El ICAB se congratula de que el Gobierno de la Generalitat se sume al rechazo contra la privatización del Registro Civil

Después de la manifestación convocada por sindicatos, funcionarios y entidades sociales contra la privatización del Registro Civil, que se celebró en Madrid el pasado sábado 11 de abril, el ICAB quiere reiterar su posicionamiento, que ha sido inamovible desde el 2013, en defensa del Registro Civil como servicio público e instrumento de garantía de los derechos básicos de la personalidad, conservación y publicidad de los datos del estado civil de los ciudadanos. También muestra su solidaridad con los funcionarios y resto de personas que pueden verse afectadas por el proceso iniciado por el Gobierno del Estado.

Por ello, el ICAB se congratula de las palabras del ‘conseller’ de Justicia, Germà Gordó, pronunciadas el pasado viernes en Tortosa en contra de la privatización de los Registros Civiles y muestra su apoyo contra este proceso privatizador.

Cabe recordar que este proceso afectará fundamentalmente a los ciudadanos, que hasta ahora tenían garantizado el servicio con la presencia de una oficina del Registro Civil al menos en cada partido judicial (que son 49 en Cataluña), mientras que las gestiones las realizarán los registradores mercantiles desde las capitales de provincia (4 en Cataluña). La pretensión de que la documentación sea accesible por internet no cubrirá un porcentaje masivo de la población, que en este momento se dirige a los Registros Civiles y obligará a solicitarla en las capitales mediante las oficinas de los juzgados de paz u otras oficinas delegadas que pasarán a tener una función meramente instrumental de las solicitudes y entregas de documentación, dilatando el proceso de obtención de certificaciones y demás documentación.

El ICAB también recuerda que la forma de llevar a cabo la reforma del Registro Civil ha sido inadecuada y cuestionada ante el Tribunal Constitucional. El hecho de que el instrumento utilizado haya sido el Real Decreto-Ley resulta contrario a la Constitución, porque no se ha justificado en ningún momento la necesidad «extraordinaria y urgente» de su aprobación.

Cabe recordar que el Gobierno tuvo casi tres años, a contar desde la aprobación de la Ley 20/2011 del Registro Civil, para organizar el servicio del Registro Civil y no lo hizo. Sólo en el último momento antes de la entrada en vigor de la nueva Ley del Registro Civil (Ley 20/2011), sin consultar a los sectores afectados y sin tener en cuenta las competencias ejecutivas de las Comunidades Autónomas en materia de Registro Civil, decidió -sin la transparencia debida y exigible- convertir la gestión de un servicio público en una actividad privada llevada a cabo mediante una financiación que no se ha garantizado y que será repercutida en los ciudadanos.

Por último, el ICAB también se manifiesta partidario de garantizar el puesto de trabajo de los funcionarios destinados actualmente a los Registros Civiles a otros destinos que resulten adecuados al perfil que han venido desarrollando en sus destinos y cercanos a su ámbito territorial actual, a fin de que los ciudadanos no se vean más afectados todavía como consecuencia indirecta de dicho proceso de privatización.