El impacto de la DANA obliga a suspender los plazos procesales de la justicia valenciana del 4 al 10 de noviembre

Los efectos devastadores de la DANA, con más de 210 víctimas, un millar de desaparecidos y poblaciones de los alrededores de Valencia derruidas, donde empresarios y abogados lo han perdido todo, ha obligado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ CV) a paralizar la justicia valenciana, por lo menos, del 4 al 10 de noviembre.

De forma paralela, a partir de este lunes, en todas las delegaciones del Ilustre Colegio de la Abogacía de Valencia (ICAV) y oficinas Justiprop, ubicadas en distintos ayuntamientos, los abogados que se hayan quedado sin despachos o que éstos estén dañados podrán acudir a estas instalaciones, así como a la red de despachos colaboradores que ya son más de un centenar.

Será el miércoles 6 cuando los más de 5.000 abogados del turno de oficio de los colegios de Valencia, Alzira y Sueca puedan ofrecer asistencia jurídica gratuita a las víctimas de la riada. Son muchos los temas legales que hay sobre la mesa para estas personas, que buscarán el amparo del Consorcio de Compensación de Seguros y otras ayudas para recuperar las viviendas, negocios o vehículos que han perdido.

Desde el pasado miércoles, día 30 de octubre, tanto el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y su Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia, como todos y cada uno de los colegios de abogados de España, han trasladado y mostrado su pésame, apoyo y solidaridad a la abogacía valenciana.

“Un trabajo imprescindible de la abogacía. Tanto el Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía (CVCA) como el CGAE y su Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia, para la solución y gestión de todas las medidas que procesalmente y en lo que tiene que ver con lo inhábil de los días que van transcurriendo, se han obtenido hasta la fecha y que, dada la realidad existente, son del todo insuficientes”, tal y como indica José Soriano, decano del Colegio de Abogados de Valencia.

El papel del Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía, que preside Fernando Candela, ha sido clave para lograr aplazar plazos procesales. (Imagen: CVCA)

Situación complicada

La situación actual es preocupante. Los letrados, procuradores y graduados sociales no tienen despachos, han perdido expedientes y ordenadores, e incluso los vehículos con los que desplazarse a atender una guardia o un señalamiento dentro y fuera de la provincia. Por lo que es material, profesional y humanamente imposible esa atención.

Esta iniciativa de suspensión se ha planteado desde diversos frentes. El primero el que ha unido a los abogados, procuradores y graduado sociales de Valencia en un escrito firmado por Fernando Candela, presidente del Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad Valenciana; Carmen Rubio, presidente del Consejo Valenciano de Procuradores; y Amparo Máñez, presidente del Consejo Valenciano de Colegios Oficinales de Graduados Sociales; que suscribían un comunicado que remitían a última hora de la noche de este sábado a la Sala de Gobierno del TSJ de la CV, pidiendo esa suspensión de plazos.

Por otro lado, en una carta del presidente del CGAE, Salvador González, a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, en la que se ha insistido en dicha petición de suspensión ante “la persistencia de las consecuencias de la tragedia que ha vivido la provincia de Valencia, que sigue imposibilitando o dificultando los desplazamientos para centenares de miles de personas, así como las conexiones telemáticas o cuestiones tan básicas como tener luz o garantías de salubridad en los territorios afectados”.

González detalla que todavía hay “miles de profesionales que carecen de la posibilidad de desplazarse, preparar o gestionar los asuntos encomendados, problemática que se extiende a las partes, los testigos o los peritos que tengan que intervenir ante la Administración de Justicia”.

El presidente de la Abogacía también ha solicitado que, para los abogados y abogadas residentes en las zonas afectadas que tengan procedimientos judiciales abiertos en otros partidos judiciales del territorio español, se puedan articular los mecanismos necesarios para proceder de forma inmediata a la suspensión de vistas, señalamientos, interrupción de plazos, o en su caso se acuerde la demora de los mismos, o se tramiten de forma preferente por medios telemáticos.

Asimismo, el Consejo General de la Abogacía Española ha trasladado su petición al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y a la Fiscalía General del Estado. Desde la pagina web del CGAE, el abogado puede descargarse los modelos que hay de peticiones de suspensión de vistas.

Bomberos forestales limpiando las calles tras los efectos de la DANA. (Imagen: Consejería de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana)

Suspensión de plazos procesales

Las reacciones institucionales no se han hecho esperar. A primera hora de la tarde del domingo, 3 de noviembre, llegaba un acuerdo de la Sala de Gobierno del TSJ de la Comunidad Valenciana firmado por su secretario general, Rafael Lara, que en el punto segundo deja claro cuál es la situación:

“Al respecto solicitado, la Sala de Gobierno envía una mensaje claro y rotundo de la inexistencia de obligación de cualquier profesional o ciudadano que encuentre cualquier tipo de dificultad para desplazarse a la Ciudad de la Justicia de Valencia u otras sedes judiciales haya de acudir a la actuación jurisdiccional o procesal de que se trate. Insistimos y remarcamos que la evidencia de la situación que atravesamos justifica una presunción general de imposibilidad material de acudir a las actuaciones jurisdiccionales y procesales de que se trate”.

“Por tanto”, continuaba el escrito, “debe bastar una simple llamada al órgano judicial expresando la imposibilidad e, incluso, en aquellos casos en los que ni siquiera esto fuera posible, la simple incomparecencia debería justificar la suspensión de la actuación. A estos efectos, se confiere traslado a todos los órganos judiciales de la provincia para que tengan especial consideración con la situación en la que nos encontramos”.

 La propuesta aprobada primero por el TSJ de la CV, y luego por la Comisión Permanente del CGPJ, reunida de urgencia este domingo, se basa en tres aspectos.

El primero, que todas las notificaciones y comunicaciones remitidas por los órganos judiciales durante los días 4 a 10 de noviembre, a través del servicio LEXNET, deberán entenderse notificadas con fecha del lunes 11 de noviembre.

El segundo, en cuanto al cómputo de los plazos procesales, quedarán excluidos los días 4 a 10 de noviembre. Y, el tercero, que en el supuesto de que la fuerza mayor persista más allá del día 10 de noviembre, se adoptaría el acuerdo, por esta Sala, que exigieran las circunstancias.

Abogados para ayudar a abogados

En primera línea de combate, José Soriano, decano del ICAV y miembro del CVCA, se muestra satisfecho con la resolución conseguida de suspensión de plazos procesales y administrativos, de momento, hasta el 10 de noviembre. Ahora explica a Economist & Jurist que está organizando las sedes colegiales del ICAV para que sean lugar de trabajo de aquellos abogados que tengan su despacho propio dañado.

Y, al mismo tiempo, prepara el macro servicio de asistencia jurídica para las víctimas de la DANA, que al final estará operativo desde este miércoles 6 de noviembre.

Los abogados valencianos están organizados en un grupo de WhatsApp a través de los cuales están en contacto en estos momentos tan complicado. Hay algún grupo con más de 500 letrados de toda España que intentan colaborar en estos momentos de tanto caos y falta de medios.

Soriano aclara a E&J que “tenemos tres realidades que atender. La primera los abogados que deben ejercer en la provincia porque son de aquí; otro grupo de compañeros que deben ejercer fuera de Valencia; y por último, los abogados de fuera de la nuestra provincial que tienen que venir a Valencia. La situación se ha aclarado con el acuerdo del TSJ de la CV que luego ha hecho suyo el CGPJ para la suspensión de plazos procesales y administrativos del 4 al 10 de noviembre”.

Sobre el servicio de asistencia jurídica gratuita que impulsarán los abogados del ICA de Valencia, Alzira y Sueca “se pondrá en marcha este miércoles; el lunes y martes todavía se estará limpiando la ciudad y muchos de los afectados velan a sus familiares afectados. Según los primeros datos, se han perdido por la riada más de 150.000 vehículos esto va a hacer difícil que muchos de nuestros conciudadanos puedan ir a trabajar”.

En cuanto a los despachos de acogida que provisionalmente van a ayudar a que estos letrados con su bufete dañado o derruido, ya habría una red de un centenar de firmas dispuestos a colaborar con los compañeros con problemas serios para trabajar. “El problema es cómo van a llegar a cada uno ellos”, comenta el decano del ICAV, quien también indica que este lunes estarán abiertas las 15 delegaciones del ICAV y, a partir del miércoles, esas sedes se sumarán a los ayuntamientos donde se va a prestar el servicio.

Entre estos tres colegios, Valencia, Alzira y Sueca, es posible que se muevan cerca de 5.000 abogados que atenderán en las delegaciones de estas entidades colegiales a afectados por la DANA y familiares desde este miércoles. El trabajo será especialmente el asesoramiento ante las pérdidas de cada particular; ver la forma de recuperarlo; si cuenta con seguro en sus propiedades; y tener ese apoyo legal para poder gestionar la petición al Consorcio de Compensación del Seguro.

“Junto con las cuestiones de seguros, hay otras dudas legales que procuraremos atender: el problema de las hipotecas y arrendamientos si la vivienda ha quedado derruida; cuestiones laborales de empresarios que hayan visto sus negocios derruidos de cara a que puedan gestionar ayudas; y trabajadores que sepan si tienen que ir o no a trabajar en estos momentos tan difíciles”.

Jose Soriano, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Valencia, en el centro de la imagen, al pie del cañón para ayudar a los colegiados afectados. (Imagen: ICAV)

Donaciones de entidades colegiales

El movimiento solidario se está produciendo en todo el país. Desde muchas ciudades españolas se envían alimentos y agua para los afectados por la DANA que se encuentran con escasos recursos.

Por su parte, la Cruz Roja Española ha facilitado diferentes vías para realizar donaciones directas. Se pueden realizar a través de su web, enviando un Bizum al número 33512, o por transferencia a la cuenta bancaria ES44 0049 0001 5321 1002 2225, llamando gratuitamente al 900 104 971 o enviando un SMS con la palabra AYUDA al 28092.

También se puede donar a través de Cáritas, en su página web, mediante un Bizum al 00089, o llamando al 900 33 99 99.

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), en respuesta a la situación de emergencia provocada por las recientes inundaciones, ha acordado realizar una donación extraordinaria de 10.000 euros para apoyar a las personas afectadas por la DANA.

Esta primera ayuda de emergencia se distribuirá de manera equitativa, destinando 5.000 euros a Cruz Roja Española y otros 5.000 euros a Cáritas, dos organizaciones que ya están prestando asistencia humanitaria en las zonas más perjudicadas.

Además de esta donación directa, gracias a la colaboración con Cruz Roja, ICAM y su Fundación han habilitado una plataforma online que facilita a los abogados y abogadas de Madrid realizar sus aportaciones económicas de manera rápida y segura. A primera hora de la tarde de este domingo la cantidad recaudada era de 33.352 euros contando con esos 10.000 euros de salida del ICAM según nos explica el decano Eugenio Ribón.

Por su parte, desde la Junta de Gobierno del ICAB se aprobó el pasado viernes una aportación de 10.000 euros para contribuir a la recuperación de la zona y brindar apoyo a las víctimas. También el ICAB aprobó una aportación solidaria del CICAC por importe de 6000 euros. Su decano Jesús Sanchez ha estado muy activo estos días y ha colaborado con el CGAE y el CRAJ para la inhabilitación de los plazos procesales, por fin logrados.

Esta iniciativa fue comunicada a los consejeros y consejeras del CGAE y ha sido replicada por otros colegio, mostrando su compromiso solidario de la abogacía en momento difíciles.

Jesús Sánchez, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, y Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, dos Colegios solidarios con la tragedia de Valencia. (Imagen: ICAM)