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Expertos en reestructuraciones advierten que las moratorias concursales por la DANA podrían incrementar las insolvencias en el 2025

El Consejo General de Economistas cree que podría aumentar de manera importante el número de insolvencias de personas físicas, autónomos y microempresas

LA DANA de Valencia ha situado a muchas empresas al borde de la insolvencia. (Imagen: RTVE)

Luisja Sánchez

Periodista jurídico




Tiempo de lectura: 8 min

Publicado




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Expertos en reestructuraciones advierten que las moratorias concursales por la DANA podrían incrementar las insolvencias en el 2025

El Consejo General de Economistas cree que podría aumentar de manera importante el número de insolvencias de personas físicas, autónomos y microempresas

LA DANA de Valencia ha situado a muchas empresas al borde de la insolvencia. (Imagen: RTVE)



Según el ‘Global Insolvency Outlook 2024-2026′ de Allianz, en principio se prevé para España que en 2025 las insolvencias se estabilicen y el crecimiento sea solo de un 1%, y que incluso disminuyan un 6% en 2026. Unas predicciones que se realizaron antes de la DANA. Pese a este dato, los economistas consideran que las moratorias concursales aprobadas tras la DANA podrían aumentar de manera importante el número de insolvencias en nuestro país, especialmente de personas físicas, autónomos y microempresas (al ser más vulnerables), tal y como ocurrió en los años posteriores a la pandemia una vez levantada la moratoria.

El Consejo General de Economistas de España (CGE) ha presentado en su sede el estudio ‘Atlas Concursal 2024‘, elaborado por el Registro de Economistas Forenses (REFOR) —órgano especializado en materia de insolvencias de dicho Consejo General—, que como en las siete ediciones anteriores recoge los últimos datos sobre las principales variables relacionadas con la insolvencia en nuestro país (concursos de acreedores; mediaciones; planes de reestructuración; segunda oportunidad; pagos del Fogasa; etc.), analizando su evolución temporal y estableciendo comparaciones entre comunidades autónomas, así como entre diferentes países.



Asimismo, la presente edición pone especial atención en observar los efectos de la reforma concursal de 2022 y sus derivaciones en el comportamiento concursal de 2023 y 2024.



En la presentación en la que estuvo presente Economist & Jurist han participado el presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE), Valentín Pich; el presidente del REFOR, Miguel Romero; la vicepresidenta segunda del REFOR, Bárbara Pitarque; el profesor de Economía y analista macrofinanciero, Javier Santacruz; y el secretario técnico del REFOR, Alberto Velasco.

De izquierda a derecha: Javier Santacruz, Miguel Romero, Bárbara Pitarque, Alberto Velasco y, en pantalla, Valentín Pich, presentando el Atlas Concursal. (Imagen: Consejo General Economistas)



A la vista de los datos, durante el acto se han adelantado unos primeros pronósticos de insolvencias a cierre de 2024 y 2025, teniendo en cuenta además las medidas de moratorias concursales adoptadas tras los acontecimientos producidos por la pasada DANA.

Precisamente atendiendo a esta cuestión, durante su intervención, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, ha manifestado que “los dos reales decretos-ley, el  6/2024 y 7/2024, por los que se establece una suspensión de los plazos procesales con carácter indefinido para 78 poblaciones de la provincia de Valencia afectadas por la DANA y la dispensa temporal de la obligación de solicitar la declaración de concurso de acreedores, no dejan de ser, sin duda, una ayuda. Sin embargo, una vez concluida la moratoria estaremos hablando de concursos sin masa abocados a la liquidación”.

Por tanto, ha concluido que “lo que es necesario es orquestar medidas que permitan la rápida reconstrucción empresarial para minimizar los efectos de arrastre de esta catástrofe en todo el tejido productivo”. Entre ellas, el presidente de los economistas ha destacado: activar al máximo los planes de reestructuración de deuda con condiciones flexibles; crear líneas de crédito que reemplacen deudas a corto plazo por financiamiento a largo plazo con condiciones más favorables; reforzar algún juzgado de lo Mercantil adicional en las zonas especialmente afectadas para una mayor eficiencia; una mayor flexibilidad del crédito público en las zonas afectadas en su consideración privilegiada concursal en cuanto a la quitas o esperas, o incluso hacer determinadas condonaciones; y que el futuro Reglamento de la Administración Concursal preserve la experiencia acumulada de los profesionales para que puedan atender debidamente este previsible incremento de insolvencias.

Por su parte, el presidente del REFOR, Miguel Romero, durante su intervención ha querido destacar cómo con la perspectiva suficiente para hacer un análisis de los datos de 2023 y probablemente por las mejoras introducidas en el mecanismo de segunda oportunidad en la reforma de 2022 “se observa un incremento considerable en el número de concursos de autónomos, que ya se triplican en 2021 respecto de 2020 y son casi la mitad (49%) de todos los concursos en 2023, superando a los concursos de micropymes en el peso concursal nacional”.

Romero se ha referido también a la relación entre el número de insolvencias y el de empresas en España apuntando a que esta ratio ha aumentado en el último año, a pesar de que España sigue siendo el país con menor ratio concursal de la media europea (15 de 10.000 empresas van a concurso en España frente a las 74 de cada 10.000, de media, en países de nuestro entorno). Para el presidente del REFOR, “esta diferencia con respecto a los países de nuestro entorno puede deberse a la abultada economía sumergida de nuestro país y a que en España los concursos de acreedores continúan percibiéndose como un estigma”.

Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, cree que hay que evitar que las empresas valencianas acaben en concurso. (Imagen: RTVE)

Por su parte, para el economista Javier Santacruz —quien ha colaborado de nuevo en esta edición del Atlas—, «la vuelta a una total normalidad en las reglas de resolución de empresas es un hecho y la relación entre crecimiento económico y negocios cuya viabilidad está comprometida y que requieren de un proceso concursal vuelve a ser negativa, recuperando la correlación histórica”. Sin embargo, “sigue intacto el indicador de deudores concursados como variable adelantada al ciclo económico, lo que apunta a una ralentización paulatina de la actividad económica sin llegar a una recesión”.

Bárbara Pitarque en su intervención también se ha referido al impacto de las medidas económicas para paliar los efectos de la DANA. Para la vicepresidenta segunda del REFOR, “esta moratoria concursal supone una reducción temporal de concursos declarados ya que se aplazará la declaración formal de la insolvencia, pero como contrapartida supondrá un colapso en el sistema judicial en el momento que finalice la moratoria”.

A su juicio, “la DANA ha supuesto la desaparición del tejido empresarial de las localidades afectadas, comercios y empresas, afectando al empleo e impactando también en sus acreedores que, aun siendo de zonas no afectadas, se verán afectados por imposibilidad de cobrar. Es un momento de verdadera crisis empresarial en la provincia de Valencia”, ha concluido.

Según se indicó, el número de concursos de acreedores de personas físicas y autónomos se han incrementado un 185,46% en el tercer trimestre de 2024 con respecto al mismo período de 2023; mientras que los concursos de sociedades han aumentado un 16,07%. Si se compara el tercer trimestre de 2024 con el mismo período de 2019, el incremento para personas naturales más autónomos ha sido de un 1.222,21%, y de un 26,14% en sociedades.

En cuanto a los concursos sin masa —tipo de procedimiento abreviado para empresas y particulares con sobreendeudamiento sin activos para hacer frente a las deudas—, se han incrementado un 126%, desde los 6.955 de 2022 a los 15.693 de 2023; y representan en el tercer trimestre de 2024 el 84% de los concursos de acreedores.

En 2023, el 0,23% de las empresas españolas acudieron al concurso, aproximadamente una de cada 430 empresas. La evolución del peso concursal de autónomos, microempresas y pequeñas empresas de manera agregada no ha experimentado grandes variaciones (llegando en 2023 al 84% de los concursos). Pero sí se observa especialmente en 2022 y 2023 un fuerte incremento aislado del peso de los concursos de autónomos frente al resto de concursos.

También el pasado año, los concursos de acreedores en nuestro país tienen como protagonistas a los autónomos que representan un 49% de los concursos de empresas. Por lo que se refiere a las micropymes (empresas con menos de 10 trabajadores), éstas siguen teniendo un peso muy considerable y constituyen el segundo grupo más abundante con el 25% de los concursos.

Los concursos de personas físicas se cuadruplican en 4 años (de 2019 a 2023) y experimenta un importantísimo crecimiento, llegando a ser más de 13.000 en el año 2023 (13.398) con un crecimiento del 75% sobre el 2022 y superando ya al número de concursos de personas jurídicas.

Las empresas valencianas necesitan medidas de choque para que puedan mantenerse viables. (Imagen: Consejo General Economistas)

En cuanto al retrato robot concursal, en 2023 los concursos de acreedores en nuestro país tienen como protagonistas a los autónomos que representan un 49% de los concursos de empresas. Por lo que se refiere a las micropymes (empresas con menos de diez trabajadores), estas siguen teniendo un peso muy considerable y constituyen el segundo grupo más abundante con el 25% de los concursos. No obstante, supone un decrecimiento reseñable si tenemos en cuenta que en 2021 suponían un 40% de los concursos y en 2020 más del 50%.

Los concursos de acreedores de pequeñas empresas han ido disminuyendo, pasando de ser 36% del total de concursos en 2005 al 9,7% en 2023; por su parte los de medianas y grandes empresas han pasado de suponer el 14% a ser el 1,5%.

Referido a la evolución por sectores, el sector económico con mayor número de concursos en 2023 es el del comercio con 1.168 concursos; la construcción pasa a la segunda posición con 763; el sector de la industria y energía asciende a la tercera posición con 688; el sector profesional pasa a ser el cuarto con 646; mientras que la hostelería se mantiene en la quinta posición con 463. En 2023 han disminuido los concursos en todas las áreas salvo en el sector de industria y energía y el de la agricultura y pesca que son las únicas áreas que se incrementan. Estos 5 sectores: comercio, hostelería, servicios profesionales, construcción y energía concentran, con 3.728 concursos, más de la mitad de los concursos habidos en 2023 (en concreto un 82%).

En cuanto a la distribución territorial de los concursos, en la mayoría de las comunidades autónomas disminuye el número de concursos en 2023 respecto de 2022. Cataluña es la comunidad autónoma que tiene un mayor número de concursos en 2023. Las comunidades autónomas de Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía concentran con 5.078 concursos en 2023 el 70% del total de concursos de acreedores de empresas, 7.298. Estas cuatro Comunidades Autónomas y el País Vasco, a las que se añaden Galicia, Islas Canarias y Aragón superan el umbral de los 250 concursos de acreedores de empresas.

Asimismo, en cuanto a la relación entre el número de empresas y el número de concursos de acreedores, el 0,23% de las empresas españolas acudieron al concurso en ese ejercicio (aproximadamente una de cada 430 empresas). Cataluña es la Comunidad Autónoma en la que más concursos se produjeron en relación al número de empresas con un 0,37%. Le siguen Aragón y Navarra con un 0,31%; la Comunidad Valenciana con un 0,29%; Madrid y el País Vasco con 0,24%. Mientras que las Comunidades Autónomas con menos porcentajes de concursos en relación con su número de empresas son Cantabria, con un 0,10%,; Extremadura, con un 0,13%; y Ceuta y Melilla con un 0,04%.

Cataluña, Valencia y Andalucía acumulan, según el Atlas concursal, el 70% de los concursos nacionales. (Imagen: E&J)

Concursos sin masa, o “concursos exprés”

Otro dato que han destacado desde el REFOR es el referente a los concursos sin masa (tipo de procedimiento abreviado para empresas y particulares con sobreendeudamiento sin activos para hacer frente a las deudas), los cuales se han incrementado un 126% desde los 6.955 de 2022 a los 15.693 de 2023; y representan en el tercer trimestre de 2024 el 84% de los concursos de acreedores.

Planes de reestructuración PR

La mayoría de los Planes de Reestructuración adoptados han sido de pymes. Según datos de Informa D&B, de enero a octubre 2024, se han aprobado 280 reestructuraciones, de las cuales casi el 75% son de micros y pequeñas empresas; esto es 3 de cada 4 planes adoptados.

La gran apuesta de la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma concursal por los planes de reestructuración (antes acuerdos de refinanciación) sitúan a estos procedimientos como unas herramientas alternativas al concurso fundamentales, que han seguido evolucionando al alza en 2024 y esperamos que en mayor medida en 2025.

Economía sumergida concursal

Los pagos del FOGASA de enero a diciembre 2023, han aumentado en torno al 6% y la ratio que los compara con el número de concursos de acreedores ha empeorado ligeramente pasando de 0,74 a 0,87 con respecto a 2022. No obstante, según los expertos del REFOR, habrá que esperar a que transcurra más tiempo, pues debido a las sucesivas moratorias es posible que esta ratio no refleje todavía con exactitud toda la economía sumergida concursal. Así, en 2023 según nos vamos alejando de estas moratorias empieza a incrementarse la ratio que compara pagos del FOGASA/concursos de acreedores, y se va aproximando a una situación que ya se expuso en la edición 2023 del Atlas Concursal.

Procedimientos concursales electrónicos de micropymes

De enero a octubre de 2024 se han tramitado 1.178 procedimientos electrónicos de microempresas (según datos de Informa D&B), que frente a los 326 que hubo en 2023, supone un incremento del 261%; es decir, se han más que triplicado. En 2025 se espera que continúen incrementándose según se vaya extendiendo este sistema electrónico a todo el territorio nacional.