios afectados; subvenciones por daños en infraestructuras municipales, o red viaria; ayudas a producciones agrícolas, ganaderas o forestales; y el impulso de líneas de préstamos ICO para minimizar el impacto y los costes de los sectores más damnificados.

Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor temporal obedecen a un paro en la actividad de la empresa motivado por «hechos o acontecimientos involuntarios, imprevisibles, externos al círculo de la empresa que imposibilitan temporalmente la actividad laboral», según explican desde Trabajo. Este primer punto está justificado por el impacto de la DANA en la Comunidad Valenciana y, en concreto, en la zona más afectada, la Horta Sud.

Según se ha dado a conocer este lunes, está prevista una bonificación en el pago de cotizaciones sociales del 90% de la que se podrán beneficiar las empresas. En todo caso, el Gobierno condiciona el desembolso de dinero público a la protección de las plantillas, prohibiendo los despidos, realización de horas extraordinarias o externalización de servicios. Concederán estas ayudas sin periodo de carencia, es decir, sin necesidad de acreditar periodos de cotización previos.

Durante la pandemia, las empresas no tenían que realizar ninguna petición expresa ni realizar facturas de las cotizaciones, pues se facilitó a través del Sistema de Liquidación Directa y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE); Díaz abre la posibilidad a esta opción.

Por su parte, los autónomos cuentan con un sistema específico de protección por cese de actividad, el equivalente al ‘paro’ de los asalariados, y puede ser temporal o definitivo. Para facilitar su acceso, la Seguridad Social no tendrá en cuenta la necesidad de acreditar periodos cotizados a la hora de calcular el tiempo que podrá recibir la prestación.

Esta protección comprende el abono de una prestación económica mensual por cese de actividad, y la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes, con particularidades en determinados supuestos.

La cuantía de la prestación será del 70% de la base reguladora, calculada según el promedio de las bases por las que el trabajador hubiera cotizado durante los 12 meses anteriores a la situación legal de cese de actividad. El Gobierno tiene en su poder la posibilidad de retocar también este porcentaje en el paquete de medidas que aprobará mañana el Consejo de Ministros.

Luis Tobajas, inspector de trabajo y seguridad social en Valencia, advierte que el colectivo necesitará refuerzos para hacer este trabajo. (Imagen: cesión propia)

Ausencias retribuidas y teletrabajo

El Gobierno también quiere evitar riesgos a su salud, desplazamientos que no sean esenciales o represalias laborales ante las dificultades por la catástrofe (por ejemplo, la puntualidad o el trabajo in situ). Reforzarán legalmente estas situaciones para que el trabajador no se vea obligado a acudir al puesto de trabajo si corre riesgo su salud en los siguientes casos que adelantó la ministra con un detalle, las ausencias serán justificadas retribuidas, un permiso no recuperable.

Díaz recupera el ‘Plan Mecuida’, implementado durante la pandemia, para dotar de flexibilidad a los tiempos de trabajo. Esta parte del escudo laboral amplía los derechos de adaptación y reducción de jornada con un recorte de hasta 100%. «Consiste en dar derechos de conciliación a todas las personas que no puedan ir a trabajar por motivos excepcionales. Derechos como la adaptación de jornada, reducción tiempo de trabajo, y el trabajo a distancia», insisten fuentes de Trabajo.

A todo ello, se añade la creación de 100 plazas de interinos anunciadas el pasado sábado por el presidente del Gobierno, con la intención de agilizar toda la tramitación de ayudas a los damnificados por el temporal.

Según ha confirmado el ministerio de Economía, el Consorcio de Compensación de Seguros está comenzando las peritaciones de daños producidos, con el objetivo de poder empezar a efectuar los primeros pagos «a finales de la próxima semana». El volumen de reclamaciones en tan solo cuatro días se eleva a más de 35.800, hasta la mañana de este lunes.