Encuesta de Economist & Jurist (I): el 74,8% apoya las reivindicaciones de los operadores jurídicos

Durante todo este año se han ido sucediendo diversos conflictos laborales protagonizados por diferentes operadores jurídicos. Primero fueron los letrados de la Administración de Justicia (LAJs), después levantaron la voz jueces y fiscales, funcionarios de la Administración de Justicia y abogados del Turno de Oficio.

De momento, el resultado obtenido por cada uno de estos colectivos es dispar. Los LAJs, después de dos meses de huelga, lograron cerrar un acuerdo con el Gobierno por el que lograron una subida de 430 euros mensuales. Este pacto mostró el camino a otros operadores.

Jueces y fiscales amenazaron con ir a la huelga a partir de 22 de mayo, pero no tuvieron que cumplir su amenaza. El Gobierno convocó la Mesa de Retribuciones, algo que no hacía desde hacía años, y en un tiempo récord se llegó a un acuerdo por el que jueces y fiscales lograban parte del incremento salarial exigido, así como una serie de compromisos por parte del Ministerio.

Asociaciones de jueces y fiscales con representantes del Gobierno en el momento de la firma del acuerdo en la Mesa de Retribuciones (Foto: Ministerio de Justicia)

Paralelamente, los funcionarios de la Administración de Justicia mantenían paros parciales desde el 26 de abril, pero comenzaron una huelga indefinida el pasado 22 de mayo ante la falta de respuesta del Ministerio a sus demandas. Se ha producido una reunión entre representantes del Ministerio y del Comité de Huelga, pero fue un fiasco y la huelga continúa sin visos de solución.

Los grandes perjudicados de los paros de los LAJs y los funcionarios son los ciudadanos, que ven cómo sus señalamientos son cancelados, y en buena medida los abogados. Las huelgas están siendo devastadoras para este colectivo, que además de aguantar retrasos ve cómo la cancelación de los juicios les deja sin ingresos. Esto, unido a los problemas endémicos de la profesión, en especial el Turno de Oficio, que en muchas ocasiones cobra tarde y muy mal, han hecho que los abogados se unan a las protestas.

De momento no se ha hablado de huelga, pero sí se han producido manifestaciones en toda España pidiendo retribuciones dignas y la mejora de sus condiciones de trabajo.

En este contexto, en Economist & Jurist hemos querido tomar el pulso a eta situación y henos realizado una encuesta con la que hemos querido recabar la opinión de la ciudadanía en general y los operadores jurídicos en particular sobre estos conflictos a través de una encuesta.

De todas las personas que han contestado, el 35,3% son abogados, la profesión más representada. El resto de quienes han participado en esta muestra tienen otras profesiones.

A la hora de hacer una huelga o de plantear una serie de reivindicaciones, una de las cosas que buscan quienes realizan las mismas es que se conozca su situación, posiblemente con la esperanza de que la misma sea comprendida. Pues bien, a tenor de los resultados de la encuesta, este objetico ha sido conseguido.

Casi el 99% de las personas que han contestado a la encuesta manifiestan tener conocimiento de los conflictos que protagonizan los operadores jurídicos.

(Diseño: Isabela Roldán/E&J)

Llama la atención que este elevado porcentaje se ve acompañado por un dato que a priori pude ser sorprendente: un 95% de quienes han contestado la encuesta dicen conocer las reivindicaciones de estos colectivos. Esto da idea de la importancia que dan los ciudadanos al problema que atraviesa la Justicia en España y el interés que despierta esta cuestión.

(Diseño: Isabela Roldán/E&J)

En líneas generales, puede decir que el nivel de apoyo que están cosechando estos colectivos en conjunto es elevado. De este modo, el 74,8% de quienes han contestado a la pregunta sobre si apoya las reivindicaciones de estos colectivos de manera afirmativa, frente al 21,4% que no les da su apoyo. El 3,8% se mantienen entre dos aguas y selecciones el “No sabe/No contesta”.

(Diseño: Isabela Roldán/E&J)

La primera sorpresa de esta encuesta es que este nivel de apoyo en conjunto se produce a pesar de que, a la pregunta sobre si las huelgas de los LAJ y los funcionarios han perjudicado a su actividad profesional, el 75% declara que este perjuicio se ha producido, frente al 18,5% que dice no hacerse visto afectado y el 6,5% que no se manifiesta.

Este no es el único dato sorprendente de la encuesta, ya que, a la hora valorar las reivindicaciones de cada uno de los colectivos por separado, el apoyo no es tan claro. En la segunda parte de la encuesta, que podrán leer mañana, desvelamos cuáles son estos apoyos. Además, hemos preguntado sobre los motivos que creen los ciudadanos que mueven a los operadores jurídicos y sobre el papel del Ministerio de Justicia en esta crisis.