El ICAB y la Abogacía Catalana denuncian que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial conlleva el alejamiento irreversible de la justicia respecto a los ciudadanos

El Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) y el Consell de l’Advocacia Catalana denuncian que el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por el Consejo de Ministros, supondrá un alejamiento irreversible de la justicia respecto a los ciudadanos.

El texto aprobado plantea la supresión de los partidos judiciales y su sustitución por las provincias, con la consecuencia dramática de configurar 4 únicas sedes judiciales en Cataluña. «Aunque se prevé, ‘sedes desplazadas’ estas no son más que un intento de salvar la irracionalidad de un nuevo mapa territorial en función de variables que no garantizan una estructura territorial de Administración de Justicia que permita el acceso en condiciones de igualdad por parte de todos los ciudadanos«, afirma el decano del Colegio de Abogados de Barcelona, Oriol Rusca.

Ante este rediseño del mapa judicial, el ICAB y el Consell de l’Advocacia Catalana consideran que el Ministerio de Justicia debería tener presente la población empadronada y la estacional, la carga de trabajo real y la potencial de los órganos judiciales existentes, el ajuste con las demarcaciones y los emplazamientos de centros y otros servicios públicos relacionados con la Administración de Justicia, las distancias y el tiempo de desplazamiento de los usuarios, la organización territorial de Cataluña y los recursos financieros disponibles.

Estas corporaciones también se muestran contrarias a la supresión de los Juzgados de Paz y de las Audiencias provinciales. Para Rusca, «suprimir estos juzgados conlleva alejar el ciudadano del sistema de justicia que tiene más cercano», pero, además, «alerta de que no se garantiza ningún servicio alternativo y que esta situación derivará en un grave problema de gestión de los procedimientos, y en particular de las citas«.

En relación a la supresión de las Audiencias, el decano de los abogados de Barcelona se muestra preocupado porque la carga de trabajo que actualmente mantienen debería ser asumida por el TSJC o por los nuevos Tribunales de Instancia sin ninguna garantía de disponer de los recursos humanos y materiales necesarios para llevarlas a cabo.

Otra de las principales críticas del Colegio de Abogados de Barcelona y de la Advocacia Catalana al Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial es que se determine una cuota máxima de recursos de casación (civiles y contenciosos administrativos) que se podrán admitir a trámite. Por estos motivos, Rusca denuncia que «la justicia no puede tener ni admitir cuotas porque con estos planteamientos de tramitación parece que se quieran facilitar las dilaciones existentes«.

El ICAB y el Consell de l’Advocacia Catalana también cuestionan la nueva «jurisprudencia vinculante». La nueva jurisprudencia se prevé que la dicte el Tribunal Supremo, lo que conllevaría la limitación del ejercicio de la función jurisdiccional de los jueces inferiores y que esta se establece al margen de criterios objetivos y transparentes. Además, desde esta corporación se teme que los jueces dejen de estar sometidos al principio de legalidad y pasen a actuar al dictado de lo que diga el TS en cada momento.

Ambas corporaciones también lamentan la regulación de la figura de la «cuestión jurisprudencial previa», porque según el texto aprobado no se podría cuestionar la jurisprudencia vinculante del Tribunal Supremo. Ante esta posibilidad, Rusca alerta que «en ciertas materias -como la doctrina sobre garantías constitucionales del Tribunal Constitucional- tienen que ser de aplicación directa y no deben ser objeto de juicio por el Tribunal Supremo«.

En relación a la figura del «depósito para recurrir», prevista en el anteproyecto de LOPJ, el Colegio de Abogados de Barcelona y el Consell de l’Advocacia Catalana instan a su supresión teniendo en cuenta el actual contexto económico y al hecho que los ciudadanos deben abonar importes elevados derivados de la nueva tasa judicial estatal, y en el caso de las empresas catalanas, de la tasa judicial catalana.

Finalmente, el ICAB y el Consell de l’Advocacia Catalana denuncian que el proyecto no se acompañe de una memoria justificativa que señale los recursos materiales disponibles para su desarrollo.

Por todos estos motivos expuestos, el Colegio de Abogados de Barcelona presentará al Ministerio de Justicia alegaciones y enmiendas que permitan solucionar los agravios que conllevaría para los ciudadanos y para la independencia del propio sistema de justicia la aprobación de la de la futura Ley Orgánica del Poder Judicial, tal como está redactada en estos momentos