El presidente en funciones del CGPJ acepta la propuesta de los ochos vocales conservadores y convoca Pleno Extraordinario para este lunes

El presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha convocado el próximo lunes a las siete de la tarde el Pleno extraordinario solicitado por ocho vocales conservadores para intentar que el órgano de gobierno de los jueces apruebe una declaración institucional en contra de la ley de amnistía.

La convocatoria llega pocas horas después de que los ocho consejeros solicitaran formalmente la celebración de una sesión extraordinaria, que el presidente estaba obligado a convocar al respaldarla más de cinco vocales de la institución.

El artículo 600.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que “deberá celebrarse sesión extraordinaria si lo considerare oportuno el presidente o si lo solicitaren cinco vocales”, mientras que el artículo 35 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del órgano constitucional señala que “procederá, en todo caso, la celebración de sesión extraordinaria cuando la misma sea solicitada por escrito dirigido al presidente por cinco o más vocales del Consejo, con expresión del tema que haya de ser tratado, y con aportación de todos los documentos, si los hubiere, relacionados con el orden del día propuesto”.

Estos vocales quieren que se apruebe una declaración institucional sobre la ley de amnistía a la que pretenden que el Pleno dé su visto bueno y que recoge su «intensa preocupación y desolación» por la presumible aprobación de la medida de gracia, con la que, según denuncian, se «mercadea» con el Estado de Derecho.

Pedro Sánchez. (Foto: PSOE)

Para este grupo de vocales, la amnistía del procés supone la «degradación», cuando no «abolición del Estado de Derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España».

Según detallan, optaron por mantener una «actitud de prudente expectativa» mientras esas declaraciones no fueron respaldadas por el presidente del Gobierno en funciones, pero, tras las declaraciones de Pedro Sánchez el pasado sábado ante el Comité Federal del PSOE, confesando que la amnistía es necesaria para lograr apoyos a su investidura, consideran necesario un pronunciamiento del CGPJ.

Estos ocho consejeros (Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Abad y Ángeles Carmona) sostienen que de esta forma «lo que se violenta no sólo es la Constitución con la que nos dotamos los españoles como marco de convivencia, sino también los compromiso asumidos por España» en el Tratado de la Unión Europea, que obliga a nuestro país a respetar «los principios de Estado de derecho e independencia judicial».

Para estos vocales, Pedro Sánchez confunde sus intereses con el «interés de España», pues sólo pretende «evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya«. Según denuncian, aprobar la ley de amnistía conlleva convertir «en papel mojado» las sentencias, algo «rotundamente incompatible con el principio de Estado de derecho».

Si la iniciativa se presentase a través de un proyecto de ley sería obligatorio recabar informe del CGPJ pero, como se va a tramitar mediante una proposición de ley de los grupos parlamentarios, este informe no será necesario. Por eso, los vocales han exigido un Pleno extraordinario para dejar clara la opinión del Consejo.

Los firmantes del escrito denuncian expresamente que la ley se vaya a pactar con partidos como Junts, «dirigido por un prófugo de la justicia que se beneficiará personalmente de la medida», en referencia al expresidente catalán Carles Puigdemont.

Por otro lado, el resto de vocales, los del ala progresista, se plantean no acudir al pleno porque consideran que es «ilegal», según fuentes de este sector a TVE. Además, creen que el presidente del CGPJ no debería haber convocado el pleno porque, dicen, el artículo 600 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece que el Pleno extraordinario debe abordar cuestiones que sean de su competencia y una proposición de ley no lo es.

También critican que los ocho vocales conservadores hayan pedido hacer pronunciamientos del CGPJ sobre proposiciones de ley registradas antes de que hayan sido admitidas a trámite por el Congreso, y ven en ello «una incitación a la sublevación y a un golpe de Estado de los jueces» tratando de «intervenir abiertamente en la política» según señalan a EFE.