Escándalo en Amazon: iniciada la «regularización» de miles de repartidores autónomos

La Unión General de Trabajadores denunció hace un año la forma de reparto de Amazon a través de repartidores autónomos que utilizaban su propio vehículo para el reparto de paquetes a través de lo que la empresa denominó Amazon Flex.

Pues bien, fruto de esa denuncia y quién sabe si influenciada por el reciente pronunciamiento de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo que reconocía la relación laboral existente entre un repartidor (‘rider’) y la empresa Glovo, el sindicato ha podido obtener los datos referentes a las personas repartidoras que han sido dadas de alta de oficio durante aquel proceso: casi 4.000 personas.

En concreto, en la capital se han contabilizado 2.100 personas, lo que supone alrededor de unos 3 millones de euros sobre el coste de cuotas no satisfechas al Régimen General de la Seguridad Social, además de la multa por este modelo que se ha demostrado como fraudulento. En Barcelona, por su parte, han sido 1.905 personas dadas de alta cuya alta de liquidación ascendería a otros 3 millones de euros.

Desde el sindicato informan que “este proceso iniciado tras la denuncia de UGT nos depara un futuro de nuevos procesos judiciales, con la diferencia que esta vez contamos con el precedente de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Glovo”.

“El poder Judicial ya ha realizado su trabajo”

Después de quince días, desde de la STS 805/2020, de 25 de septiembre, UGT exige a la Dirección General de la Inspección de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo, “el cumplimiento de la sentencia de Glovo y la actuación coordinada en todas las provincias de España para la «laboralización» de más de 9.000 personas repartidoras de Glovo”.

Esta sentencia no pudo ser más clara y así lo expresó en cada uno de los párrafos donde explicaba, con claridad, el modelo de trabajo de Glovo:

“El repartidor ni organiza por sí solo la actividad productiva, ni negocia precios o condiciones con los titulares de los establecimientos a los que sirve, ni recibe de los clientes finales su retribución. El actor no tenía una verdadera capacidad para organizar su prestación de trabajo, careciendo de autonomía para ello. Estaba sujeto a las directrices organizativas fijadas por la empresa. Ello revela un ejercicio del poder empresarial en relación con el modo de prestación del servicio y un control de su ejecución en tiempo real que evidencia la concurrencia del requisito de dependencia propio de la relación laboral”.

Finalizado el debate jurídico sobre si existía o no una relación laboral entre ‘riders’ y la empresa Glovo, desde el sindicato advierten que las consecuencias que de allí se desprenden también son trasladables y extensivas “al resto de plataformas digitales de reparto como Deliveroo, Stuart y Uber Eats”.

“Desde UGT, consideramos que es obligatorio hacer cumplir las leyes existentes. Además, consideramos, que debemos de dar valor a una sentencia que ha sido dirimida por el pleno del Tribunal Supremo sin ningún voto en contra, lo que pone de manifiesto el tremendo peso de sentencia. Por tanto, la Administración del Estado no puede ponerse de perfil y no abordar este cometido que corresponde al poder Ejecutivo, el poder Judicial ya ha realizado su trabajo”.

Por último, “UGT, también ha decidido dar este paso ante las declaraciones de dirigentes de Glovo donde declaraban, sin ningún tipo de sonrojo, que no iban a cumplir con el contenido de la sentencia hasta que la Ministra aplicara su nueva «ley para los riders». No podemos permitir que las empresas sigan esgrimiendo cualquier excusa para no aplicar la legislación laboral vigente. Por el bien de todo el país y por el mantenimiento del Estado del Bienestar”, concluye el comunicado emitido en el día de hoy