El juez encausa a una pareja por presunta estafa a 37 enfermos con «células madre»

El juez instructor notificó ayer martes a todas las partes el auto que transforma en procedimiento abreviado las diligencias previas abiertas contra la pareja en el año 2011, al apreciar indicios de que Santiago S., en complicidad con su mujer, “ideó y ejecutó un plan con el que lucrarse de manera ilícita mediante la captación de personas con patologías neurodegenerativas para, aprovechándose de su desesperación para volver a caminar, ofrecerles un tratamiento terapéutico con células madre”.

Una vez que empezaba el citado tratamiento, detalla la autoridad judicial en el auto, “el mismo consistía únicamente en masajes y técnicas de rehabilitación” dispensadas por el propio gerente del centro o por sus empleados (una monitora de actividades acuáticas, una fisioterapeuta, una auxiliar de enfermería o una médico rehabilitadora).

La investigación no ha encontrado pruebas de que estas personas estuvieran al tanto o participaran de la estafa.

El juez contabiliza a un total de 37 presuntos perjudicados por las actividades fraudulentas en el centro de rehabilitación, en su mayoría “menores en silla de ruedas o con andador”.

Año 2008

Según detalla el auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado (el equivalente a un auto de procesamiento en un sumario ordinario), de las investigaciones llevadas a cabo por el Juzgado desde 2011 hasta fechas recientes se desprenden indicios racionales de que en el año 2008, tanto Santiago S. como su esposa, “con la finalidad de obtener un beneficio económico ilícito y en ejecución de un plan preconcebido”, pusieron en funcionamiento el centro de rehabilitación denominado Los Picachos para personas con discapacidad neuronal en la localidad de Firgas.

Pese a que en sus orígenes el centro estaba concertado con el Servicio Canario de Salud, detalla el juez, en 2008 el Gobierno canario acordó retirarle las subvenciones al centro, por lo que pasó a ser gestionado exclusivamente por Santiago S.

“El investigado, a sabiendas de su falsedad”, detalla el auto, “se arrogó la representación en España de Bioscitex Incorportated, prestigiosa empresa estadounidense con sede en Minnesota que tiene como objeto la utilización de técnicas punteras y vanguardistas de rehabilitación en lo que al tratamiento de lesiones neuronales se refiere, y concretamente mediante la utilización de células madre en seres humanos para la recuperación de la movilidad en las extremidades inferiores”.

Presuntamente, los ahora investigados se valieron de la prensa, foros, página web y de los propios pacientes del centro “para difundir que eran capaces, mediante un tratamiento con células madre y supervisado en todo momento por Bioscitex, de hacer que las personas con lesiones neuronales severas volvieran a caminar gracias a las técnicas y máquinas sofisticadas con las que contaba en el centro de Firgas”.

Asevera la autoridad judicial que los perjudicados, “fruto de su desesperación por ver caminar a sus allegados (la mayoría menores de edad en silla de ruegas o andador), acudieron desde numerosos puntos de la Península”, dado que los ahora encausados “les habían asegurado que con el tratamiento de la clínica sus hijos experimentarían una mejoría radical, pues el tratamiento personalizado que se dispensaba en la Clínica de Firgas se encontraba en todo momento supervisado por los facultativos de Bioscitex, quienes además estaba previsto que se desplazarían hasta Gran Canaria para asistir personal y directamente a los pacientes”.

Firma de contratos

Asimismo, enfatiza el juez que ambos “apresuraban a los interesados para que firmasen un contrato de tratamiento médico, advirtiéndoles de que las plazas eran limitadas y que las 100 primeras iban a estar subvencionadas al 90% por el Servicio Canario de Salud -cosa totalmente incierta-, corriendo por tanto el riesgo de quedarse sin plaza o tener que abonar íntegramente el importe del tratamiento de no firmar inmediatamente el contrato.

Debido a ello, sigue la autoridad judicial, los ahora perjudicados, movidos por la esperanza, la reputación de la empresa con la que el investigado decía colaborar y la apariencia de verosimilitud de los resultados prometidos, “procedían a firmar el contrato de tratamiento en cuya virtud ldebían abonar un primer pago de 3.100,85 euros y posteriormente 400 euros mensuales hasta la conclusión del tratamiento”.

“Lejos de dispensarse el tratamiento vanguardista y puntero prometido por el investigado” expone el auto, los usuarios “realizaban actividades de gimnasia, masajes, acuagym y otros similares, en muchos casos con la intervención de los propios padres de los pacientes debido a la escasez de
personal especializado”.

La autoridad judicial afirma que la investigación permite concluir que el gerente del centro, sin tener la correspondiente habilitación, autorización ni prescripción facultativa, procedía a inyectar a los pacientes la denominada hormona del crecimiento, que portaba dentro de una jeringuilla que llevaba “en el bolsillo del pantalón de su chándal”.

Pese a estar en posesión del título de fisioterapeuta, el investigado Santiago S. causó baja del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias con fecha de 1 de diciembre de 2008. “Carece, por no haberlo tenido nunca, de cualquier habilitación profesional y autorización administrativa para ejercer la medicina y suministrar a pacientes cualquier tipo de fármaco”, concluye el juez.

En referencia a su esposa Florencia, afirma el instructor que era “plena conocedora y colaboradora del plan fraudulento” que su marido estaba ejecutando. Según el auto, era quien se encargaba de las funciones de administración de la clínica y “en ocasiones daba masajes a los pacientes arrogándose las funciones de fisioterapeuta”, si bien careciendo de ha habilitación legal necesaria para ello.

A la vista de que el estado de las instalaciones (centro de deportes cedido en noviembre de 2006 por el Ayuntamiento de Firgas), la escasez de personal cualificado y no mejoría de los pacientes, algunos usuarios comenzaron a quejarse, explicita el auto, mandando analizar el componente que el acusado inyectaba a los pacientes.

La autoridad cierra el centro

Fue entonces cuando la Agencia Nacional del Medicamento se puso en contacto con la Consejería de Sanidad de Canarias y esta procedió a suspender la actividad del centro mediante resolución de 8 de julio de 2011 confirmada por otra de 18 de agosto de 2011, pues ni el centro ni el investigado estaban autorizados a llevar a cabo tratamientos terapéuticos con la hormona del crecimiento.

“No obstante lo cual, y pese al conocimiento de la suspensión”, afirma el juez, “el investigado continuó con la actividad hasta el 13 de septiembre de 2011, fecha en se practicó la entrada y registro ordenada por este Juzgado procediéndose a la clausura definitiva del centro.

Fuente: Consejo General del Poder Judicial.