La resolución en la que los magistrados del TS acordaron el pasado lunes consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la inmunidad del ex vicepresident incluye duras críticas a la actuación de las justicia belga y alemana con el ex president de la Generalitat y el resto de ex consellers huidos. El tribunal de Luxemburgo no tiene porqué pronunciarse sobre las euroórdenes cuando resuelva la cuestión prejudicial sobre Junqueras, pero sí es posible que acabe haciéndolo en el futuro.
En el Supremo se considera que el futuro de las euroórdenes es más controvertible que el de la inmunidad de Junqueras y Puigdemont como europarlamentarios. Fuentes del Alto Tribunal consideran que, con una elevada probabilidad, el TJUE ratificará que cada país es soberano para regular y establecer los requisitos que permiten acceder a los electos a la condición de eurodiputado. Cuestión que avalaría la actuación de la Junta Electoral Central (JEC), que no incluyó a Junqueras en la lista enviada a Bruselas porque, al no poder salir de prisión, no llegó a acatar la Constitución.
En su resolución, el Supremo transmite al TJUE que las reticencias a entregar a Puigdemont y el resto de ex consellers huidos se han «basado en argumentaciones de difícil comprensión» y han provocado un «efecto inmediato»: la «erosión en los pilares sobre los que se asienta el principio de la mutua confianza», en los que se fundamenta la euroorden.
Fuentes judiciales indican que la decisión de Luxemburgo de denegar las cautelares que solicitaba Puigdemont -también electo, pero también excluido de la lista al no haberse presentado ante la Junta- apunta a que el tribunal europeo dejará en manos de España la decisión sobre el ex president y el ex vicepresident catalanes. Si así fuera, ninguno accedería a la inmunidad de los eurodiputados y quedaría libre la vía para ejecutar una condena a Junqueras y reclamar de nuevo el arresto de Puigdemont. Eso se vislumbra en el horizonte, pero en su petición a TJUE el Supremo ya repasa el pasado en el conflicto por las euroórdenes para los huidos.
El Supremo considera que la Justicia alemana debería haber tenido en cuenta que el delito de rebelión varía mucho entre países, cuyas legislaciones han venido marcadas por las «guerras externas y las asonadas internas» que han sufrido.
Cronológicamente, el primer revés fue el de Bélgica, que adujo que el Supremo no había aportado la necesaria orden de detención contra los reclamados. El TS sostiene que no sólo existía esa orden de la Audiencia Nacional, sino incluso un auto de procesamiento posterior aún más completo que la ratificaba. Esas objeciones belgas supusieron «alterar la definición normativa» de lo que debe considerarse una orden de prisión válida conforme a la normativa de la euroorden.
El tribunal del 1-O se detiene más en la negativa alemana, que entraba al fondo del asunto. Demasiado al fondo, considera. El tribunal regional de Schleswig-Holstein rechazó la entrega por rebelión al estimar que la violencia no había sido suficiente como para acusar por rebelión en Alemania. A juicio del Supremo, los magistrados alemanes se aventuraron a hacer unas «valoraciones de prueba» sobre hechos que aún estaban siendo investigados y que resultaban de gran «complejidad y extensión». «De su extraordinaria e inusual magnitud habla el dato de que incluya documentos cuya suma puede medirse por metros cúbicos. De un procedimiento que, en su versión digital, ocupa un repositorio que supera un terabyte». «Nada de ello fue obstáculo», lamenta el Supremo, «para que las autoridades requeridas llegaran a pronunciarse sobre la intencionalidad del autor y su posición de dominio en la ejecución del hecho». En lo que parece un claro mensaje al tribunal de la UE, los magistrados concluyen que esa actuación «supuso un lamentable olvido de la naturaleza de la euroorden como instrumento de cooperación judicial en el ámbito de la Unión». En su actuación, el tribunal alemán «olvidó» la normativa de la euroorden, «así como de la jurisprudencia» del propio TJUE.
La batalla judicial para la entrega del ex president a la Justicia española sigue el manos del juez Pablo Llarena, instructor de la causa en el Supremo. Tras la negativa de Alemania, Llarena estudió llevar el caso al TJUE, pero finalmente dejó esa posibilidad para más adelante y optó por retirar todas las euroórdenes.
A petición de la Fiscalía, podrían reactivarse en cualquier momento. Fuentes del Supremo estiman que una sentencia condenatoria del tribunal del 1-O sería una base muy sólida para reclamar de nuevo la entrega de Puigdemont y los huidos, tanto en Alemania y Bélgica como, más aún, en otro país europeo al que en el futuro pudieran desplazarse los procesados.
También ayudaría al éxito de la gestión el clima internacional favorable que se ha ido fraguando con los respaldos a la actuación de España recibidos en Estrasburgo (aval a la suspensión del referéndum por el Constitucional) y el propio Tribunal de la UE (denegación de cautelares a Puigdemont, la semana pasada).
