«Es falsa la subida del 8% en los baremos del turno de oficio», afirma el Sindicato Venia

«La subida de la vergüenza». Así califica el Sindicato Venia la actualización de los baremos del turno de oficio en el Territorio Ministerio, publicada el pasado viernes en el BOE, en el anexo I del Reglamento de asistencia jurídica gratuita.

«En primer lugar, es falso que la subida sea del 8%, como ha vendido el Ministerio de Justicia, ha sido menor, pero es que, además, siguen sin pagarse multitud de actuaciones», denuncia en Economist & Jurist Belén García, secretaria general del sindicato. Según afirma, «simplemente para adaptarla a la subida del IPC, tendría que haber sido del 61%». Así las cosas, Venia tilda esta «subida» de «miserable», «paupérrima», y «una vergüenza».

Además, critica la «desigualdad existente entre todos los territorios», siendo siempre los peor parados los compañeros de la Zona Ministerio», así como que «esta mentira del 8% cuente con la colaboración de las instituciones colegiales, ya que han salido a aplaudirla públicamente», mostrando que están satisfechas con ella.

Comparativa

A modo de ejemplo, Belén García hace un análisis en este diario desde que se promulgó el Real Decreto 996/2003 de los baremos que tienen que cobrar abogados y procuradores. Una comparativa de tres cuestiones concretas «para ejemplificar lo que suponen realmente las nuevas cifras».

«Pongamos que en una guardia del turno de oficio en la Audiencia Nacional, te mandan a la T4 del aeropuerto. Para ello, uno ha de gastar combustible para el traslado hasta allí, más el dinero del parking, todo eso no se abona, por lo que en esa guardia ya no ganas 170 euros, sino unos 120 euros siendo muy positivos, al tener que descontar todo esto que ponemos de nuestro bolsillo», precisa.

Belén García, secretaria general del sindicato Venia. (Imagen: Óscar Peña/E&J)

Según explica, en 2003 esa guardia se fijó en 150 euros y «en 2012 hubo una bajada». «Después, en 2018 se llevó a cabo una subida de los baremos que, según el entonces ministro, Rafael Catalá, oscilaba entre el 20 y el 30%, lo cual es falso. Y en 2025 una guardia en la AN con esta subida del 30% que dijo Catalá y del 8 que vende Bolaños, estamos en los 170 euros; es decir, 25 euros más», detalla Belén García, destacando que mientras tanto, el IPC ha subido un 61,9% en ese mismo periodo, por lo que subraya que «en este caso, la subida de los baremos debería haber sido, como mínimo, de 92,85 euros, y no de 20 míseros euros, como ha ocurrido.

También señala que el juicio de faltas en 2003 se pagaba a 94,50 euros, manteniéndose la misma cifra en 2018 y ahora se ha fijado en 102 euros, lo que supone «una subida de apenas 8 míseros euros», en un texto que ni siquiera corrige la denominación de los procedimientos, ya que los antiguos juicios de faltas se llaman ahora delitos leves.

Por último, señala con ironía, que la asistencia penal se pagaba en 2003 a 81,14 euros y que ahora, transcurridos 23 años, el ministro Bolaños «ha hecho un gran regalo con una subida de seis euros».

Además, alude a los gastos que tienen que asumir los abogados para sacar adelante este servicio público, ya que en zonas como Almería, deben recorrer grandes distancias para las actuaciones.

Una de las concentraciones que abogados y procuradores han secundado en toda España reclamando un turno de oficio «digno». En la imagen, una celebrada en Madrid, a las puertas de los Juzgados de Plaza de Castilla. En el centro, Belén García, secretaria general del sindicato. (Imagen: Venia)

Por ello, es que le parece «una auténtica vergüenza que el Ministerio se llene la boca hablando de subida, cuando ésta apenas supone nada respecto a lo que se venía cobrando hace 20 años». «Mienten descaradamente cuando hablan de una subida del 30%, cuando la misma se refiere exclusivamente a un tipo de procedimiento», apostilla.

«Esto es una humillación por parte del Ministerio, pretende que agachemos la cabeza y sigamos trabajando. Encima, Félix Bolaños ha dicho que a los opositores los va a poner a trabajar gratis. Quieren acostumbrarnos a que no tengamos un salario digno y a que no tengamos reconocida esa relación laboral», declara con gran indignación.

Estatuto Jurídico para que se paguen todas las actuaciones y se regule esta relación especial

Frente a esta situación, el Sindicato Venia reclama al Ministerio de Justicia que «se valoren las horas de trabajo realizadas a través de un Estatuto Jurídico y se paguen todas las actuaciones, algo fundamental, así como para regular la relación laboral especial de los abogados del turno de oficio con el Ministerio y los Colegios».

Para ello, insta al Departamento liderado por Félix Bolaños a «facilitar la información necesaria para legislar la situación de los profesionales del turno de oficio, y que así, de una vez por todas, estos profesionales dejen de ser los riders de la administración, que es lo que son actualmente», según sostiene Belén García.

De momento, este sindicato ya ha puesto pie en pared y ha realizado su propia propuesta de Estatuto Jurídico, que ha presentado recientemente en el Colegio de Abogados de Orense. Espera presentarlo en los distintos Colegios y que el Ministerio «se digne a leerlo».

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reconocido la necesidad de una regulación de los derechos laborales básicos de los abogados y procuradores que prestan servicios para la Administración, según transmitió al Sindicato de Abogados Venia. (Imagen: Archivo)

Venia presentó su Estatuto Jurídico a los partidos políticos PP, PSOE, Podemos y Sumar el año pasado, «cuando se iba a promulgar la Ley Orgánica del Derecho de Defensa». «Sin embargo, la única que mencionó en las enmiendas la necesidad de promoverlo fue María Jesús Moro, responsable de Justicia del PP. La ministra Yolanda Díaz se reunió con nosotros y nos dijo que había que trabajar en ello, pero hasta la fecha no se ha movido ni una sola ficha», lamenta Belén García.

Además, destaca que la ley de asistencia jurídica gratuita, que previsiblemente se está cocinando, tiene que regular si en caso de ausencia del reconocimiento del derecho de la justicia gratuita, «el Ministerio paga o no, porque el abogado trabaja sí o sí».

«Actualmente, se dan casos donde el Colegio de Abogados nos designa para un recurso de casación y luego ese justiciable no tiene justicia gratuita porque gana más de 1.300 euros. O peor todavía, porque no ha presentado la documentación. ¿Qué pasa con el abogado que ha estado trabajando ese caso? ¿Quién le paga?», plantea.

Para el Sindicato Venia, «una vez más, las instituciones se ponen del lado del Ministerio,
rompiendo con la abogacía y con el compromiso de muchos abogados con la huelga en su lucha por el reconocimiento de los derechos laborales y sociales».

«Pero Venia no va a agachar de la cabeza, no se va a poner de rodillas, seguirá luchando, como ha hecho hasta ahora, trabajando para abrir los ojos a todos aquellos abogados que no levantan la vista del ordenador para poder comer a fin de mes y en defensa de tantos compañeros de más de 60 años que siguen trabajando porque no pueden jubilarse o no tendrán para comer», sentencia.

De izquierda a derecha: María Perille, Antonio Vázquez, Aline Castro y María Luisa Pérez, en la presentación de la propuesta de Venia del Estatuto Jurídico. (Imagen: Venia)