Expertos exigen más seguridad jurídica para los contratistas del sector público

El despacho Herbert Smith Freehills, en colaboración con IE University – Center for Transport Economics and Infrastructure Management, ha celebrado un evento en el que varios expertos han defendido que las reclamaciones de revisión de los precios de los contratos públicos están justificadas. Además, han demandado una mayor seguridad para las entidades que contratan con las empresas que conforman el Sector Público.

El consultor de Herbert Smith Freehills y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Guillén, manifestó durante la jornada el carente interés de las empresas por realizar licitaciones de carácter público, además de prorrogar los contratos, en un marco en el que la inflación y el incremento de los precios de las materias primas hacen que los contratistas no puedan realizar los proyectos al elaborarse un relevante desajuste en las condiciones económicas que se pactaron, desde un inicio, en el contrato.

Revisión de precios

Guillén quiso hacer referencia a la solución legal que ha sido llevada a cabo por el Real Decreto -Ley 3/2022 que insertó un mecanismo excepcional de revisión de precios en los contratos públicos de obra afectados por la subida de los materiales, que el concepto de riesgo imprevisible reconoció, siempre que se produjese un aumento del precio superior un 5% del importe certificado y hasta un máximo del 20%. Una normativa que ha dejado de estar en vigor hace unos pocos días y que se ha ceñido a los contratos de obra.

Javier Guillén (Foto: Herbert Smith Freehills)

Asimismo, el consultor de la firma legal explicó que tanto el Consejo de Estado como el Tribunal Supremo han adquirido la doctrina de riesgo imprevisible y añade que: “su falta de inserción expresa en las normas de contratación hace que esta interpretación sea complicada, por lo que se está suponiendo una interpretación muy restrictiva de este supuesto”. Por ello, apeló a: “generar una mayor certidumbre para los operadores económicos para lo que sería necesario incluir y delimitar este supuesto en la Ley de Contratos del Sector Público”.

El secretario de la Junta Consultiva de contratación pública del Estado, Miguel Pardo, ha analizado la interpretación de la junta sobre la revisión de precios en los contratos públicos y, según los daros del Ministerio de Hacienda, ha asegurado que: “ha habido un incremento enorme de precios en un periodo de tiempo muy corto que justifica las reclamaciones de los contratistas”. Pardo ha incidido en que la subida supone la quiebra de la economía del contrato lo que resalta la necesidad de revisar precios puesto que: “no es que las empresas no quieran ejecutar los contratos, es que no pueden sostenerlos porque ejecutan a pérdidas”.

A lo largo de la jornada, que estuvo presentada por el presidente del IE University – Center for Transport Economics & Infrastructure Management, Julio Gómez-Pomar; Pardo resaltó que tanto las Directivas europeas como la legión española contemplan la figura de la revisión de precios. Según el consultor, la problemática existe en que se trata de una figura muy compleja que posee una regulación muy restrictiva, de forma especial en contratos de servicios y suministros.

Situación de reequilibrio

(Foto: Lawyerly)

Pardo coincidió con Guillén sobre que el riesgo imprevisible es la única manera y la más correcta para la revisión de precios. Además, aseguró que la fórmula del artículo 205.2b de la Ley de Contratos del Sector Público no era viable puesto que: “se refiere a modificaciones del objeto del contrato y no del precio”.

El managing director del área de Expert Services y líder del grupo de Construcción e Infraestructuras de Kroll, José Manuel Albaladeio, aseguró que, para los contratistas: “no hay una garantía razonable de que se vaya a pagar por lo que realmente vale el contrato”. En su opinión, “la base de todo está en llegar a una situación de razonable reequilibrio. Es necesaria una normativa y un marco jurídico que establezca unos límites claros, pues un buen contrato es fundamental en la contratación pública para que no haya abandono del proyecto”. Asimismo, apeló a que los contratistas puedan: “acudir a la licitación de manera razonable y equilibrada” porque, apostilló que: “cuanto más pueda acomodarse un contrato a un proyecto cambiable y duradero en el tiempo, más fácil va a ser que haya propuestas competitivas en las licitaciones”.