El Ministro de Justicia y las CCAA coordinan la creación de órganos judiciales y la Oferta de Empleo Público

Se avanza hacia un nuevo Registro Civil cuya dirección se encomendará a los letrados de la Administración de Justicia

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha abordado con los consejeros de Justicia de las comunidades autónomas con competencias en la materia reunidos en la Conferencia Sectorial, la necesidad de creación de nuevas plazas judiciales en los distintos territorios para aliviar la carga de trabajo de los juzgados españoles. El ministro ha señalado que está estudiando con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la valoración y asignación de las unidades judiciales pendientes de creación en 2016 y para el presente ejercicio, así como las relacionadas con la adecuación de la planta judicial tras las últimas modificaciones legales, entre ellas, la atención a los requerimientos que demanda la segunda instancia penal.

La creación de las nuevas unidades judiciales se hará en sintonía con las necesidades señaladas por el Consejo General del Poder Judicial y los Tribunales Superiores de Justicia, de una forma coordinada y consensuada con las distintas comunidades autónomas con traspaso de medios personales y materiales.

Por lo que respecta a la próxima Oferta de Empleo Público, es intención del departamento mantener y, en lo posible, incrementar el esfuerzo desarrollado en los dos últimos años y seguir avanzando en un modelo de empleo público profesional y estable en la Administración de Justicia, apostando por la reducción de la interinidad. En esa línea se ha avanzado en el diálogo con los agentes sociales, pendiente de la aprobación de una nueva Ley de Presupuestos Generales del Estado,  que fijará el volumen de la Oferta de Empleo.

Puesta en marcha del nuevo Registro Civil

Por otra parte, la Conferencia Sectorial ha tratado la reforma pendiente del Registro Civil, para el que el Ministerio de Justicia plantea una transformación gradual durante los próximos años que respete el consenso político que inspiró la Ley 20/2011. Se trata de mantener un modelo de Registro Civil público y gratuito y que además, sea digital y común para todo el territorio nacional.

La nueva configuración y funcionamiento del Registro se basa en la creación de un folio único y personal con los datos de cada ciudadano, con un modelo organizativo asentado sobre una Oficina Central y unas Oficinas Generales en cada comunidad autónoma. La gestión recaerá en los letrados de la Administración de Justicia, cuerpo sobre el que existe el mayor acuerdo y sin que ello suponga ningún menoscabo a los derechos profesionales de los funcionarios que trabajan actualmente en los Registros Civiles.

Catalá ha señalado que la nueva configuración del Registro descansa sobre una herramienta informática en cuyo desarrollo se está trabajando y que sustituirá al actual sistema Inforeg. Asimismo, será preciso realizar una serie de adaptaciones normativas en la Ley 20/2011 para alcanzar el fin previsto por la norma y asegurar la cercanía del Registro Civil a los ciudadanos.

Sistema de gestión procesal común

El ministro ha emplazado a los consejeros a seguir avanzando en la digitalización de la Administración de Justicia. Catalá ha propuesto continuar con los proyectos abiertos en esta línea y apostar de forma decidida por un sistema de gestión procesal común para todo el territorio. El ministro ha defendido que resultará más eficaz y eficiente para todas las Administraciones que continuar con la implementación sucesiva de aplicaciones que han proporcionado un resultado desigual. Además de que se trata, ha dicho, de una reclamación unánime de todos los colectivos, asociaciones e instituciones relacionadas con la Justicia.

Durante la reunión se ha abordado también la situación del servicio de asistencia jurídica gratuita y el debate generado en las últimas semanas sobre la posible aplicación del IVA al turno de oficio. El ministro ha señalado que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas decidirá en las próximas semanas si se mantiene la exención de este impuesto. Si no fuera así, ha dicho el ministro, en ningún caso su aplicación repercutirá en los beneficiarios de la Justicia gratuita ni en los profesionales.

Catalá ha puesto también sobre la mesa los trabajos que se están llevando a cabo con el Consejo General del Poder Judicial para poder dar una respuesta organizativa y procesal adecuada a las demandas en materia de cláusulas suelo que lleguen a los juzgados. El ministro ha indicado que se ha optado por especializar juzgados a nivel provincial que se dotarán con la plantilla de jueces, letrados de la Administración de  Justicia y funcionarios de los Cuerpos Generales que sea necesaria, y evitar así que se altere el funcionamiento ordinario de la Jurisdicción Civil.