España, primer país que firma el acuerdo mundial contra el tráfico de órganos

España ha firmado este miércoles el primer convenio mundial contra el Tráfico de Órganos. El responsable de la división de trasplantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor José Ramón Núñez y la responsable del Comité Europeo de Trasplante de Órganos de Consejo de Europa, Marta López Fraga, participaron en esta rúbrica celebrada en la ciudad gallega de Santiago de Compostela.

Ambos dirigentes estuvieron de acuerdo en señalar que, con su firma, se consigue «armonizar» las leyes en los diferentes países, y se pone la primera piedra para que en el futuro pueda convertirse en una legislación que se adopte de manera global, en todos o la mayoría de los países.

Esta posibilidad, según el responsable de la OMS, «es probablemente la única forma efectiva de luchar contra el tráfico de órganos». Por el momento, el convenio firmado este miércoles «va a permitir no solo castigar a alguien sino sobre todo proteger a los posibles donantes, que son los más vulnerables de esta historia», añade.

En el mismo sentido, Lopéz Fraga destacó la importancia de que exista una «definición consensuada internacionalmente» sobre qué prácticas son tráfico ilegal de órganos en todo el mundo. «Sin tener esta definición era muy difícil combatir estar prácticas», advirtió López Fraga al ser preguntada sobre lo que va a suponer ésta nueva regulación.

Este convenio, que ha sido firmado por 14 países de la UE –Albania, Austria, Bélgica, Republica Checa, Grecia, Italia, Luxemburgo, Moldavia, Noruega, Polonia, Portugal, Turquía, Reino Unido y España–, afecta inicialmente solo a los que se han adherido a ella, aunque, como explica Núñez, pretende llegar a convertirse a medio plazo en una «legislación global».

De hecho asegura que, «antes de que acabe el año», la van a firmar 12 países latinoamericanos que se encuentran en proceso administrativo, Pakistán que «es fundamental porque es uno de los puntos conflictivos de tráfico», Singapur, Australia y la India, aunque en estos casos aún no se ha terminado el proceso administrativo.

La redacción da la opción a que otros países fuera del consejo de Europa se puedan suscribir», de tal forma que en los próximos meses espera poder difundir las ventajas de esta ley para que «vayan sumándose países». «Si nos limitamos a Europa protegeremos a Europa pero no a todo el mundo», ha añadido.

Este convenio – adoptado el 9 de julio 2014 por el Comité de Ministros del Consejo de Europa- es el primer tratado internacional para combatir este tipo de delitos y supone un paso decisivo en la lucha contra el tráfico de órganos en el mundo.

En opinión de Núñez, el encuentro que ha tenido lugar este miércoles, es fruto de «un trabajo difícil» ya que se trata de una propuesta legislativa común para tantos países y ante una situación en la que trabajan ministerios como el de Justicia y Sanidad.

En el mismo sentido, la responsable en el Consejo Europeo destaca que «este es el primer convenio que existe en el mundo para la lucha contra el tráfico de órganos, es un compromiso enérgico y contundente para combatir estas prácticas totalmente deplorables contra el ser humano».

Para ella este marco legislativo es importante puesto que en este mercado ilegal «hay mucho movimiento de órganos y de personas, y al cruzar fronteras hace falta la cooperación internacional para detectar los casos, hacer las detenciones y para llevar a estar personas a juicio».

«Cuando no hay jurisdicción internacional en los crímenes es muy difícil combatir estas prácticas ilícitas, gracias a esta convención se va a conseguir que todos los países tengan un legislación armonizada y que todos los países se comprometan a colaborar para perseguir al tráfico ilegal», concluye López Fraga.

Objetivos del convenio

El tráfico de órganos es un problema de dimensión global que viola los derechos humanos fundamentales como el de la dignidad humana, y supone una grave amenaza para la salud pública. A menudo está vinculado al crimen organizado transnacional, que se aprovecha de la vulnerabilidad de los donantes, y surge en el contexto de la incapacidad de los países para satisfacer a las necesidades de órganos de sus pacientes.

El objetivo del convenio es la prevención y la lucha contra el tráfico de órganos humanos, la protección de las víctimas y el fomento de la cooperación nacional e internacional en este ámbito. El tratado obliga a los estados firmantes a establecer como delito la extracción ilícita de órganos humanos procedentes de donantes vivos o fallecidos y su uso para trasplantes o para otros fines, y otras acciones relacionadas.

Este Convenio internacional es una iniciativa en respuesta a las recomendaciones del Estudio sobre Tráfico de órganos promovido conjuntamente por este organismo y la Organización de Naciones Unidas (ONU), en cuya elaboración participó la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) de España.

El Convenio insta a los gobiernos a tipificar la compra-venta de órganos como delito en sus legislaciones nacionales, e incluye medidas de protección y compensación para las víctimas, y medidas preventivas como la de asegurar la transparencia y el acceso equitativo a los trasplantes.

Según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre el 5 y el 10 por ciento de los trasplantes en el mundo se hacen bajo alguna forma de comercialización. Por ello, la ONT considera imprescindible que se armonicen las legislaciones nacionales en materia de tráfico de órganos.