«El Supremo ya tiene pruebas suficientes para enviar a García Ortiz a juicio oral», señalan fuentes del caso

«Las pruebas empiezan a asfixiar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El Tribunal Supremo ya tiene pruebas suficientes para enviarlo a juicio». Así lo declaran a Economist & Jurist fuentes de la acusación popular, tras conocerse un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que revela que los mensajes del teléfono del fiscal general fueron borrados el mismo día que el Tribunal Supremo abrió la causa contra él.

Las citadas fuentes confían en que Tribunal Supremo envíe a juicio a los tres investigados por presunto delito de revelación de secretos –el fiscal general del Estado, la fiscal jefa provincial de Madrid y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General– «cuando lleguen las comisiones rogatorias» a Google y WhatsApp para recuperar los mensajes clave del móvil de García Ortiz. 

De acuerdo al citado informe de la UCO, remitido el pasado viernes al magistrado instructor, Ángel Hurtado, los mensajes de WhatsApp del fiscal general se borraron hasta dos veces el pasado 16 de octubre. Además, los investigadores informan al Supremo que tampoco ha sido posible conseguir la información acumulada en el correo electrónico de García Ortiz debido a la «eliminación deliberada» de la misma, la cual ha sido «eliminada recientemente». No obstante, los agentes indican que «quizá se pueda recuperar».

Esto se suma a que en el atestado sobre el móvil de la fiscal jefe provincial, María Pilar Rodríguez Fernández, quedó reflejado el tráfico de WhatsApp entre el fiscal Julián Salto; ella; la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y el fiscal general del Estado, donde, como destacan las citadas fuentes, se evidencia «la clarísima urgencia que se tenía por sacar de noche una nota de prensa respecto a lo que estaba pasando con Alberto González Amador», novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, «algo absolutamente impropio para el Ministerio Fiscal», máximo defensor de la legalidad. 

(Imagen: RTVE)

«Está claro que querían preparar el caldo de cultivo para la sesión parlamentaria de la Comunidad de Madrid y sacar a relucir el tema a Díaz Ayuso», apuntan.

Además, señalan que «el caso ya venía muy cargado de pruebas por las declaraciones hechas tanto por el fiscal del caso, Julián Salto, como por la fiscal superior de la Comunidad autónoma ante el TSJ de Madrid antes del verano, tras las que el Tribunal Supremo acordó la entrada de la Guardia Civil en el domicilio profesional de García Ortiz y Almudena Lastra; a lo que se añade que el que fuera líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, consignó en una notaría la existencia de los WhatsApp con la asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera».

La actitud de García Ortiz, «contraria a los principios de actuación del Ministerio Fiscal en un procedimiento penal»

También ponen el foco en que la fiscal superior de Madrid dijo «una cosa muy concreta», como es que el 14 de marzo por la mañana, al escuchar en la radio todo lo que estaba saliendo, preguntó al fiscal general por teléfono: «¿Lo habéis filtrado?», a lo que éste contestó, según la versión de ella: «Eso ahora no importa», y él, cuando declaró como investigado, preguntado por su abogado si dijo esto a la fiscal superior de Madrid, declaró: «Nadie se dirige así a un fiscal general del Estado».

«Pero eso no es negar si ella se lo dijo o no, si hubo la conversación o no y si la hubo en qué términos se desarrolló», resaltan las fuentes consultadas, poniendo en entredicho lo declarado por García Ortiz.

Subrayan que «a todos estos indicios» se suma que ninguno de los tres investigados ha querido contestar a las preguntas que le pudieran haber formulado las acusaciones particular y populares, y en el caso del fiscal general del Estado, «llegó incluso a negarse a contestar al magistrado instructor, cuestionando con esa actuación la imparcialidad del propio magistrado instructor del Tribunal Supremo». Una actitud «completamente contraria a los principios de actuación del Ministerio Fiscal en un procedimiento penal», denuncian las fuentes consultadas. 

«Está por ver qué pasa con la parte de Pilar Sánchez Acera y el resto de miembros del PSOE que salen nombrados en el atestado del móvil de Lobato. Hablaban de cinco personas, dos de las cuales eran secretarios de Estado», indican. En el caso de que entendieran que alguno de ellos puede ser responsable penal, necesariamente se llevaría en esta misma causa. 

Este lunes, el magistrado instructor ha citado como testigo al decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, para el próximo 21 de febrero.

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