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Noticias Jurídicas

Francisco Marhuenda denuncia en su discurso de ingreso en la RAJYL las intromisiones del Ejecutivo en la separación de poderes

Gran expectación para escuchar a este profesor de universidad, jurista y conocido comunicador, que además fue el primer director de 'Economist & Jurist'

Abrazo de Manuel Pizarro, presidente de la Real Academia de la Jurisprudencia y Legislación (RAJYL), al nuevo académico, Francisco Marhuenda. (Imagen: E&J)

Luisja Sánchez

Periodista jurídico




Tiempo de lectura: 6 min

Publicado




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Francisco Marhuenda denuncia en su discurso de ingreso en la RAJYL las intromisiones del Ejecutivo en la separación de poderes

Gran expectación para escuchar a este profesor de universidad, jurista y conocido comunicador, que además fue el primer director de 'Economist & Jurist'

Abrazo de Manuel Pizarro, presidente de la Real Academia de la Jurisprudencia y Legislación (RAJYL), al nuevo académico, Francisco Marhuenda. (Imagen: E&J)

Ni la tarde desapacible de este lunes lluvioso y frío, una más a lo largo de este mes de marzo, evitó lo que ya se barruntaba hace días: que el discurso de ingreso de Francisco Marhuenda, director de La Razón, sobre la separación de poderes y el Estado de Derecho en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación (RAJYL) y la contestación por parte del académico de número Antonio Fernández de Buján, llenase de juristas su salón principal, como en los buenos tiempos de la institución.

La réplica de Fernández de Buján sirvió para conocer mejor al nuevo académico de la RAJYL y como había vertebrado su discurso de ingreso en 9 capítulos, analizando a fondo el devenir de la separación de poderes desde las primeras sociedades, pasando por Locke y Montesquieu para llegar a la sociedad actual.



Marhuenda es doctor en Derecho, en Periodismo y en Historia. Desde 2022, es titular de la Cátedra de Derecho Público, Historia de las Instituciones de la Universidad UNIE. En marzo de 2022 también ingresó en la Real Academia de Doctores.

En su discurso sobre los orígenes históricos de la separación de poderes y el Estado de Derecho, Marhuenda se refirió a las civilizaciones griegas y romanas como el origen de la democracia, a los valores de igualdad, justicia y derechos humanos que introdujo el cristianismo para luego denunciar la voracidad de nuestro Poder Ejecutivo, que tiende a utilizar al Legislativo y a plantear conflictos por doquier al Poder Judicial: “Esos conflictos están debilitando al propio Poder Judicial; un Poder Judicial fuerte sostiene a nuestro Estado democrático y de Derecho” comentó.



Por la entrada de esta entidad se dejaron ver destacados juristas como Pablo Llarena, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, con su mujer Gema Espinosa, ahora vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); Manuel Marchena, expresidente de esa Sala Penal y flamante Premio a la Independencia Judicial de Economist & Jurist Group; Enrique López, magistrado de la Audiencia Nacional; Dimitry Berberoff, vicepresidente del Supremo; los magistrados del Tribunal Constitucional, Enrique Arnaldo y José Manuel Macías; los expresidentes del citado Tribunal, Juan José González y Francisco Pérez de los Cobos; y el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón; entre otros juristas.

Fue el propio decano del ICAM quien reveló a E&J otro dato destacado sobre Francisco Marhuenda: “Es el Archivero Mayor del Colegio de la Abogacía de Madrid. Ha tenido una gran contribución a la digitalización de todos los fondos históricos. Es un profesional, desde el punto de vista jurídico, de impecable prestigio. Es una satisfacción que un compañero del Colegio de la Abogacía de Madrid ingrese en esta entidad. De ahí la satisfacción y apoyo de nuestra entidad hacia su persona”.

Francisco Marhuenda entre Eugenio Ribón, decano del ICAM, y Pablo Capel, director general de ‘Economist & Jurist Group’. (Imagen: E&J)

Elogio a José Juan Pintó Ruiz

En su discurso Marhuenda hizo referencia a su predecesor en la RAJYL, “cuya medalla 36 tengo el honor de ocupar como fue el excelentísimo señor don José Juan Pintó Ruiz, extraordinario jurista con el que mantuve una estrecha amistad. Fue decano del Colegio de Abogados de Barcelona, vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española, académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña, de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras y de la Real Academia de Doctores”.

Al mismo tiempo Marhuenda recordó que Pintó “fue presidente de la Caja de Barcelona, copresidente de La Caixa y presidente de su Fundación. También fue presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro, presidente Honorario del Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE), miembro de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de Cataluña, miembro del Consejo Asesor de la revista y alma de Economist & Jurist, revista de la que fui su primer director. Méritos que le llevaron a conseguir las máximas condecoraciones de la abogacía como la Cruz de honor de San Raimundo de Peñafort; la Cruz de San Jordi de la Generalitat de Cataluña o la Cruz de la Abogacía del CGAE, entre otras”.

Precisamente entre los asistentes se encontraban Alejandro Pintó, presidente de E&J Group; Jorge Pintó, consejero delegado del Grupo Difusión; y Pablo Capel, director general de E&J Group; quienes escucharon las palabras del nuevo académico sobre su padre (el de Alejandro y Jorge Pintó), como gran jurista: “Fue un hombre bueno y sabio. Su generosidad, su lucidez, y su capacidad de trabajo, su amor al prójimo nos queda como legado permanente y nos seguirá el resto de nuestros días”, sentenció Marhuenda.

Jorge Pintó, consejero delegado de Grupo Difusión, junto a Francisco Marhuenda. (Imagen: E&J)

También acudieron a esta convocatoria Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular; con Cuca Gamarra, portavoz en el Congreso; José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid;  Pedro  Ramon y Cajal, socio fundador de Ramón y Cajal Abogados; el exmagistrado de la Audiencia Nacional y ahora abogado, Javier Gómez de Liaño; acompañado del fiscal Ignacio Stampa; Ana Ercoreca, presidenta de FEDECA y del sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social; Eva Blázquez, catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Carlos III; Fernando Luján de Frías, vicesecretario General Política Sindical UGT; y Cándido Méndez, exsecretario general de UGT.

Entre los miembros de la RAJYL de la que es presidente Manuel Pizarro hicieron acto de presencia la totalidad de sus académicos de número, entre los que se pudieron destacar a Fernando Vives, presidente ejecutivo de Garrigues; Luis Martí, exdecano del ICAM; Juan Antonio Sagardoy, socio fundador de Sagardoy Abogados; Bernardo Cremades, fundador de B. Cremades Asociados; Luis María Cazorla, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Rey Juan Carlos y abogado del Estado; Ana Fernández-Trasgueras, notaria; Eduardo Torres-Dulce, exfiscal general del Estado; Ignacio Astarloa, profesor emérito de ICADE; y la exfiscal general del Estado, Consuelo Madrigal; entre otros.

El Estado de Derecho en peligro

En su detallado análisis histórico sobre la división de poderes, Francisco Marhuenda recordó la necesidad de hacer un recorrido histórico por las sociedades humanas. Al final las aportaciones de la Grecia clásica y de la república romana han sido claves para la limitación del poder gracias a un sistema de gobierno basado en la participación ciudadana y el poder del pueblo. Roma no creó la democracia, pero desarrolló principios claves del gobierno representativo. El Estado de Derecho, la división de poderes y la representación política provienen de Roma. Sus instituciones influyeron en la Constitución de Estados Unidos, la revolución francesa y los sistemas parlamentarios modernos.

A su juicio, la evolución de la democracia en países como España “conduce a una intromisión del Poder Ejecutivo de los otros dos, Legislativo y Judicial destacados por Montesquieu en el siglo XVIII. El sistema de contrapesos se debilita y el Poder Legislativo se convierte en una mera correa de transmisión del Gobierno y sus aliados. La Administración se politiza y la falta profesionalización en los altos cargos nombrados a dedo es evidente. En este contexto el poder de la grandes tecnológicas y las redes sociales hay que tenerlo en cuenta. Hay que buscar que el Poder Ejecutivo no contamine al Legislativo y al Judicial”.

Momento del discurso de Francisco Marhuenda sobre la separación de poderes. Enfrente del nuevo académico de la RAJYL se encuentra Antonio Fernández de Buján, que le daría réplica. (Imagen: E&J)

Francisco Marhuenda valoró de forma notable el esfuerzo hecho por la Constitución de 1978 y el tránsito de la dictadura a un nuevo régimen democrático, “sin embargo, en la actualidad el Estado de Derecho y la separación de poderes se enfrentan a problemas serios. Es fundamental la coexistencia de esos tres poderes para lograr la estabilidad del sistema democrático. Nos preocupa el uso abusivo de los Reales Decretos Leyes para que el ejecutivo no asuma el papel del legislativo, y la falta de meritocracia en algunos cargos públicos ocupados por personas sin formación adecuada pero que favorecen a intereses personales”.

Al mismo tiempo subrayó que “el Tribunal Constitucional se ha convertido en un contrapoder porque hay vínculos políticos de sus magistrados que ocuparon cargos como el de fiscal general del Estado, vocales del CGPJ o de libre designación política como ministros y directores generales. Su actual presidente lo ha convertido como un tribunal de casación del Supremo. Igual sucede en el Consejo de Estado donde se han colocado a vicepresidentas o exministras como Carmen Calvo, María Teresa Fernández o Magdalena Valerio entre otros. Junto a estos muchos políticos han pasado al sector público sin tener la preparación adecuada”.

En el final de su discurso de ingreso a la RAJYL, Marhuenda indicó “la necesidad de hacer un llamamiento al cumplimiento de la ley y a la necesidad imperiosa de tener en cuenta que los tres poderes del Estado están sometidos a la Constitución Española, y al resto del ordenamiento jurídico, además teniendo la obligación de mantener la indisoluble unidad de la nación española, cada uno dentro del ámbito de sus funciones. Es preocupante que las decisiones gubernamentales se tomen sin un apoyo legal y social y que se tramiten normas que pasan por encima de otras de rango superior debilitan la democracia y el sistema jurídico que se logró con tanto esfuerzo”.

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