El magistrado Antonio Sempere avanza que el Supremo abordará en próximos Plenos la audiencia previa y la indemnización adicional por despido

Más de 400 expertos en Derecho Laboral y Seguridad Social se dieron cita en Lleida del 24 al 26 de octubre para participar en el XXIV Congreso Nacional de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA), el mayor foro para profesionales del sector jurídico-laboral en España.

Un evento que no defraudó a los asistentes —por lo que cuentan a E&J— y que sirvió para aclarar temas tan de actualidad como son la reducción de jornada o la indemnización adicional por despido, entre otras cuestiones. Frente a la postura de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, que amenaza con un decreto si el martes 29 no hay acuerdo entre sindicatos y patronal por esa reducción de jornada, los laboralistas de ASNALA son más partidarios de que se llegue a un acuerdo entre las partes en la mesa del diálogo social.

Fue Antonio Sempere, presidente de la Sala Social del Tribunal Supremo, quien ofreció a los asistentes dos interesantes primicias. Este magistrado hizo un repaso de la jurisdicción del Supremo, la más importante en el último año, en una intervención moderada por Alberto Novoa, socio de laboral de Roca Junyent. Sempere recordó la pendencia que tiene la Sala Social y que en unos días se elegirá nuevo presidente de la Sala Social en unas elecciones a las que se va a presentar porque ahora está en funciones.

Con posterioridad, dos primicias que anunció Sempere al auditórium y que Novoa ha resumido a este medio de comunicación. La primera, que el Pleno de diciembre de la Sala de lo Social abordará la cuestión de la indemnización adicional por despido, al llegarle un asunto en casación. Se tratará de un recurso de unificación de doctrina. Tras la resolución del Comité de Derechos Sociales se trata de saber si será una indemnización tasada o reglada en estos despidos improcedentes.

Sobre este tema hubo debate en el Congreso de ASNALA con una mesa específica en la Celebrado en el Palacio de Congresos la Llotja. El congreso de este año puso sobre la mesa algunos de los temas más críticos que enfrenta actualmente el mercado laboral, incluyendo la futura reforma de la jornada laboral máxima, la discriminación por edad y el impacto de la reciente decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS).

En esta mesa última participaron Carlos Escribano, magistrado del Juzgado de lo Social número 30 de Barcelona y partidario de indemnizaciones personalizadas, y Jesús Lahera, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en Universidad Complutense de Madrid y of counsel en Abdón Pedrajas Abogados, quien defendió que nuestro país cumplía la normativa y que no había nada que modificar.

Para Lahera “el artículo 24 de la Carta Social Europea no es directamente aplicable y los jueces españoles deben seguir aplicando la normativa nacional vigente, sin poder sustentar sus decisiones en este fallo”, aclaró, sin embargo, también resaltó la creciente divergencia en las sentencias de algunos tribunales superiores, como los de País Vasco y Cataluña, que han otorgado indemnizaciones adicionales en casos de despido. En este sentido, el catedrático advierte que el Tribunal Supremo deberá pronunciarse pronto para unificar doctrina y esclarecer si el artículo 24 de la Carta Social Europea es directamente aplicable en España y cómo se debe interpretar en relación con las normas nacionales.

Entre el público asistente se encontraba Fernando Lujan, vicesecretario general de UGT, quien explicó la reclamación del sindicato y la necesidad de mejorar las indemnizaciones desde el diálogo social en los próximos meses. Desde su punto de vista es inevitable que se haga una reforma para cumplir con el Comité Europeo de Derechos Sociales y su resolución de hace unos meses.

La otra noticia que avanzó el magistrado del Tribunal Supremo Antonio Sempere es que en este mes de noviembre, en otro Pleno de la Sala Social se abordara la cuestión de la audiencia previa en los despidos con otro asunto que ha llegado en casación a esta Sala. Hay un Convenio de la OIT 138 que establece que el trabajador debe ser oído antes del despido.

“Esto empezó a aplicarse por algunos tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dice que es un elemento vinculante pero que si lo incumple la empresa no hace que sea improcedente. Ahora mismo la interpretación es dispar según los tribunales porque los TSJ de algunas comunidades autónomas decían que hacia el despido improcedente, y sin embargo otros como el de Cataluña no lo ven como requisito obligatorio”, explica Ana Gómez, presidenta de ASNALA, con lo cual habrá que ver que decide el Supremo en este asunto.

Carlos Escribano, magistrado de Barcelona, y Jesús Lahera, catedrático de Derecho del Trabajo, abordan la indemnización adicional del despido en una mesa moderada por María José Ramo, magistrada suplente del TSJ de Navarra. (Imagen: ASNALA)

El TJUE y las nuevas directivas

Pilar Cascón, secretaria general de ASNALA, explica a Economist & Jurist que “hemos conocido la jurisprudencia social europea del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y las principales cuestiones prejudiciales resueltas por el TJUE con las intervenciones de la magistrada Lourdes Arastey, premio ASNALA 2022, y Raúl Arribas, policy officer de la DG de Empleo de la Comisión Europea en la misma ponencia.

En este sentido recordó que el TJUE limita la extinción del contrato por incapacidad permanente y que Luxemburgo obliga a recolocar a los trabajadores en lugar de despedirlos; también cuestiona la figura del indefinido no fijo, figura creada por el Supremo en temas de empleo público. Además, recordó que la justicia europea ha aclarado las dudas sobre qué pasa cuando los trabajadores de una compañía son despedidos como consecuencia de la jubilación del empresario.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaba una sentencia hace unos días en la que ha determinado que esta situación debe ser tramitada como los despidos colectivos y, por tanto, es necesario que se abra un periodo de consultas para intentar, al menos, atenuar las consecuencias de la extinción de los contratos de trabajo.

En este sentido indica que la legislación española es contraria a la normativa europea porque limita los despidos colectivos a aquellos que se dan por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, y no a los que tienen lugar por iniciativa del empleador y por causas ajenas a la voluntad de los trabajadores.

La inauguración del evento contó con la participación de destacadas figuras, como Ana Gómez, presidenta de ASNALA; José Crespín, subdelegado del Gobierno en Lleida; Montserrat Cerqueda, decana del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Barcelona, Girona y Lleida; José Miguel Moragues, vicedecano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Lleida; y Ramón Espadaler, consejero de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat.

Los ponentes insistieron en la importancia de las relaciones laborales y de la figura del laboralista que asesora a las pymes españolas, de las que el 97% tienen menos de 10 trabajadores en nuestro país. También señalaron la necesidad de una mayor claridad en el marco normativo porque cada obligación que se aprueba es una inversión económica que tienen que hacer las empresas para seguir adelante con dificultades.

Debate sobre reducción de jornada

Uno de los puntos más debatidos fue la reciente propuesta del Gobierno de reducir la jornada laboral que, según el catedrático de la Universidad de Barcelona, Jordi García, “carece de base científica y supone un reto significativo para las relaciones laborales”.

Yolanda Valdeolivas, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Madrid, coincide en que “la reducción del tiempo de trabajo representa ahora un debate contaminado y politizado que seguramente entorpece el análisis de una cuestión con múltiples implicaciones para trabajadores y empresa”.

Ambos alertan sobre las repercusiones negativas que esta medida podría tener si no se estudia con rigor, recomendando que la reducción del tiempo de trabajo se discuta en el ámbito de la negociación colectiva. “Necesitamos de leyes dispositivas que, sin perjuicio de imponer mínimos cuya ausencia arriesgue el imprescindible equilibrio de las partes, deje mayor espacio a la negociación colectiva, más cercana a las necesidades y especificidades de empresas y personas trabajadoras”, puntualiza Yolanda Valdeolivas.

De acuerdo con los últimos datos de Eurostat, en España se trabajan de media 36,4 horas efectivas, excluyendo de ese tiempo descansos y desplazamientos. En Europa, la media se sitúa en 36,1 horas.

En el debate sobre la reducción de jornada han dado su opinión el catedrático Jordi García; Yolanda Valdeolivas, catedrática de Derecho del Trabajo; y Ana Ercoreca, del sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. (Imagen: ASNALA)

Al mismo tiempo ese primer día tres juristas de prestigio como Ricardo Bodas, exmagistrado de la Sala IV del Tribunal Supremo y vocal del CGPJ; Ramón Gallo, presidente en funciones de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional; y la magistrada del TSJ de Madrid, Alicia Catalá, abordaron en otro panel las modificaciones procesales incorporadas al proceso laboral durante el 2024. Bodas fue de los primeros expertos que analizó estas reformas.

Por el momento, tal y como comenta a E&J Alicia Moro, socia de Sagardoy, miembro de la Junta Directiva de ASNALA y moderadora de esta mesa redonda: “Estas reformas procesales del Real Decreto-ley 6/2023 no han arrancado, entre ellas el pleito testigo, con lo cual la litigiosidad en los juzgados de lo social sigue siendo muy amplia con lo cual estamos viendo que ya se están fijando despidos para el 2026 0 2027. 

También se abordó el efecto de esta medida en el debate de la conciliación de la vida laboral y familiar, un área que en la que en 2023 se registraron 70.816 procedimientos de jurisdicción voluntaria, siendo la más numerosa de esta categoría según la última Memoria Anual del Poder Judicial.

Para Valdeolivas, “la resolución de estos habituales conflictos requiere una mayor implicación de la negociación colectiva para anticipar y ordenar los intereses en juego”. Además, propuso fomentar el uso de medios de solución autónoma, como el arbitraje, que pueden proporcionar respuestas más inmediatas y equitativas frente a los largos procesos judiciales.

El nuevo proceso penal ha sido analizado por Ricardo Bodas, vocal del CGPJ y expresidente Sala de lo Social de la Audiencia Nacional (AN); por Ramon Gayo, presidente en funciones de la AN; y por Alicia Catalá, magistrada de la Sala de lo Social de la AN. (Imagen: ASNALA)

La discriminación por edad, la menos protegida en el ámbito laboral

Por su parte Raquel María Naveiro, magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, subrayó en su intervención que la discriminación por razón de edad es «la menos protegida de todas las discriminaciones», haciendo una llamada de atención sobre un fenómeno creciente en el ámbito laboral.

Según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en septiembre de 2024 había 1.485.685 parados mayores de 45 años. Con respecto al total de parados y de acuerdo a los últimos datos del INE, los desempleados de entre 45 y 55 años representan el 23,4% del total, mientras que los mayores de 55 años suponen un 18,4%.

Durante su ponencia, Naveiro ofreció una visión global de este problema, con especial énfasis en el contexto laboral, y repasó la protección legal existente a nivel internacional, europeo y nacional.

Además, la magistrada analizó algunos de los principales pronunciamientos de los tribunales europeos y nacionales en esta materia, destacando sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE); del Tribunal Constitucional (TC); del Tribunal Supremo (TS); y de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ). Naveiro explicó que, cuando se aplican medidas efectivas que minimizan el impacto sobre los trabajadores cercanos a la jubilación, el criterio de edad puede ser considerado proporcionado y legalmente justificado.

Otro asunto de gran calado es el de la incapacidad permanente donde es importante la reforma del Gobierno de despido por incapacidad o enfermedad sobrevenida, que fue  analizada  por  Guillermo Barrios, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Rey Juan Carlos y of counsel Labormatters Abogados. La mesa fue moderada por Cinta Vivancos, vicepresidenta de ASNALA.

Más de 400 laboralistas se han dado cita en la Lotja de Lleida, donde ha tenido lugar el XXIV Congreso de ASNALA. (Imagen: ASNALA)