El TSJM da cauce a la disolución de la Asamblea de Madrid y la convocatoria de elecciones el 4 de mayo

El Decreto de disolución no era eficaz pero fue válido desde el momento en el que Isabel Díaz Ayuso lo firmó

Economist & Jurist fue el primer medio de comunicación en posicionarse jurídicamente de manera clara el pasado 10 de marzo: “La convocatoria de elecciones en la Asamblea de Madrid prevalece sobre las mociones de censura presentadas por Más Madrid y PSOE”. Y bajo este razonamiento ha obrado nuestro Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que hoy 14 de marzo -auto mediante- ha rechazado la medida de suspensión cautelar del Decreto de disolución de la Asamblea de Madrid y que, por lo tanto, da cauce a la convocatoria de elecciones, que como también adelantamos -y así lo prevé el art. 42 de la LOREG– se celebrarán el 4 de mayo de 2021.

Validez y eficacia

Lo que se planteaba, en verdad, era una controversia jurídica sobre la aplicación lógico-temporal del Decreto de disolución de la Asamblea en contraposición a sendas mociones de censura presentadas por los partidos Más Madrid y PSOE, que argüían -artículo 42 de la LOREG dixit- que el Decreto de disolución “entra en vigor el mismo día de su publicación” en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). Ya fuimos claros al respecto el pasado 10 marzo: “eso no quiere decir que se anteponga la moción de censura ante la convocatoria de elecciones, sino que se ha de dar cauce a estas mociones de censura hasta que la disolución se haga efectiva mañana a través de su publicación en el BOCM”.

En efecto, el hecho de que surta efecto tras su publicación no es óbice para que anteriormente no pueda ser válida. Y en este tenor ha fallado el TSJ de Madrid: “Por tanto, debe entenderse que tal facultad queda válidamente ejercitada desde el momento en que firma el Decreto de Disolución y convocatoria de elecciones, y sin perjuicio de que la eficacia de esta convocatoria electoral se despliegue una vez publicado el repetido Decreto en el Boletín Oficial”. Así, el Decreto de disolución no era eficaz pero fue válido desde el momento en el que Isabel Díaz Ayuso lo firmó.

Al hilo de lo anterior, como decíamos, reluce la verdadera controversia, la lógico-temporal: «La validez y eficacia del correspondiente decreto no pueden verse comprometidas por la presentación ulterior de una o varias mociones de censura”, recoge el auto. Es una cuestión meramente racional y nuestros magistrados han demostrado ser cartesianos: el hecho de que se plantee una moción de censura posterior a la firma del Decreto de disolución no puede tener capacidad para suspender lo firmado, ya válido, antes.

Lo analizado es lo troncal de la cuestión jurídica. La cuestión política bien merece otro análisis.

Un giro político favorable al convocante

Este auto del TSJM inaugura un nuevo ciclo político para los madrileños

La maquinaria demoscópica de los partidos políticos, sobre todo de lo que ostentan el poder, es capaz de pronosticar en tiempo real -con más o menos acierto, pero con un grado aceptable de margen de error- qué sucedería en caso de convocatoria de elecciones. Es obvio que el Ejecutivo de Ayuso, guste más o menos, ha tenido la destreza de erigirse como un bastión -siguiendo la senda ya trazada por Esperanza Aguirre- de libertad frente a la arbitrariedad y avidez recaudatoria del Gobierno central. Sus trackings internos auguran buen futuro político para la actual presidenta en funciones y el momento es el ideal para hacer arrancar el engranaje que disuelva el actual statu quo.

Tras la maniobra Ayuso, espoleada por la torpeza del Gobierno central y Ciudadanos en Murcia, comienza una nueva era política para la Comunidad de Madrid, con el brillo y esplendor que otorga la potestas de la Justicia. O dicho de otro modo: este auto del TSJM inaugura un nuevo ciclo político para los madrileños. Y de ahí su trascendencia.