El Ministerio de Justicia permitirá declarar por videoconferencia

Hace unos días se supo que un grupo de trabajo formado por seis jueces y dos informáticos, amparado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), está trabajando en un proyecto consistente en la elaboración de un conjunto de herramientas de inteligencia artificial que puedan ser aplicadas en algunos procesos de la Justicia en España. Este grupo va a investigar la aplicación de la blockchain de manera que se puedan crear algoritmos y automatizar tareas y decisiones judiciales.

Esta iniciativa no es un elemento aislado en la digitalización y modernización de la Justicia en España. Este proceso es imparable y va a suponer una mejora en el servicio que los tribunales y el propio Ministerio de Justicia dan a los ciudadanos.

El Ministerio de Justicia, junto a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), ha desarrollado un conjunto de procedimientos técnicos y organizativos, así como herramientas asociadas a los mismos, para dar seguridad jurídica en la inmediación digital y los servicios no presenciales.

Pilar Llop, ministra de Justicia. (Foto: Moncloa)

Comparecencia telemática

La inmediación digital se refiere a la posibilidad de que la ciudadanía, entidades privadas o administraciones públicas, así como los profesionales que les representan, puedan comparecer telemáticamente en vistas judiciales, actos de conciliación ante jueces o letrados de la Administración de Justicia, entre otros.

Así, el Ministerio de Justicia ha integrado el sistema Cl@ve de la AEAT, desarrollando una aplicación propia llamada ClaveJusticia, que actúa como interfaz para que el funcionario de la Administración de Justicia pueda identificar con seguridad a las personas que participan en actos a distancia.

Para el resto de actuaciones procesales, más allá de las vistas, se ha desarrollado la herramienta EVID. El Escritorio Virtual de Inmediación Digital (EVID) es un canal de atención a profesionales y ciudadanos, a través de videoconferencia, con plena seguridad jurídica digital. Su funcionamiento hace que la atención a través de este canal quede equiparada a la atención personal en las propias oficinas.

En este proyecto están colaborando todos los colectivos que participan en la administración de Justicia -órganos judiciales, trabajadores del sector, abogados, procura, las consejerías de Justicia de las 12 Comunidades Autónomas (que tienen las competencias de Justicia transferidas, Consejo General del Poder Judicial y Fiscalía General del Estado.

Tribunal Superior de Justicia de Murcia. (Foto: Google)

Actualmente, ya se están realizando algunas actuaciones judiciales mediante inmediación digital. Cabe citar la información general personalizada, los apoderamientos apud acta y las ratificaciones de mutuo acuerdo en materia de divorcio o separación o juntas de herederos.

En Murcia y Palencia ya se han realizado los primeros proyectos piloto. Así, Miguel Ángel Soler, secretario coordinador del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, ha señalado que se han llevado a cabo 183 actuaciones de inmediación en las que “se ha impedido el desplazamiento de 350 personas, con los consiguientes ahorros que esto implica”. Por su parte, Miguel Hermosa, abogado del Colegio de Abogados de Palencia, ha señalado el valor de la inmediación en ahorro de tiempo, «pasando a entre cinco y diez minutos para hacer un proceso de aceptación de cargo de perito que antes implicaba un desplazamiento de varios cientos de kilómetros».

Un proceso en marcha

El proyecto de Inmediación Digital de los juzgados ha sido un elemento fundamental para el funcionamiento de la Justicia durante la pandemia. En una comparecencia a petición propia en la Comisión de Justicia del Senado celebrada este mes, el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, informó que gracias a la inmediación digital se han celebrado 730.000 vistas y comparecencias judiciales telemáticas en todo el territorio nacional desde el inicio de la pandemia, con un ahorro de más de 1,2 millón de horas y 14,6 millones de euros en desplazamientos.

Gracias a la inmediación digital se han celebrado 730.000 vistas y comparecencias judiciales telemáticas desde el inicio de la pandemia. (Foto: Google)

También informó de la transcripción de más de 224.000 grabaciones de vistas judiciales y declaraciones. «Los jueces y magistrados pueden leer en un documento las vistas en lugar de tener que visionarlas», señaló. El proyecto supone un importante ahorro de tiempo a la hora de buscar contenido de las vistas. Hasta el momento se han ahorrado 75.064 horas, que equivalen al trabajo de 45 funcionarios al año.

Prioridad en Europa

La digitalización de la Justicia es algo en lo que están inmersos muchos países en todo el mundo y representa una importante línea de acción en la Unión Europea. En este sentido, la Presidencia del Consejo y el Parlamento Europeo llegaron a un acuerdo provisional el pasado mes de diciembre en torno a la propuesta de Reglamento e-CODEX. El principal objetivo de este proyecto es hacer posible la digitalización de la comunicación judicial transfronteriza y que los ciudadanos y las empresas puedan acceder con mayor facilidad a la justicia.

El sistema e-CODEX consiste en un conjunto de componentes de programas informáticos que permiten la conectividad entre los sistemas nacionales. Permite a sus usuarios (autoridades judiciales competentes, profesionales de la justicia y ciudadanos) enviar y recibir por vía electrónica documentos, formularios jurídicos, pruebas u otra información de manera rápida y segura. De este modo, el e-CODEX permite establecer redes de comunicación descentralizadas, interoperables y seguras entre los sistemas informáticos nacionales que sirven de apoyo a la cooperación transfronteriza en materia civil y penal.

El e-CODEX ya está sirviendo de soporte para el sistema digital de intercambio de pruebas electrónicas y apoyando los intercambios en relación con las órdenes europeas de investigación y la asistencia judicial mutua en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal.