El Turno de Oficio inicia acciones para reivindicar mejoras salariales y proteger sus derechos

El Turno de Oficio no aguanta más. Llevan sin cobrar cuatro meses en las comunidades autónomas donde Justicia depende del Ministerio, baremos escasos que se cobran con irregularidad y una huelga, la de los LAJs, que ha roto la economía de muchos abogados de este colectivo. Consideran que son muchos de peso para salir a la calle y manifestarse.

El primer paso va a ser una concentración frente al Congreso de los Diputados el próximo 27 de abril a la que están convocados letrados de toda España. Esta manifestación, que va a ser la primera de una serie de medidas que podrían ser puestas en marcha, ha sido impulsada por 14 organizaciones: AJAI, AJATO Jaén, AJUSTO Sevilla, ALTODO, Ahora Abogacía, ASATO Toledo, ATOIB Baleares, Confederación Española de Abogados del Turno de Oficio, DEFENDA, Foro de Abogados Independientes de Granada, Iusta Causa Córdoba, OTROSÍ Albacete, Red de Abogaos y Abogadas de España, ZATURNO Zaragoza y el sindicato de abogados Venia.

“Creo que la huelga de los LAJS nos ha abierto los ojos, de que para lograr algo tienes que ser reivindicativo”, explica Alicia Vegas, presidenta de la Confederación Española de Abogados del Turno de Oficio (CEAT) y de ASATO Toledo, quien cree que ha llegado el momento de plantarse en una situación que, a su juicio, empeora por momentos.

El Turno de Oficio ha sufrido en sus carnes las nueve semanas de huelga de los LAJS, con cientos de asuntos que están sin resolver “y por ello están sin facturar, lo que nos está generando un perjuicio económico grave para nuestro colectivo, además del descontento generalizado de muchos clientes por ver sus asuntos paralizados aún, en algunos casos sin fecha de resolución”, señala la abogada.

“Lo bueno es el consenso entre todo el movimiento asociativo para poner en marcha distintas medidas de presión para reivindicar tanto mejoras salariales como otros derechos que hoy en día no disfrutamos, como si lo hacen otras profesiones”, subraya.

Alicia Vegas, presidenta de CEAP y de AJATO. (Foto: CEAT)

Entre las principales reivindicaciones de este colectivo se fijan la actualización de los baremos por los que estos profesionales cobran. Además, critican que los asuntos no se cobran hasta que no se concluyen, y piden la modificación del artículo 30 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que impide cobrar muchos trabajos si al final no se otorga el beneficio de justicia gratuita al ciudadano que lo reclamó.

Homologación de baremos

Para Vegas, “lo lógico es que las retribuciones fueran las mismas en toda España porque es el mismo servicio, pero esto no sucede. Hay Comunidades Autónomas que pagan más que en otras. Lo normal es que todas las Administraciones tuvieran unas partidas claras para el Turno de Oficio, pero aún nos encontramos con que esto no es así”.

“En el caso de las guardias, se suelen pagar el mes en el que se paguen todas, lo que supone una demora de meses pero el tema del procedimiento se abona cuando se termina, que puede alargarse mucho más, con el riesgo de que si se deniega la justicia gratuita no se pague ese trabajo al abogado”, subraya.

En el caso del territorio Ministerio, “los pagos pendientes son elevados porque la subvención se tiene que negociar anualmente entre el Ministerio y los 23 Colegios de Abogados de este territorio. Debería ser una retribución y con ello se reducirían los plazos con una revalorización automática cada año. Ya son cuatro meses sin cobrar. Todos los años llega Semana Santa y pasa lo mismo” destaca Vegas.

Sobre el pago mensual, aún no se ha logrado estabilizar en muchas Autonomías y en territorio Ministerio. “Esta fue una medida que consensuamos con Rafael Catalá cuando fue ministro de Justicia, pero aún no ha cuajado de forma conveniente”.

Respecto al artículo 30 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, “tenemos que funcionar como el médico en urgencias. A un paciente se le atiende y luego se le manda una factura, pero va con el problema resuelto y el medico lo cobra. Ese sistema se puede hacer con nosotros si no tiene derecho a justicia gratuita, se le debería mandar otra factura y así nosotros podríamos cobrar, ya que no cobramos muchos asuntos”, afirma Vegas.

De hecho, esta abogada señala que el número de actuaciones que no se cobran es cada vez mayor “pasa en muchas designaciones que se hacen por vía judicial, juicios rápidos que hemos hecho donde se tramita la justicia gratuita y se le deniega. El porcentaje es elevado, sobre todo en penal”.

Conciliación y suspensión de vistas

Por su parte, José Muelas, exdecano de Cartagena y uno de los impulsores de Red de Abogados y Abogadas, otra asociación firmante del acuerdo, cree también necesario mejorar el derecho a la conciliación de igual forma que tienen el resto de personas trabajadoras.

José Muelas, exdecano de Cartagena y uno de los impulsores de Red de Abogados y Abogadas. (Foto: E&J)

Ahí entraría poder disfrutar de los permisos de maternidad y paternidad, así como las suspensiones de vistas por fuerza mayor, enfermedad del letrado o muerte de familiar. “Pese a que se busca un letrado sustituto, no siempre se consigue que la suspensión se consiga, cuando debería ser automática”, comenta.

Relacionado con este tema, otra reivindicación es el derecho a la desconexión digital y al descanso. Un problema que sufren todos los abogados que están al servicio de sus clientes en cualquier momento del día.

La petición del colectivo, aclara Muelas, es contar con una norma de carácter estatal que fije desconexión digital de los juzgados de igual manera que sucede con la desconexión digital en sede de la Agencia Tributaria respecto de los obligados tributarios que estén incluidos en el Sistema de Dirección Electrónica Habilitada, quienes pueden señalar hasta un máximo de 30 días en cada año natural durante los que la Agencia no podrá poner notificaciones a su disposición.

¿Derecho de huelga?

Para Muelas “el Turno de Oficio va de mal en peor. Ahora convertido en un servicio obligatorio para abogados y procuradores, tras el cambio normativo por la ley 2/2017 para evitar que los abogados del turno tuvieran que pagar IVA, hablándose de indemnización en el que ni siquiera se reconoce a los abogados su condición de trabajadores. Creo que deberíamos intentar ir a la huelga para que los poderes públicos aclarasen lo que somos, aparte de esclavos”.

Mientras tanto, Red de Abogados y Abogadas ha llevado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuál es la naturaleza jurídica de la relación que tiene un abogado con el Estado, tras una batalla judicial España donde no le dieron la razón

“Si no somos funcionarios y no somos trabajadores tiene que quedar claro qué somos. De ahí se deriva la cuestión de si existe el derecho de huelga para los abogados del Turno de Oficio. Estas cuestiones es urgente planear, en estos momentos”.

Este letrado recuerda que una de las movilizaciones de abogados más masivas se llevó a cabo en abril y mayo del 2018, hubo concentraciones en casi todos los partidos judiciales “donde llamaron la atención la actitud obstruccionista de los colegios de abogados. En aquel momento, Dolores Delgado era ministra de Justicia. No se pagaba al Turno de Oficio porque no quedaban claros los pagos por la trama Gürtel. Los perjudicados como siempre los abogados del Turno”, señala Muelas.

En estos cinco años, “desde aquel cambio legislativo antes citado, el Turno de Oficio está en su peor momento. Se imponen más obligaciones burocráticas a los abogados del Turno. Casi nos convierten en una oficina burocrática del Gobierno. Desde el caso Gürtel, los ministros se han preocupado de que justifiquemos milimétricamente todos los asuntos por el mismo dinero”.

Respecto a los baremos, “territorio Ministerio paga mal, lleva años sin actualizar el IPC, al mismo tiempo hay Comunidades Autónomas como País Vasco y Cataluña que pagan algo mejor y hay menos quejas de los abogados y otros como Andalucía que están a la cola y que pese a que hay unas tablas mejores que en Ministerio han tenido problemas con la Junta de Andalucía para que les paguen cuando les corresponde”.

Muelas espera que en los próximos días la abogacía institucional se sume a estas protestas “su silencio es clamoroso. Si no están para respaldar una subida de nuestros honorarios, entonces, ¿para qué están? Algunos procedimientos abreviados que duran un año suponen al abogado cerca de 250 euros tras muchos meses de trabajo. Se cobra cuando se entiende justificado lo que, por cierto, genera más retrasos”.

Graves problemas económicos

Para Amparo Martínez, portavoz de Defenda y abogada vinculada al Turno de Oficio, “la situación es grave y es el momento de una equiparación de todos los módulos a nivel nacional. Es importante que los baremos tengan una subida que vaya en consonancia con la inflación. Se trata que se cobre en cualquier punto de España lo mismo y se paguen todas las actuaciones que se hagan”.

Amparo Martínez, portavoz de Defenda. (Foto: E&J)

Desde su punto de vista, el Turno de Oficio pasa por uno de sus peores momentos como servicio público. “El impacto de la huelga los LAJs ha frenado bastante el servicio, eso ha hecho que muchos compañeros y compañeras sufran problemas económicos, lo que hacen plantearse cambiar de trabajo. Es muy triste la situación por la que estamos pasando”.

Para esta abogada “también reclamamos un cambio a la hora de pedir ese beneficio de justicia gratuita. Que se haga según el Salario Mínimo Interprofesional y no el IPREM, con lo cual muchos posibles beneficiados quedan al margen de recibir este servicio”.

De mantenerse la situación actual, con el desajuste existente entre IPREM y SMI, se impedirá el acceso a muchas personas con rentas bajas vulnerando, por consiguiente, su derecho a la Tutela Judicial Efectiva, derecho fundamental reconocido y garantizado en la Constitución.

Sobre el servicio, Martínez relata que otra cuestión que exigen es la simplificación de su burocracia. “Al final, de trabajo como abogados hacemos un 20%. El resto es papeleo burocrático, cuya labor es de la Administración o de la comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.

El Turno de Oficio busca que este colectivo sea reconocido como autoridad. “Se trata de tener más protección. Debido al aumento significativo de los delitos de amenazas, coacciones y agresiones sufridos por nuestro colectivo, reivindicamos la consideración del Letrado de Turno de Oficio como Autoridad en el Código Penal, como medida disuasoria y de protección a los compañeros y compañeras que sufren esas situaciones”.

Otra cuestión que también reivindica esta plataforma tiene que ver con las designaciones a estos profesionales de la defensa de las personas jurídicas. Entienden que habría que modificar la ley actual de Asistencia Jurídica Gratuita para que se reconociera el derecho a las personas jurídicas.