El gobierno implementa nuevas restricciones para las licencias VTC
La declaración del taxi como "servicio de interés público" les proporciona un marco legal más sólido
El Alto Tribunal ordena a la administración regional que responda la solicitud de Maxi Mobility Spain sin basarse en esa limitación. (Foto: Freepik)
El gobierno implementa nuevas restricciones para las licencias VTC
La declaración del taxi como "servicio de interés público" les proporciona un marco legal más sólido
El Alto Tribunal ordena a la administración regional que responda la solicitud de Maxi Mobility Spain sin basarse en esa limitación. (Foto: Freepik)
En un constante ajedrez legislativo y enfrentamiento entre los vehículos de transporte con conductor (VTC) y el sector del taxi, el gobierno español ha dado un paso más en la búsqueda de un equilibrio entre ambas partes.
Las VTC, representadas por plataformas como Uber, Cabify o Bolt, han sido un fenómeno disruptivo en el sector del transporte, generando polémicas y desafíos regulatorios que han marcado la última década en nuestro país.
Desde que las VTC hicieron su entrada en el mercado español, el conflicto con el sector del taxi ha sido constante. La capacidad de las plataformas de transporte para proporcionar un servicio similar al taxi, pero con un modelo más flexible y a menudo más económico, ha desencadenado una disputa de intereses.
Los taxistas han argumentado que las VTC operaban en condiciones más ventajosas y bajo regulaciones más laxas, lo que socavaba su negocio y las normativas que ellos debían cumplir.
Taxi (Foto: Freepik)
La raíz del conflicto ha radicado en la limitación de licencias VTC impuesta por la Ley Omnibus, donde se estipula que por cada 30 taxis solo podía haber una licencia de VTC. Esta limitación ha sido el epicentro de la controversia y ha llevado a múltiples reformas legislativas a lo largo de los años.
La lucha por la eliminación de esta restricción, sumada a la entrada en juego de la Unión Europea (UE) en la ecuación, ha generado un escenario complejo que requiere soluciones acordes a la normativa comunitaria.
El Real Decreto Ley 5/2023: ¿una solución definitiva?
La reciente implementación del Real Decreto Ley 5/2023 ha marcado un nuevo capítulo en esta larga contienda. Este decreto introduce en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), nuevos criterios para otorgar y explotar las licencias VTC.
El decreto tiene como objetivo adaptar la regulación a las directrices europeas y establecer un marco que equilibre las demandas tanto de las VTC como del sector del taxi.
Como estamos viendo en muchos sectores como el farmacéutico, el de los hidrocarburos o el de las casas de apuestas legales en España, son cada vez más las regulaciones que se aplican para buscar un entorno justo y favorable para todos.
VTC (Foto: Freepik)
Una de las medidas clave del decreto es declarar el taxi como «servicio de interés público», estableciendo condiciones más rigurosas para las licencias VTC. Además, se impone la obligación de que el titular de una licencia VTC sea propietario del vehículo o lo tenga en arrendamiento financiero o a largo plazo durante más de tres meses.
Esto busca prevenir la práctica de obtener múltiples autorizaciones para un solo vehículo, una maniobra que ha sido observada en el pasado.
El impacto del Real Decreto Ley 5/2023 se hace sentir tanto en el sector de las VTC como en el taxi. Para las plataformas de transporte, estas nuevas restricciones pueden ralentizar la expansión y crecimiento de su flota, ya que se elevan los requisitos para obtener y mantener una licencia VTC.
La obligación de ser propietario o arrendar un vehículo por un período prolongado puede limitar su flexibilidad y capacidad para escalar rápidamente.
Taxi (Foto: Freepik)
Por otro lado, el sector del taxi ha recibido con satisfacción las nuevas medidas. La declaración del taxi como «servicio de interés público» proporciona un marco legal más sólido para su actividad, y la exigencia de condiciones más estrictas para las licencias VTC podría nivelar el terreno de juego.
El papel de la Unión Europea y futuras incertidumbres
La implicación de la Unión Europea en este conflicto no puede ser subestimada. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que tumbó la limitación cuantitativa de licencias VTC por cada 30 taxis, sentó un precedente importante.
Si bien el decreto intenta adaptarse a la sentencia, aún quedan dudas sobre si la regulación es lo suficientemente sólida para cumplir con las normativas europeas y evitar posibles sanciones.
Además, la incertidumbre persiste en cuanto a si estas medidas resolverán definitivamente el conflicto o simplemente añadirán nuevas capas a la disputa.
