El Gobierno podría discriminar a las familias al dejarlas sin Justicia especializada

• Mientras las crisis empresariales serán atendidas por tribunales específicos al crearse una sección Mercantil con jurisdicción en toda la provincia, los divorcios, las custodias, alimentos de los hijos o las herencias serán atendidas en tribunales de instancia generalistas
• “Asistimos atónitos a la desidia del legislador y a la infravaloración de las necesidades de las familias en crisis”, afirma la presidenta de AEAFA
• La AEAFA solicita a todos los grupos parlamentarios que formulen enmiendas con la finalidad de que la Sección de Familia se cree en los mismos términos que la Sección de lo Mercantil, evitando la discriminación

La Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) considera que el Anteproyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros deja a las familias españolas sin una Justicia especializada, mientras que las empresas sí dispondrán de tribunales específicos integrados por personal especializado.

La nueva norma prevé para las empresas en crisis la creación automática de una sección de lo Mercantil con jurisdicción en toda la provincia y con sede en la capital. Por el contrario, las crisis familiares -divorcios, custodias de hijos, discapacidad, herencias, etc..- no recibirán ese mismo trato pese a las reclamaciones históricas de la mayoría de abogados, magistrados y fiscales.

Pilar Llop, ministra de Justicia. (Foto: Moncloa)

El anteproyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa de la Justicia deja al albur de las circunstancias la creación de juzgados de Familia, puesto que dependerá de “cuando se estime conveniente” y en  función de la “carga de trabajo existente en ese tribunal”. No se crean con carácter general, ni tampoco en los mismos términos que las secciones mercantiles y tampoco se exige a sus integrantes una especialización integral y vertical.

Para la AEAFA, este anteproyecto supone una vulneración e incumplimiento de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, donde contemplaba en su disposición final vigésima, que el Gobierno “dispondrá las modificaciones necesarias para garantizar la especialización dentro del orden jurisdiccional civil en Infancia, Familia y Capacidad”.

En opinión de la AEAFA, esta decisión supone un perjuicio claro para los ciudadanos. “Por ejemplo, en el caso de la custodia compartida de los hijos, hay juzgados de Primera Instancia y juzgados Mixtos (atienden asuntos penales y civiles) que desoyen la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo y se muestran más reacios a su concesión”, explica la presidenta de AEAFA.

En cuanto a los retrasos en el sistema judicial, la situación también empeora cuando las crisis familiares recaen en estos tribunales generalistas. “Los asuntos civiles en los juzgados mixtos están supeditados a la agenda penal. Si hay un vista de custodia pero de repente entra una causa con preso, pasa a segundo plano, se suspende y se pospone la fecha del juicio de familia”, especifica Lozano.

En conclusión, “la falta de secciones de familia especializadas provoca un agravio territorial, respuestas jurisdiccionales dispares, inseguridad jurídica y demoras en la tramitación de los procesos, que en muchas ocasiones potencian las situaciones de violencia de género y filioparental”, afirma la presidenta de AEAFA, María Dolores Lozano.

La AEAFA solicita a todos los grupos parlamentarios que formulen enmiendas con la finalidad de que la Sección de Familia se cree en los mismos términos que la Sección de lo Mercantil, evitando la discriminación.

Mª Dolores Lozano, presidenta de AEAFA (Foto: Elperiódico)

Se infravalora a las familias

“Una vez más asistimos atónitos a la desidia del legislador, a la infravaloración de las necesidades de la familia en crisis y al mantenimiento de una situación insostenible para el adecuado ejercicio del servicio público de administrar Justicia”, critica la presidenta de AEAFA.

“El anteproyecto no soluciona la actual situación que se produce en los procesos de familia: el agravio territorial comparativo, respuestas jurisdiccionales dispares, inseguridad jurídica y dilación en la tramitación de los procesos. Estas demoras son en muchas ocasiones potenciadoras de situaciones de violencia de género, doméstica y filio parental. Además, el apoyo a las personas mayores en el ejercicio de su capacidad jurídica y de obrar es claramente deficiente en los juzgados no especializados”, afirma María Dolores Lozano.

“La complejidad de los efectos personales y patrimoniales derivados de las crisis familiares no es discutible, y tampoco lo es, que su abordaje debe realizarse desde la especialización de todos los operadores jurídicos, y en especial, mediante la creación de la especialización dentro del orden jurisdiccional Civil de juzgados de infancia-familia y capacidad, como en la especialidad en mercantil”, añade.

Estadísticas

Según los datos del CGPJ, España solo dispone de 128 juzgados de Primera Instancia especializados en asuntos de Familia repartidos entre los grandes núcleos de población, lo que deja a más de la mitad de las personas, cerca del 53%, sin acceso a este tipo de servicio público cualificado para resolver cuestiones tan delicadas como el divorcio, la custodia de los hijos, la herencia o la protección de personas con discapacidad.  Fuera de este servicio público se quedan los ciudadanos de ciudades como Cádiz, Ibiza, Menorca, Ávila, Toledo, Manresa, Segovia, Cáceres, Lugo y miles de localidades más.