¿Es posible solicitar el concurso necesario de una persona física?

El concurso necesario de una persona física es un concepto fundamental en el ámbito del Derecho Concursal. Se refiere a la situación en la que un acreedor tiene la capacidad legal de solicitar la declaración de concurso de un deudor que no cumple con sus obligaciones financieras.

En este artículo, exploraremos en detalle qué se entiende por concurso necesario y cómo se concibe el concurso de acreedores, tanto como un derecho como un deber, en el marco legal.

Concurso necesario: definición y legitimación

El concurso necesario de una persona física es una figura legal que permite a un acreedor solicitar la declaración de concurso de un deudor que no cumple con sus obligaciones financieras. Esta capacidad legal se basa en la idea de que cualquier persona con un interés legítimo en el proceso puede instar un concurso necesario de un tercero.

Esto significa que, si un acreedor se encuentra en una situación en la que el deudor no puede cumplir con sus obligaciones, tiene el derecho de solicitar el concurso necesario para proteger sus intereses.

El concurso de acreedores como derecho

El presupuesto subjetivo del artículo 1 del TRLC delinea quiénes pueden acogerse al proceso de concurso de acreedores, excluyendo específicamente a las entidades públicas y gubernamentales de este procedimiento. 

El artículo 2 del TRLC establece el presupuesto objetivo para la declaración de concurso, es decir, las condiciones que deben cumplirse en términos de insolvencia para que un deudor o acreedor pueda solicitar la declaración de concurso. Se establece que la declaración de concurso procede cuando el deudor se encuentra en estado de insolvencia, ya sea actual o inminente.

La insolvencia actual se refiere a la incapacidad del deudor para cumplir regularmente sus obligaciones exigibles, mientras que la insolvencia inminente se refiere a la previsión de que el deudor no podrá cumplir, regular y puntualmente, sus obligaciones en los tres meses siguientes.

Legitimación para solicitar el concurso

En cuanto a la legitimación para solicitar el concurso, el mismo texto legal deja claro que, «para solicitar la declaración de concurso están legitimados el deudor y cualquiera de sus acreedores«. Esto significa que tanto el deudor como los acreedores tienen el derecho de iniciar el proceso concursal si se cumplen los requisitos establecidos en la ley.

Sin embargo, es importante destacar que cuando un acreedor solicita el concurso, existe el riesgo de que este sea calificado como un concurso culpable, lo que puede tener graves consecuencias para el deudor.

El deber del deudor de solicitar el concurso

Además de ser un derecho de los acreedores, también se configura como un deber del deudor cuando se encuentra en un estado de insolvencia actual o previsible. El artículo 5 del TRLC establece claramente este deber al indicar que: «el deudor deberá solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer el estado de insolvencia actual».

Esto significa que el deudor tiene la obligación legal de iniciar el proceso concursal para proteger a sus acreedores y cumplir con sus responsabilidades financieras.

¿Qué puede implicar que el deudor no solicite el concurso?

El artículo 442 TRLC establece cuándo un concurso se considerará culpable. En esencia, un concurso se calificará como culpable cuando se haya generado o agravado el estado de insolvencia debido a dolo o culpa grave por parte del deudor o sus representantes legales.

Se contempla la presunción de culpabilidad, a menos que se demuestre lo contrario, en situaciones como el incumplimiento del deber de solicitar la declaración de concurso, la falta de colaboración con el juez del concurso y la administración concursal, o la falta de cumplimiento de obligaciones contables.

Pese a esta presunción iuris tantum, el artículo 487.1.3ª TRLC prevé que:

«Cuando el concurso haya sido declarado culpable. No obstante, si el concurso hubiera sido declarado culpable exclusivamente por haber incumplido el deudor el deber de solicitar oportunamente la declaración de concurso, el juez podrá atender a las circunstancias en que se hubiera producido el retraso».

En este caso, se entiende que el juez puede entrar a valorar qué causas han motivado al retraso de la presentación de la solicitud del concurso y, por lo tanto, valorar si existen motivos que puedan presumir la mala fe del deudor.

(Imagen: Archivo)

Conclusión

Por un lado, este proceso se presenta como un derecho legítimo de los acreedores, permitiéndoles solicitar la declaración de concurso cuando un deudor no cumple con sus obligaciones financieras. Por otro lado, también se establece como un deber del deudor, quien tiene la obligación legal de solicitar el concurso cuando se encuentra en una situación de insolvencia actual o inminente.

Es importante destacar que existe el riesgo de que el concurso sea calificado como culpable si se demuestra que el deudor o sus representantes legales actuaron con dolo o culpa grave, especialmente en casos de incumplimiento del deber de solicitar el concurso.

El concurso necesario de una persona física busca garantizar la protección de los intereses de los acreedores y promover la transparencia y la responsabilidad en situaciones de insolvencia financiera. En definitiva, es posible solicitar el concurso necesario de una persona física.