El Pleno del CGAE reclama al Gobierno pensiones «justas» para «todos» los mutualistas

En uno de los Plenos más importantes del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) en los últimos años, celebrado en Madrid, esta entidad ahora presidida por Salvador González, decano de Málaga, aprobó en el día de ayer una declaración institucional por unanimidad reclamando pensiones justas para los abogados.

Tras el parón estival el propio González, que ha confirmado que no estará en la manifestación del próximo día 28 que organizan asociaciones de abogados en Madrid, ha informado que retomará la negociación con partidos políticos y Ministerio de Seguridad Social en aras de lograr esas pensiones justas para no mutualistas.

Al mismo tiempo, tal y como avanzó en un encuentro informativo con los medios este viernes, el CGAE ha aprobado una nueva estructura organizativa con diferentes cambios de cara a afrontar los retos que se avecinan a la abogacía, como es el tema del RETA y de las pensiones; la reforma del Turno de Oficio, donde el presidente del CGAE cree que igual ha llegado el momento de cambiar de modelo viendo el coste que tiene el actual; y la culminación de la aprobación de la ley Orgánica del Derecho a la Defensa, ahora en el Senado.

En esta encuentro informativo Salvador González subrayó que en la próxima década se prevé la jubilación de 30.000 abogados en España, un hecho que resalta la relevancia de las mutualidades alternativas dentro del sistema de Seguridad Social.

También indicó que en “el último año la Seguridad Social ha recibido 35.000 millones de euros de dinero público de la solidaridad ciudadana para reforzar el sistema de pensiones. ¿Por qué los mutualistas alternativos no han recibido un céntimo? No tiene ninguna explicación. Es contrario al artículo 14 de nuestra Constitución que habla del principio de igualdad de los ciudadanos”.

Para el nuevo presidente del CGAE, tras sus reuniones con el ministro Bolaños y parte de su equipo ministerial, es posible que haya llegado el momento de darle un cambio radical al modelo actual de Justicia Gratuita: “Nos dijo que generaba de esa forma un coste elevado para las arcas públicas, igual es el momento del cambio hacia otro modelo más asumible y que pueda pagar mejor a los profesionales que lo forman parte. Es el momento de hacer un debate”.

Declaración institucional

En esa declaración institucional aprobada ayer en este maratoniano Pleno, los decanos y consejeros del CGAE subrayan que el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española recurre a ley de leyes para reclamar que el Estado ofrezca a quienes en el ejercicio de nuestra profesión están cumpliendo con sus obligaciones de previsión social a través de mutualidades; el mismo tratamiento que se otorgará cuando se jubilen a quienes lo hacen a través de cualquier otro régimen de cotización bajo el amparo de la Seguridad Social.

Encuentro de Salvador Gonzalez con los medios informativos. De izq. a dcha.: Mesa presidencial del Pleno, formada por Cristina Llop, tesorera del Consejo General de la Abogacía; Salvador González, presidente; Encarnación Orduna, secretaria general; y Borja Vargués, secretario general técnico. (Imagen: CGAE)

En dicho comunicado se insiste en que nuestra Constitución impone en su artículo 50 que “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”.  El mandato no puede ser más nítido.

Al mismo tiempo se indica que “la Abogacía Española, reunida en pleno, manifiesta su total apoyo a la reivindicación de los mutualistas y las mutualistas alternativos que solo reclaman para sí lo que antes reclamaron para otros: la suficiencia económica durante la tercera edad que protege y ampara la Constitución”.

Desde el CGAE se entiende que la propuesta que plantea el Gobierno es insuficiente: “Aunque el Gobierno ya ha asumido la necesidad de abordar la situación para dar cumplimiento a ese mandato, la escasa información que ha proporcionado sitúa su propuesta para solucionar el problema en el ámbito puramente asistencial, limitando la misma a quienes no podrán subsistir sin la ayuda del Estado”.

Por último se indica que “la Abogacía Española reitera hoy su más enérgico rechazo a esta respuesta, pues la reclamación pertenece al terreno de los derechos constitucionales. Ahí, por mandato legal y por convicción moral, está y estará siempre la posición de quienes representando al conjunto de la profesión queremos contribuir de forma decisiva a la solución del problema”.

Nueva estructura

En aras de nuevos tiempos para la abogacía, Salvador González, acompañado de Francisco de Borja Vargues, secretario general técnico, compareció ante los medios informativos para explicar la hoja de ruta del CGAE para los próximos cinco años. Así indicó que el Consejo General de la Abogacía cuenta desde hoy con una nueva comisión que estará dedicada a abordar la previsión social de los profesionales. En esta comisión el presidente será Ignacio Gally, decano del Colegio de la Abogacía de Alicante.

Los miembros de este nuevo órgano tendrán el cometido de realizar un seguimiento de los acontecimientos que se produzcan en torno a los problemas generados con relación a las mutualidades, así como realizar propuestas sobre la elaboración de informes y posibles soluciones a los diferentes problemas que se han generado o que puedan surgir en el futuro.

En el transcurso del pleno, en el que se ha aprobado la nueva estructura, el presidente del Consejo, Salvador González, explicó que la Abogacía debe “mirar de frente” a la situación sobrevenida en que se encuentra miles de mutualistas alternativos a quienes corresponderán pensiones insuficientes y “contribuir de forma constructiva a encontrar soluciones satisfactorias para todos”.

“Estoy seguro de que quienes formarán parte de esta nueva comisión jugarán un papel clave en este proceso que será complejo, pero en el que estamos llamados a desempeñar un papel muy relevante”, argumentó el presidente.

La nueva Comisión Permanente tiene al frente al propio Salvador González, como presidente; a Encarnación Roca como secretaria general; y a Cristina Llop como tesorera. También como representantes de colegios de más de 3.000 afiliados, a Eugenio Ribón, decano del ICAM y vicepresidente primero; a José Soriano, decano del ICAV de Valencia; y Maravillas Hernández, decana del ICA de Murcia.

Al mismo tiempo, representado a colegios entre 500 y 300 colegiados han sido elegidos Leandro Cabrera, decano del ICA de Granada; Augusto José Pérez-Cepeda, decano del Colegio de A Coruña; y Antonio Gonzalez-Busto, decano de ICA de Oviedo.

En representación de colegios con menos de 500 colegiados han sido elegidos Alicia Escudero, decana del Colegio de Abogaos de Tafalla; Maria Sonsoles Jiménez, decana de ICA Ávila; y Maria Hilari, decana del Colegio de la Abogacía de Figueres-Alt Empordà.

Por último en esta Comisión Permanente también están presentes como Adjunto Oficina Acción Exterior (OAE), Martín Aleñar, decano del ICAIB de Mallorca;  adjunto a la Oficina de Representación Institucional (ORI) está Jesús Sánchez, decano del ICAB; adjunto a Comisión de Coordinación, Emilio Vega, decano del Colegio de Guadalajara; y como adjuntos uno, dos y tres, se encuentran Federico Fernández, decano del Colegio de Abogados de Jerez, Miguel Hermosa, decano del Colegio de Abogados de Palencia y Ana Isabel Soria, decana del Colegio de Abogados Huesca.

Imagen del día que Salvador González fue elegido nuevo presidente del CGAE. Momento en el que los decanos aplaudieron al nuevo presidente tras conocerse los resultados de la votación. (Imagen: CGAE)

Nuevas comisiones, nuevos tiempos

La segunda comisión de nueva creación es la que se denominará de Métodos Adecuados de Solución de Controversias (MASC), aunque buena parte de sus competencias ya las asumía la subcomisión de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, que hasta ahora dependía de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia (CRAJ).

La nueva comisión, en la que estará al frente Marta Martínez, decana de Tortosa y actual presidenta del Consell de la Abogacía, además de adaptar su nombre a la denominación de los cambios legislativos en trámite, quiere potenciar todo el trabajo que contribuya a solucionar los problemas sin necesidad de alcanzar las instancias judiciales.

“Las soluciones al colapso de la Justicia pasan por dotarla de más y mejores medios técnicos y humanos, pero cualquier inversión servirá de poco si no conseguimos poner freno al imparable incremento de la litigiosidad fomentando la cultura de la negociación y del acuerdo”, ha explicado González al Pleno.

El Pleno celebrado ayer, y hoy también, ha aprobado la creación de una nueva comisión que se dedicará de forma exclusiva a la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. La ley vigente data de 1996 y el Gobierno ha incluido en su calendario legislativo de este mismo año el inicio en la tramitación de una nueva ley que renueve y solucione los problemas de la actual. En esta Comisión va a estar como presidente Filomena Pérez, consejera de ICA Badajoz.

Otro cambio de denominación significativo es el de la Comisión que hasta ahora lo era de Defensa de los Intereses Profesionales y que pasa a llamarse Comisión de Fomento de la Conciliación, Desconexión Digital y Bienestar de la Abogacía, enfatizando su vocación en la mejora de las condiciones en que prestan sus servicios los colegiados. Aquí su responsable es Blanca Ramos, decana del Colegio de Abogados de Pamplona.

En el ámbito de las subcomisiones, nacen la Subcomisión de Derecho Tributario de la que será responsable Antonia Marti, decana del Colegio de la Abogacía de Lleida; y la Subcomisión de Organización Judicial y del Ministerio Fiscal con Ricardo de la Encarnación, decano del Colegio de Abogados de Alcoy. La primera queda adscrita a la Comisión de Estudios e Informes, mientras que la segunda funcionará bajo el paraguas de la CRAJ.

En definitiva, el Pleno del Consejo General de la Abogacía (CGAE) impulsa en esta nueva estructura 15 comisiones, cada una diseñada para abordar áreas clave en la modernización y mejora del ejercicio de la abogacía en España; 14 subcomisiones; y 2 grupos de trabajo que cubren todas las áreas que son de interés para la abogacía. [Consultar todos los cargos]