El número de denuncias por violencia de género aumentó un 16,4 por ciento en 2017

Las 166.620 denuncias presentadas en los órganos judiciales suponen la cifra anual más alta desde que se contabilizan estos datos. Más de ciento cincuenta y ocho mil mujeres aparecen como víctimas de violencia machista en las denuncias presentadas. Descendió del 12 al 10 por ciento el porcentaje de víctimas que se acogió a la dispensa de la obligación de declarar. Se incrementaron en un 1,2 por ciento las condenas a maltratadores y aumentaron un 3,4 por ciento las órdenes de protección adoptadas.

El aumento interanual de un 16,4 por ciento en las denuncias presentadas por violencia de género en los órganos judiciales, alcanzándose un máximo histórico anual, y el descenso de más de dos puntos en el porcentaje de casos en que la víctima se acogió a la dispensa de la obligación legal de declarar constituyen los datos más relevantes de la estadística del año 2017, que ha hecho pública hoy el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

También se observan como datos significativos el aumento de algo más de un punto en las condenas a maltratadores y el incremento de 3,4 puntos en la adopción de órdenes de protección, incluidas las medidas judiciales penales de protección de las víctimas (tanto de mujeres como de su hijos e hijas) entre las que sobresalen las órdenes de alejamiento y las prohibiciones de comunicación acordadas.

Las denuncias de 2017, la cifra estadística anual más alta

Durante el año 2017, los juzgados españoles recibieron un total de 166.620 denuncias por violencia de género, lo que supone un incremento de 16,4 puntos respecto de 2016, cuando las denuncias fueron 142.893. Las mujeres víctimas de violencia machista fueron 158.217 (incremento del 17,7 por ciento), de las que eran extranjeras 48.110, un 30,4 por ciento.

La cifra de denuncias presentadas en 2017 se convierte en la más alta desde que se contabilizan estos datos, superando la cifra de denuncias presentadas en 2008 y en 2016, años en los que se produjeron más de 142.000 denuncias.

En cuanto a la tasa de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, destacan por encima de la media nacional, que es de 66,6, las Comunidades de Baleares, con una ratio de 95,6, Murcia, con 87,8, Comunidad Valenciana, con 85,3 y Canarias, con 84,5 mientras que la ratio más baja se da en Castilla y León y Galicia, con ratios de 42.

Algo más de un 69 por ciento de las denuncias presentadas lo fueron por la propia víctima, directamente en el juzgado o a través de atestados policiales. Las denuncias por intervención directa de la policía se sitúan en algo más del 15 por ciento de los casos. El número de denuncias presentadas por familiares de la víctima alcanzó un porcentaje ligeramente superior al dos por ciento del total. Los partes de lesiones recibidos directamente en el juzgado representaron algo más del nueve por ciento de las denuncias.

Algo más de un 10 por ciento de víctimas se acogió a la dispensa de la obligación legal de declarar

En el pasado año, en 16.464 casos la víctima de violencia de género se ha acogido a la dispensa de la obligación legal de declarar, lo que supone un porcentaje de un 10,4 por ciento en relación con el total de mujeres víctimas de violencia de género, cifra inferior en casi dos puntos a la del año anterior, que fue ligeramente superior a 12.

10.212 mujeres que se acogieron a la dispensa eran españolas, un 62 por ciento del total (porcentaje inferior al de 2016), y 6.212 eran extranjeras, un 38 por ciento, porcentaje este último que supera en casi cinco puntos al del año anterior.

Incremento de órdenes de protección solicitadas y concedidas

Durante 2017 se solicitaron 44.106 órdenes de protección en los órganos judiciales. Un total de 38.501 órdenes de protección (que incluyen medidas de protección y seguridad de las víctimas) fueron solicitadas en los juzgados de violencia sobre la mujer y otras 5.605 lo fueron en los juzgados de guardia.

El incremento de solicitudes de órdenes de protección en los juzgados especializados con respecto a 2016 fue de un 1,44 por ciento. Un 68 por ciento de las órdenes de protección solicitadas fueron adoptadas (26.044), 3,4 puntos por encima del año anterior.

En los juzgados de guardia, se acordaron 4.116 órdenes de protección, lo que supone un 73 por ciento del total de las solicitadas (un punto más que el año 2016), habiendo sido denegadas 1.488.

En la mitad de los casos, la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de la solicitud de la orden de protección.

Un 29 por ciento de las mujeres víctimas que solicitaron orden de protección en los juzgados de Violencia sobre la Mujer fueron extranjeras y un 2 por ciento del total (españolas y extranjeras) eran menores de edad en el momento de la solicitud. Porcentajes que coinciden con los del año anterior.

Medidas judiciales penales y civiles derivadas de las órdenes de protección

Además, derivadas de las órdenes de protección y otras medidas cautelares, se adoptaron 61.069 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores), entre las que destacan la orden de alejamiento y la prohibición de comunicación, que se adoptaron respectivamente en un 66,2 y un 63,9 por ciento del total de órdenes de protección acordadas.

En 2017, los juzgados de violencia sobre la mujer adoptaron 23.874 órdenes de alejamiento y 22.825 medidas de prohibición de comunicación, lo que suponen datos similares a 2016, año en el que se produjo un importante incremento de 22 puntos respecto a las órdenes y medidas adoptadas en 2015.

Al mismo tiempo se dictaron 15.237 medidas civiles cautelares, tendentes a la protección tanto de la mujer como de los menores, mientras se resolvía el proceso penal. El número de medidas civiles adoptadas descendió con respecto al año anterior, en el que se acordaron 16.485. Un 19 por ciento de las medidas adoptadas lo fueron en relación con la prestación de alimentos y un 16 por ciento resolvieron la atribución de la vivienda.

Un cinco por ciento de las medidas adoptadas (1.263) supusieron la suspensión de la guarda y custodia mientras que un tres por ciento de las medidas (749) tuvieron como finalidad la suspensión del régimen de visitas.

Nuevo incremento de las sentencias condenatorias

En 2017 volvió a incrementarse el porcentaje de sentencias condenatorias dictadas por los órganos judiciales españoles en procesos relativos a violencia de género. Frente al 62,6 por ciento de condenas que se produjeron en 2015, y el 66,2 por ciento de 2016, en el pasado año el porcentaje se ha situado en el 67,4 por ciento.

Los datos estadísticos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ reflejan que en el total del año, las sentencias dictadas fueron 49.165, de las que 33.146 fueron condenas y 16.019, absoluciones.

El mayor porcentaje de condenas a maltratadores se produjo en los juzgados de violencia sobre la mujer, con algo más del 84 por ciento (incremento interanual de dos puntos) y en las Audiencias Provinciales, con más de un 80 por ciento. El porcentaje de condenas en los juzgados de lo penal también se incrementó y se situó en el 55,7 cuando en el año anterior se había producido un 54,9 por ciento de sentencias condenatorias.

• Juzgados de violencia sobre la mujer

Los juzgados de violencia sobre la mujer celebraron el pasado año un total de 8.407 juicios sobre delitos leves o faltas, de los que 3.421 fueron juicios de enjuiciamiento inmediato. En el 81 por ciento de los casos, los juicios fueron por vejaciones injustas o injurias.

Estos juzgados ingresaron a lo largo del año un total de 206.244 asuntos penales. El perfil de los delitos instruidos en estos juzgados apenas sufre variación respecto a datos anteriores, ya que el mayor porcentaje, un 56 por ciento, corresponde a las lesiones previstas en el art. 153 del Código Penal (LA LEY 3996/1995) y un 11,5 por ciento al de lesiones previsto en el art. 173 de la misma norma.

Un total de 19.890 sentencias penales fueron dictadas en 2017 por los juzgados de violencia sobre la mujer, de las que un 84,2 por ciento (16.741) fueron condenas, suponiendo un incremento de dos puntos respecto del año anterior.

Los juzgados de violencia sobre la mujer tramitan asimismo demandas civiles –mayoritariamente, divorcios y medidas sobre la guarda y custodia- presentadas por las mujeres víctimas de malos tratos. En 2017 estas demandas sumaron un total de 15.574, consolidando así la tendencia de una baja proporción de asuntos civiles ingresados respecto al total de denuncias penales presentadas.

• Juzgados de lo Penal

Los juzgados de lo penal, que enjuician los delitos castigados con hasta cinco años de cárcel, resolvieron un total de 30.366 asuntos, mientras que el número de asuntos que ingresaron fue de 30.159.

Se dictaron 28.953 sentencias, de las que el 55,7 por ciento (16.146) fueron condenatorias, casi un punto porcentual más que en 2015.

• Audiencias Provinciales

En las Audiencias Provinciales, cuyas secciones especializadas en violencia sobre la mujer enjuician los delitos más graves, con pena privativa de libertad superior a cinco años, se dictaron 322 sentencias, 259 de las cuales fueron condenatorias, lo que representa un 80,4 por ciento del total de sentencias dictadas en todo el año, con un descenso interanual del uno por ciento.

• Juzgados de menores

Por último los juzgados de menores enjuiciaron en 2017 por delitos en el ámbito de la violencia contra la mujer a 266 menores de edad, cifra sensiblemente superior a la del año 2016, que fue de 179.

Se impusieron medidas en 249 casos, 210 relativos a menores españoles y 39, a menores extranjeros.

Valoraciones de la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona

Los datos estadísticos correspondientes al año 2017 nos indican, de manera fehaciente, un importante aumento de denuncias presentadas en los órganos judiciales, lo que nos sitúa por un lado en un escenario en el que es positivo que afloren todas las conductas violentas hacia la mujer y hacia los menores y, por otro, es evidente que nos sacude internamente pues estamos hablando de cifras inasumibles, impropias de una sociedad madura y civilizada.

Es muy positivo comprobar, una vez más, como aumentan las condenas y también resulta satisfactorio ver como se incrementan de nuevo las medidas de protección de las víctimas, sean mujeres o sean hijos o hijas. Que las órdenes de alejamiento o las prohibiciones de comunicación adoptadas por los órganos judiciales afecten a dos de cada tres casos en que se ha solicitado una orden de protección, unido al dato de las medidas civiles de protección, esencialmente de menores, no es sino el fiel reflejo de la sensibilización judicial hacia el fenómeno de la violencia de género.

Una vez más, pues, el mensaje a trasladar a la ciudadanía tiene que ver con que, pese a todos los imponderables que coexisten en una materia tan sensible como es la violencia de género, no hay impunidad alguna y el Estado de Derecho funciona.

Los datos de este pasado año nos alertan, sin embargo, de que sigue creciendo no sólo el número de víctimas sino también el de menores enjuiciados por la comisión de delitos de violencia de género. Como presidenta del Observatorio me preocupa que persistan todavía actitudes de violencia machista en nuestros jóvenes, que debieran ejemplificar mejor que cualquier otro segmento social los valores de igualdad, respeto y libertad.

Como presidenta del Observatorio quiero finalizar abriendo una puerta a la esperanza. El trabajo que las dos cámaras legislativas y los grupos políticos han llevado a cabo en nuestro país para lograr un Pacto de Estado contra la violencia de género es, sin duda, uno de los hitos más importantes acaecidos desde la aprobación en 2004 de la Ley Integral. El Observatorio así lo ha reconocido, al conceder a las Comisiones de Igualdad del Congreso de los Diputados y del Senado el premio anual a la mejor labor para combatir la violencia de género.

Desde el CGPJ, desde el Observatorio, desde su Grupo de expertos, confiamos en que sus positivos efectos se dejen sentir cuanto antes en la prevención, en la protección y asistencia a las víctimas, en definitiva sirvan de soporte para la erradicación definitiva de la violencia de género.

Fuente: Comunicación Poder Judicial