El fiscal general cree que el Código Penal ya da respuesta a delitos que implican a menores e Inteligencia Artificial

La ola digital que envuelve nuestra sociedad y el cambio que se avecina con la extensión de la inteligencia artificial es inevitable. Al término de la presentación de las actividades de la Fiscalía en pro de su digitalización, fruto de los proyectos que está desarrollando la Dirección General de Transformación Digital del Ministerio de Justicia, Álvaro Ortiz, fiscal general del Estado, explicaba cómo está viviendo el Ministerio Público el caso que se ha producido en la locaidad extremeña de Almendralejo de las fotos de menores manipuladas por inteligencia artificial para que aparecieran desnudas.

Desde su punto de vista, “todavía no hemos recibido la información policial, en cuanto al atestado y lo que estén elaborando las fuerzas y cuerpos de seguridad sobre este asunto. Nos preocupan mucho este tipo de incidentes como un fenómeno del uso de las nuevas tecnologías para la comisión de posibles delitos e invadir estos espacios de vulnerabilidad de los menores”.

En su opinión, “lo peor es que este tipo de fenómenos con menores agresores son preocupantes y repetitivos. También quiero mandar un mensaje de cierta tranquilidad. Las instituciones estamos trabajando, la policía lo hace, así como la Fiscalía. Hay elementos normativos suficientes para, en principio, con lo que nos viene, o el desarrollo de las nuevas tecnologías, poder atajar este tipo de posibles comportamientos delictivos”.

A este respecto, recordó que “tenemos un tipo penal que protege la integridad física y moral de los menores. En cuanto al uso de menores en este tipo de apariciones realistas como es el caso de Almendralejo también parece que protegemos esos ámbitos. Eso no quita para que en el futuro, con medios comisivos nuevos de delitos, haya que hacer modificaciones en el Código Penal”.

La Fiscalía muestra su preocupación por casos como el de Almendralejo. (Foto: E&J)

A su juicio, “todavía desconocemos detalles de este asunto, las edades de los menores, qué datos se han filtrado y qué tipo de contenido se ha transmitido de forma explícita de esas manipulaciones con IA. En todo caso, nuestros tipos penales parecer estar adaptados a las nuevas realidades, Lo vamos a ver pronto. Al mismo tiempo, tenemos herramientas de protección de menores y de educación”.

Para Ortiz, “ahora es fundamental coordinarse con las administraciones públicas en este tipo de asuntos delictivos con menores de por medio, para que, ante toda esta preocupación creciente sobre el desarrollo educacional y la información a la que acceden los jóvenes, como sociedad hagamos una reflexión sobre a dónde vamos y qué instrumentos debemos utilizar. Debemos poner de manifiesto que son sobre todo niñas las víctimas generalmente de este tipo de comportamiento. Eso implica hacer una reflexión de género en materia de juventud”.

Los datos de disparan

Álvaro Ortiz ya indicó en la apertura del año judicial, cuando expuso los datos de la Fiscalía General, que se habían incrementado de forma notable los delitos tecnológicos con menores implicados. “Desde el año 2017 se han incrementado estos delitos un 116%. Es un aumento importante y socialmente se nota en entornos educativos y familiares. Hay un uso de las nuevas tecnologías y especialmente de los móviles que se hace de forma indiscriminada preocupante”.

A su juicio, la sociedad se enfrenta a un mundo libre con acceso a los contenidos de forma desordenada. “Hay que hacer un esfuerzo educacional importante sobre el uso de dispositivos y desde el punto de vista sexual. Si viene el caso, cuando la prevención y la educación no es suficiente es el momento de la intervención de la Fiscalía, tanto a nivel de protección como de punición sobre estos comportamientos que pueden ser delictivos”.

A pregunta de este medio sobre si sería partidario de un Pacto de Estado digital y de un mayor control de los móviles en los colegios, Ortiz cree que aún es prematuro hablar de ello. “Son muchos los factores que influyen y tendremos que sentarnos todos los que tenemos responsabilidades públicas sobre esta cuestión. También haya reflexión importante que se debe hacer en el ámbito de la educación familiar y de la educación pública. Avanzar soluciones puntuales es algo prematuro en estos momentos”.

El propio fiscal general advierte que este es un fenómeno transversal “donde están implicadas las fiscalías de menores, de violencia de género y de cibercriminalidad que están trabajando de forma conjunta en este tipo de cuestiones. Se trata de buscar soluciones a esta problemática desde el punto de vista penal, aunque también nos podemos a disposición del resto de administraciones para aportar soluciones”.

La Fiscalía de Cibercrimen

Por su parte, Elvira Tejada, fiscal de sala coordinadora de Criminalidad Informática, también asistente a este acto sobre transformación digital, explicaba que el incremento de los delitos tecnológicos con menores como víctimas y agresores está creciendo de forma notable estos últimos años. “La delincuencia sexual contra los menores en la red es ahora bastante preocupante”.

Elvira Tejada. (Foto: Fiscalía)

Sobre una posible prohibición de los móviles para menores de 16 años en los colegios, Tejada indica que “es mejor hacer un control de esos móviles y del uso que los niños hagan de ello. Tanto como una prohibición no puedo decir, porque enlazamos con el proceso educativo de los menores, no soy quién para decir cómo hay que educar a los menores. Nuestro papel es advertir de los riesgos del uso de esas tecnologías”.

Respecto a este tipo de hechos delictivos con el uso de la Inteligencia Artificial, la propia fiscal de sala comenta que “cuando hablamos de derecho penal lo hacemos de tipos penales. Los tipos penales son limitados y únicamente se pueden perseguir penalmente. Otra cosa es que se tomen medidas de otro tipo, por ejemplo, con el uso de los móviles en los colegios o medidas de control parental sobre ellos”.

La fiscal recordó que “las actuaciones penales sólo pueden ir contra los responsables de delitos. Casos como el de Almendralejo, donde parece haber agresiones de menores con las nuevas tecnologías, están creciendo de forma alarmante y tienen una tipificación clara en el Código Penal. No habría ni que cambiarlo. Con lo que tenemos podemos actuar, lo que pasa es que es importante dejar claro que todos estos contenidos sobre menores hay que denunciarlos”.

Sobre este tema, recordó que “la forma de denuncia es variada, la policía tiene sus portales, entidades como INCIBE, también hay muchos portales púbicos para trasladar esos contenidos, como el canal prioritario de la AEPD, para que luego nosotros como fiscales podamos investigar. Hay que advertir a padres y educadores que hay que estar muy pendientes de estos menores para saber qué hacen con los ordenadores y cualquier tecnología”

Otra derivada que señala Elvira Tejada es “la evolución del menor que pasa de ser víctima a agresor. Se está produciendo una normalización de acciones que creo que no son normales. Viene al final una cosa con la otra. Sobre estos hechos, hay que darse cuenta de que una variable de la pornografía pueden ser estas imágenes virtuales. La legislación española lo contempla desde el 2015 y las directivas europeas desde el 2011, eso sí tiene que ser realista y de contenido sexual explicito. Un dibujo no vale”.