Francisco Javier Lara: “Ponerse de perfil en una situación tan grave no es justo ni bueno”

Francisco Javier Lara, ex decano del Colegio de Abogados de Málaga no se siente suficientemente apoyado por la “abogacía institucional” en el proceso en el que está siendo juzgado por un presunto delito de desobediencia grave. A este respecto, asegura en declaraciones a Economist & Jurist que “el apoyo que tengo del Consejo General de la Abogacía es testimonial”, y subraya que “ponerse de perfil en una situación tan grave no es justo ni bueno”.

El pasado 5 de abril, el decano emérito del Colegio de Abogados de Málaga (ACAMALAGA) recogió en el juzgado la calificación del fiscal en la que le acusa de desobediencia. Una vez cumplido este trámite, el abogado tiene que presentar su escrito de defensa y a partir de ahí esperar a si se abre juicio oral. El fiscal también le había impuesto una fianza de 5.400 euros.

El abogado estuvo acompañado por los componentes de la Junta de Gobierno de ICAMALAGA de la que fue decano y que, además, decidieron junto a Lara no enviar al juzgado a los abogados de oficio el 6 de mayo de 2020. Además, se personaron un nutrido grupo de letrados para trasmitirle su apoyo.

La fianza pedida por el fiscal ya ha sido consignada gracias a las aportaciones individuales de abogados. Respondían así a un llamamiento realizado por Altodo (Asociación de Letrados y Letradas por un Turno de Oficio Digno), que en un comunicado pidió a la abogacía española que apoyaran a Lara mediante el ingreso de un euro en la cuenta corriente del Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga.

Precisamente este apoyo de la “abogacía de a pie” es el que Lara contrapone al de la “abogacía institucional” a la hora de recriminar que ésta no le estaría apoyando de manera contundente.

Victoria Ortega Benito, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (Foto: CGAE)

Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) decidió asistir jurídicamente como codefensora a Francisco Javier Lara. Por su parte, la Junta de Gobierno del ICAMALAGA aprobó la presentación de un aval bancario para garantizar el pago de la fianza impuesta al que fue su decano.

Sin embargo, a juicio de Lara, estos apoyos son testimoniales. Por lo que respecta al CGAE, señala que “Victoria Ortega vino en noviembre de 2021 cuando declaré en el Juzgado de Instrucción, pero más allá de eso, nada”. Además, reprocha que “cuando se han convocado concentraciones no ha ido nadie del Consejo. Tampoco ha habido un manifiesto contundente de apoyo”.

En cuanto al Colegio del que fue decano, afirma que “solo cuando se ha visto el apoyo de la abogacía de a pie ha sido todo cuando el colegio de Málaga se ha visto abocado a hacer el aval. Es una cosa testimonial. Los compañeros estamos todos a una, pero no la abogacía institucional. Hasta el último momento el Colegio de Málaga no se ha movido”.

Lara ha planteado desde el primer momento su caso como un ataque a toda la abogacía, algo en lo que es apoyado por algunas organizaciones como Altodo la cual, por cierto, también ha acusado en alguna ocasión al CGAE de “ponerse de lado” y no apoyar a Francisco Javier Lara. En este sentido, el letrado afirma que “si la abogacía institucional mira para otro lado, puede perder el partido”, por eso pide que el CGAE “se posicione” y que lo haga con “contundencia”.

Juan Manuel Mayllo, presidente de Altodo. (Foto: E&J)

El inicio de este caso se remonta al 6 de mayo de 2020. Ese día, la juez de guardia pidió la presencia de cuatro abogados del turno de oficio para asistir a unos detenidos. Dado que en ese momento la pandemia de covid estaba casi en su cénit, se temió por la salud de los abogados. Esto llevó al decano, con el apoyo unánime de la Junta de Gobierno de ICAMALAGA a tomar la decisión de que las asistencias requeridas fueran realizadas a través de videoconferencia, algo que, por otra parte, ya se estaba haciendo entonces.

Esto no gustó a la magistrada, que dictó una providencia en la que hacía constar que, en el caso de que los abogados no acudieran a su requerimiento, se procedería a informar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, al Consejo General del Poder Judicial, al Defensor del Pueblo, a la Consejería de Justicia, sin perjuicio de deducir testimonio por presunto delito de desobediencia.

Finalmente, el Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga acusó a Lara de delito de desobediencia, previsto en el art. 556.1 del Código Penal, porque, a su juicio, desobedeció un requerimiento judicial “de modo consciente y a sabiendas de su deber de cumplimiento”. En sus conclusiones, el fiscal ha acusado a Lara de un supuesto delito de desobediencia grave y ha pedido para él una fianza de 5.400 euros.

El hecho de que la fiscalía mantenga la acusación contra Lara cuando fue la Junta de Gobierno del Colegio la que tomó la decisión de no enviar a los abogados ha llevado al ex decano a asegurar que todo este asunto tiene un componente personal y es “una cuestión de venganza y revanchismo” y a acusar a la fiscalía de cometer “prevaricación”.