El Gobierno aprueba la nueva Ley General de Telecomunicaciones

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones. La Ley actualiza la normativa para adaptarla a los profundos avances que ha vivido el sector de las telecomunicaciones y para favorecer el desarrollo futuro de la economía digital, que el Gobierno considera uno de los pilares económicos con más potencial de crecimiento en España.

La nueva Ley busca crear el marco adecuado para facilitar las inversiones necesarias para el desarrollo de esta economía digital, eliminando barreras y fomentando la competitividad y la protección del usuario. Entre las novedades, se simplificará el despliegue de nuevas redes, favoreciendo el uso compartido de infraestructuras entre compañías y eliminando trabas para la concesión de licencias.

Además, la nueva Ley asegura la unidad de mercado y marca las bases para la inversión en redes ultrarrápidas fijas y móviles.

El Proyecto de Ley actualiza la normativa vigente que data de 2003 y resuelve determinadas cuestiones que afectaban negativamente a la competitividad de los operadores de telecomunicaciones, como lo son la penalización del despliegue de nuevas redes, la inversión y la provisión de servicios. Por su parte, los usuarios verán mejoras en la cobertura, un incremento de la velocidad de Internet y la reducción de precios y costes. Además, se mejora la protección al usuario.

La nueva Ley General de Telecomunicaciones se inserta dentro del Plan Nacional de Reformas que está llevando a cabo el Gobierno como parte esencial de la política económica. Ésta se enmarca dentro del impulso a la economía digital que el Ejecutivo ha puesto en marcha y cuyo eje central es la Agenda Digital para España.

Principales modificaciones

El Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones introduce reformas estructurales en el régimen jurídico de las telecomunicaciones, con dos objetivos principales:

Facilitar el despliegue de redes de nueva generación, tanto fijas como móviles, ampliando su cobertura.
Mejorar la oferta de servicios innovadores a los ciudadanos, de mayor calidad y a unos precios más asequibles, impulsando unas condiciones más efectivas de competencia.
La consecución de estos dos objetivos se lleva a cabo a través de la nueva normativa, que se basa en cuatro grandes pilares:

Impulso a la competencia y mejora de los servicios a los usuarios. La competencia es un instrumento esencial para garantizar unos mejores servicios a los usuarios finales, unos precios más ajustados y que se mantenga el esfuerzo de inversión e innovación característicos del sector de las telecomunicaciones. De esta manera, se realizarán, de forma periódica, análisis de los distintos mercados, lo que permitirá fijar en cada uno de ellos unas obligaciones específicas y unas condiciones de competencia más adecuadas a la situación real del mercado.

Se mejoran los derechos de los usuarios de telecomunicaciones relacionados con la protección de datos de carácter personal y la privacidad de las personas. Se precisa el régimen sancionador y se facilita el cumplimento de las obligaciones de los operadores manteniendo los derechos de los usuarios.

Se simplifica la actuación de las Administraciones Públicas en la explotación de redes y provisión de servicios de telecomunicaciones.

Se crea una comisión interministerial sobre radiofrecuencias y salud para aumentar la confianza en la seguridad medioambiental.

Se refuerza la potestad inspectora y sancionadora por parte de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información.

Recuperación de la unidad de mercado, de manera que los operadores de telecomunicaciones desarrollen su actividad en un contexto de reglas únicas en la toda la geografía española. Mediante esta actuación se complementa y refuerza la ley de garantía de unidad de mercado desde la legislación sectorial. Como principales medidas figuran las siguientes:

Se diseñan nuevos mecanismos de coordinación y colaboración del Estado con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales para que se facilite el despliegue de redes de telecomunicaciones.

Se establecen requisitos técnicos comunes para el despliegue de redes, así como límites máximos únicos de emisión y exposición a campos electromagnéticos en todo el territorio nacional.

Simplificación administrativa: se eliminarán las barreras normativas que las distintas Administraciones imponen al despliegue de redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones.

Se simplifican los procedimientos administrativos estatales para acceder al uso del espectro radioeléctrico.

Se suprimen las licencias urbanísticas y medioambientales para el despliegue de redes de telecomunicaciones en dominio privado. Las licencias serán sustituidas por declaraciones responsables.

Facilitar el despliegue de redes: reducir los costes de manera que los operadores puedan ampliar la cobertura de sus redes y dispongan de mayor margen para trasladar a los precios finales dicha reducción de costes.

Se facilitará el despliegue de las redes fijas de telecomunicación en los edificios y se garantizará el derecho de cualquier usuario a poder acceder a las redes ultrarrápidas, lo que implica que, si un residente desea contratar servicios de redes ultrarrápidas, la comunidad de vecinos deberá permitir el despliegue necesario para proporcionar ese servicio.

Para desplegar las nuevas redes de telecomunicación, los operadores podrán reutilizar las canalizaciones, conductos y emplazamientos de titularidad pública o de otras redes de operadores privados.

Otras modificaciones

La nueva Ley refuerza el control del dominio público radioeléctrico y modifica otros textos legales como la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, del 11 de julio de 2002, introduciendo precisiones sobre las «cookies». En este apartado, se clarifican las obligaciones y los responsables de su correcta gestión, como, por ejemplo, las redes publicitarias o agencias que no hubieran adoptado medidas para exigir del editor o prestador del servicio el cumplimiento de los deberes de información y la obtención del consentimiento del usuario.

El texto cambia, a su vez, la Ley de firma electrónica, del 19 de diciembre de 2003, de forma que los certificados reconocidos utilizados en el DNI electrónico pasan a tener una duración de cinco años y no de dos años como hasta ahora.

Impacto en la economía

Según un informe del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, el sector TIC y de contenidos digitales facturó en España 100.828 millones de euros en 2011, con una inversión realizada por parte de las empresas del sector de 17.877 millones de euros. Más de 444.600 personas trabajaban en este sector en 2011.

Según datos de 2012, el sector de las telecomunicaciones, que da empleo directo a 66.847 trabajadores, alcanzó una facturación de 35.228 millones de euros, lo que representa un 3,5 por 100 del Producto Interior Bruto (PIB). Su inversión en ese período superó los cuatro mil millones de euros.

Según la Comisión Europea, en este momento en Europa existe una necesidad de inversión de más de doscientos mil millones de euros para que todos los hogares dispongan de banda ancha ultrarrápida en 2020, objetivo recogido en la Agenda Digital para España. En España, se calcula una necesidad de inversión de unos veinticinco mil millones de euros.

Según estudios de la Comisión Europea, un incremento del 10 por 100 en la penetración de la banda ancha conlleva un crecimiento del PIB de entre el 1 por 100 y 1,5 por 100. Además, según estos estudios, duplicar la velocidad de la banda ancha en una economía supone un incremento del 0,3 por 100 del PIB.

Este desarrollo conllevará una creación de más de cien mil puestos de trabajo anuales en la Unión Europea entre 2010 y 2015. Hasta 2020 se estima la creación de unos dos millones de empleos asociados a la innovación en servicios. (LaMoncloa)