El papel de la reputación digital en los litigios por difamación en la era de las redes sociales

Tanto en España como en Europa existen diversas regulaciones y legislaciones que actúan como defensores y protectores de las personas y las entidades corporativas frente a los posibles daños a la reputación digital y que, en ciertas circunstancias, otorgan la posibilidad de un resurgimiento después de la ejecución de una sanción, ya sea transitoria o monetaria. Algunas de estas leyes abarcan el «derecho de supresión» o «el derecho al olvido», «la ley de segunda oportunidad», el «derecho al honor, intimidad e imagen» y el «derecho a la protección de datos».

Estas normativas son el producto de una serie de directivas, reales decretos y leyes que han moldeado el marco legal actual. Sin embargo, nos encontramos con una realidad indiscutible y a menudo inexorable: la capacidad de Internet para retener información es incuestionable, y su olvido parece ser un espejismo. A Google le cuesta olvidarte.

La pregunta que surge entonces es: ¿Cómo se puede lograr un estado de protección efectiva en internet?

La reputación digital se ha convertido en un factor crítico, especialmente en un entorno donde la presunción de inocencia puede ser ignorada o distorsionada por el ruido mediático. En esta realidad digital, la lentitud de los procesos judiciales deja a las empresas y personas de interés expuestas a la opinión pública, alimentando una tendencia creciente hacia juicios mediáticos.

La reputación digital puede ser vapuleada por el más mínimo indicio de difamación, amplificado por el efecto viral de las redes sociales. El impacto de la difamación en Internet puede ser devastador y, en muchos casos, irreversible. Así, el papel de abogados, fiscales y jueces está en permanente adaptación, no solo a las leyes, sino también a la gestión de la reputación digital.

Los titulares negativos o tendenciosos pueden distorsionar la percepción pública e influir en la forma en que se desarrollan los litigios, creando un desequilibrio perjudicial para las partes acusadas, independientemente de su culpabilidad o inocencia. Es más, este ruido puede incluso influir en las decisiones judiciales, por presión social y mediática sobre los actores del proceso. Esto hace que manejar de forma efectiva la reputación digital se haya convertido en un componente muy valorado dentro de la estrategia legal.

Cabe decir que, una vez que se ha manchado la reputación online, es difícil de limpiar pero no imposible. Google y las redes sociales pueden guardar y recordar cada comentario, cada post y cada crítica, incluso después de que se haya resuelto un litigio. Y aquí es donde reside uno de los desafíos más grandes: hacer olvidar a internet.

Por tanto, no es suficiente contar con un gabinete de comunicación de crisis para contrarrestar la difamación en las redes sociales. Es necesario una estrategia exhaustiva y completa que incluya la monitorización de la presencia online, el análisis del sentimiento en las publicaciones y el control de la narrativa digital. Esto requiere un conocimiento profundo del marco legal, la evaluación de los riesgos y la identificación de las posibles respuestas legales.

En este sentido, tanto empresas como individuos despliegan esfuerzos significativos en el desarrollo de programas de gestión de la reputación online que buscan monitorizar, controlar y proteger su reputación en el entorno digital. Por su parte, las administraciones públicas avanzan en la creación de marcos regulatorios que permitan prevenir y abordar las malas prácticas en este ámbito.

Desde una perspectiva legal, el ámbito de la reputación digital es amplio y complejo, considerando que cualquier acción o actividad negativa online puede repercutir en ella. Esta repercusión puede ir desde la falsificación de productos hasta ataques dirigidos a empresas o individuos. Por tanto, existen una serie de normativas, a nivel nacional, europeo e internacional, que buscan proteger a las partes afectadas. Algunas de las más relevantes son las siguientes:

• Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Este estatuto define la intromisión ilegítima en su artículo 7, y específicamente, el artículo 7.7 detalla la misma en relación con el honor personal.
• Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Los artículos 205 y 208 de este código delinean los delitos de calumnia e injuria (difamaciones), así como sus agravantes, incluyendo la publicidad de los comentarios a través de medios tangibles como las redes sociales.
• Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Conocido como Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), ha tenido un impacto significativo en los derechos de protección de la información personal. A raíz de la Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), de 13 de mayo de 2014, se creó jurisprudencia sobre el derecho al olvido, al obligar a Google a desindexar enlaces de su motor de búsqueda que pudieran contener información de carácter personal.
• Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. Los artículos 9 y 27 de este estatuto, relacionados con la denigración y la falsedad en reseñas, prohíben expresamente aquellos comentarios con el objetivo de difamar a la empresa, así como todas aquellas reseñas con el objetivo de desvirtuar la opinión sobre un negocio.
• Constitución Española de 1978. El artículo 18 recoge el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Es importante señalar el conflicto inherente entre este derecho fundamental y los también fundamentales derechos a la libertad de expresión e información, pues se debe sopesar la adecuación y pertinencia de los comentarios vertidos con la finalidad de demostrar si se han excedido los límites establecidos. En este sentido es relevante la reivindicación por parte de los despachos especializados en derecho al honor. A pesar de que la legislación española especifica únicamente al «individuo», existe una amplia jurisprudencia que reconoce la existencia del honor en las personas jurídicas (Sentencia 139/1995, de 26 de septiembre de 1995, entre otras).

¿Y si ya existen titulares que perjudican a mi cliente?

Ante la proliferación de noticias que podrían menoscabar la reputación de un cliente, es fundamental adoptar una serie de medidas precisas y estratégicas. Primero, se debe realizar una evaluación meticulosa del contenido en cuestión para determinar su legalidad y veracidad.

Si las noticias son falsas o difamatorias, es posible interponer una demanda por calumnia, injuria o difamación, según corresponda, conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Si se trata de información antigua, descontextualizada o que afecta a la dignidad personal y familiar, puede ejercerse el derecho al olvido, recogido en el Reglamento General de Protección de Datos, obligando a los motores de búsqueda a desindexar la información.

Paralelamente, también recomiendo iniciar una estrategia de comunicación efectiva para mitigar el impacto de dichas noticias, proporcionando aclaraciones o desmintiendo información, según sea necesario.

A su vez para lidiar con estas informaciones existen soluciones altamente efectivas para restaurar la imagen pública y que, además de la monitorización, proporcionan un análisis en profundidad del contenido negativo, la eliminación legal de la información y una gestión global de la reputación perjudicada. En esta solución empleamos tecnología avanzada para el desposicionamiento de contenido negativo en los motores de búsqueda, proporcionando un enfoque integrado para la gestión de la reputación online. El compromiso con la confidencialidad, el entendimiento profundo del marco legal y el empleo de técnicas avanzadas son aspectos que recomiendo tener en cuenta a la hora de seleccionar una opción efectiva para gestionar y proteger la reputación online.

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