Esperanza Aguirre sufre las consecuencias de una sorpredente decisión judicial y espera la sentencia de su recurso

Rompiendo todas las estadísticas jurídicas, la Audiencia de Madrid calificó de delito, el incidente que protagonizó el pasado 3 de abril la Ex Presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Doña Esperanza Aguirre, ante agentes de movilidad y policías municipales de Madrid, como consecuencia de un estacionamiento indebido y las discusiones generadas a partir de ese momento por no recibir la denuncia y abandonar el lugar del incidente.

La Audiencia calificó la conducta de Aguirre como delito, modificando la decisión del Juez titular del Juzgado de Instrucción nº 14 de Madrid, Don Carlos Valle, que había calificado dicha conducta de falta leve de desobediencia.

Según ha comprobado esta redacción a partir de contactos con más de 400 abogados de diferentes ciudades de España, la decisión de la Audiencia constituye una auténtica novedad, por romper con cientos de precedentes de casos similares plasmados en anteriores Sentencias, en las que hechos como los protagonizados por Esperanza Aguirre, o incluso de mayor importancia, nunca habían sido calificados como delito.

Este criterio mayoritario de la abogacía consultada, de hecho, coincide con el de la propia fiscalía de Madrid. El Fiscal Superior de Madrid Manuel Moix, pretendía tramitar el asunto como una falta y no como un delito. La fiscalía coincide con la abogacía en reforzar su argumentación con la aportación de numerosas Sentencias que mantienen que ese tipo de supuestos de hecho nunca pueden ser calificados como delito. La sorpresiva calificación de la Audiencia contra Esperanza Aguirre (delito de desobediencia grave), podría conllevar una pena de prisión de 6 meses a un año.

La abogacía consultada ha comunicado su preocupación mayoritaria, por ser frecuente en España, que en asuntos en los que intervienen personajes relevantes socialmente,la fundamentación jurídica de las decisiones judiciales rompa con los criterios habitualmente aplicados en el resto de casos, conducta que  genera inseguridad jurídica a la ciudadanía.