El Gobierno aprueba los nuevos aranceles de la procura en contra del criterio de los profesionales

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta de la ministra de Justicia, Pilar Llop, la modificación del Real Decreto por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales. Según un nota emitida por Justicia, esta nueva norma armoniza el ordenamiento jurídico español con la legislación europea y actualiza el contenido del RD 1373/2003, de 7 de noviembre.

El Real Decreto aprobado recoge que la cuantía global por derechos devengados por un procurador de los tribunales en un mismo asunto, actuación o proceso, no podrá exceder de 75.000 euros. Además, el sistema arancelario que rija los derechos de los procuradores no podrá fijar límites mínimos para las cantidades devengadas en relación con las distintas actuaciones profesionales realizadas.

Excepcionalmente, y sometido a justificación y autorización del juez, se podrá superar el límite anteriormente señalado para remunerar justa y adecuadamente los servicios profesionales realizados por el procurador de manera extraordinaria.

Según ha explicado el Ministerio de Justicia, la nueva norma se articula a partir de la negociación del precio de prestación del servicio entre el procurador de los tribunales y su cliente, en un entorno libre de competencia, sin perjuicio de la existencia de un arancel máximo que sirva de protección al consumidor y de la obligatoriedad de presentar, por parte del procurador de los tribunales a su cliente, un presupuesto previo.

Oposición de los procuradores

Este Real Decreto sale adelante a pesar de la oposición de los procuradores, que se han mostrado en contra de los nuevos aranceles. Alberto García Barrenechea, decano del Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM), señaló en declaraciones a Economist & Jurist que los nuevos aranceles “no hacen sino deteriorar la calidad del servicio que debe darse al ciudadano”. Este es un punto de vista que comparten desde otros colegios, como el de Galicia, Valencia o Cataluña, que han emitido comunicados en los que critican la medida.

Una de las cuestiones en las que más inciden es que en los últimos 19 años los aranceles han permanecido congelados, cuando la inflación ha subido un 44,5% (de febrero 2003 a febrero 2022). “Es inasumible introducir ahora modificaciones a la baja sin aplicar previamente, como mínimo, una actualización de los aranceles en base al IPC oficial”, ha denunciado la procura gallega, mientras que el Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores ha destacado que “el trato que pretende darnos el Ministerio de Justicia es absolutamente injusto y denigrante, puesto que el mantenimiento de los topes máximos y la eliminación de los mínimos contribuirá a deteriorar un mercado que ya lo está desde hace muchos años”.

Asimismo, señalan que esta normativa pone en duda la garantía de la prestación del servicio del procurador con una mínima calidad y la cobertura de los gastos de funcionamiento de cualquier profesional.