Frente a la empresa pública de vivienda de Sánchez, Ayuso plantea 9 rebajas fiscales para la compra o el alquiler

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los tres problemas de los españoles. El propio rey Felipe VI de Borbón señalaba en su discurso de Navidad de este año la necesidad de llegar al consenso con las políticas de vivienda cuando vino a decir que “es importante, de nuevo, que todos los actores implicados reflexionen, se escuchen unos a otros, que se examinen las distintas opciones y que sea ese diálogo el que conduzca a soluciones que faciliten el acceso a la vivienda en condiciones asumibles, en especial para los más jóvenes y los más desprotegidos. Y realmente podemos hacerlo”.

Mientras el Gobierno ultima su empresa pública de vivienda —en un enésimo intento por reactivar el mercado de la vivienda en nuestro país—, en un escenario donde las competencias de viviendas corresponden a las comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid estrenará en 2025 un total de 9 rebajas de impuestos enfocadas a facilitar la compra y el alquiler de viviendas y que supondrán un ahorro de 170 millones de euros para los madrileños.

En este contexto, Unión General de Trabajadores (UGT) también ha denunciado al Comité Europeo de Derechos Sociales la errática política de vivienda que hay en nuestro país, y la necesidad que se establezcan unas mejoras porque los alquileres se han disparado en las grandes ciudades y adquirir una vivienda es difícil, según explicaron a Economist & Jurist recientemente Fernando Lujan y Pepe Álvarez, dirigentes de UGT.

El objetivo principal de esta batería de medidas que la Comunidad de Madrid pondrá en marcha y que se aplicará en el marco de la campaña de la Renta 2024, es favorecer el alquiler y la compra de pisos, con especial atención a los jóvenes. Un problema serio como ha denunciado E&J en varias ocasiones a través de expertos como son los catedráticos Sergio Nasarre o Joan Manuel Trayter, quienes creen que la política estaban debe dar un giro de 180 grados.

Las medidas también se dirigen a estimular el aumento de población en núcleos rurales, con una serie de deducciones contempladas en los presupuestos regionales para 2025, específicas para quienes se establezcan en municipios de menos de 2.500 habitantes. Además, se prevén ayudas fiscales dirigidas a los afectados por las obras de la línea 7B de Metro en San Fernando de Henares que adquieran un inmueble que sustituya al dañado.

Con estas nuevas bajadas, detalladas tras el Consejo de Gobierno por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, el Ejecutivo regional continúa aprobando y aplicando medidas para seguir como la Comunidad Autónoma de España con los impuestos más bajos para todos los contribuyentes, además de ser la única que carece de propios.

En 2025 están previstas, además, las nuevas rebajas fiscales en sucesiones y donaciones con un ahorro que ascenderá a otros 130 millones de euros.

El problema de la vivienda es serio. UGT ha denunciado la política del Gobierno al Comité Europeo de Derechos sociales. (Imagen: UGT)

Deducciones fiscales para el 2025

Las deducciones fiscales podrán ser aplicadas por los contribuyentes que cumplan los requisitos en la próxima campaña de la Renta, así como tres bonificaciones sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD).

La primera de las deducciones supondrá 1.000 euros por el arrendamiento de viviendas vacías, y se la podrán aplicar los pequeños propietarios que firmen contratos con una duración efectiva de, al menos, tres años. Cerca de 20.000 beneficiarios podrán ahorrarse 20 millones de euros.

En cuanto a la segunda, Ayuso explicó que pretende amortiguar el incremento de las cuotas de préstamos variables por la subida de tipos, tomando como referencia el Euribor a diciembre de 2022, con un límite de 300 euros y siempre que se trate de la vivienda habitual. Esta no debe haber costado más de 390.000 euros y la renta familiar per cápita no superar los 30.930 euros. Se estima que alcanzará a 450.000 hipotecados y la reducción para sus beneficiarios será de 90 millones.

Además, como tercera deducción se amplía el ámbito de aplicación de la deducción por arrendamiento de vivienda habitual vigente, elevando la edad máxima para poder aplicarla de 35 a 40 años. Con esta medida, se beneficiarán cerca de 45.000 contribuyentes, que se sumarían a los 65.000 que actualmente se acogen a ella, generando un alivio fiscal adicional de 50 millones de euros anuales.

Presión fiscal contra la despoblación

Entre estas deducciones, se incluyen también las aprobadas con el objetivo de combatir la despoblación de los municipios rurales (con menos de 2.500 habitantes), como las ayudas a los menores de 35 años que cambien a estas localidades su residencia habitual, quienes podrán deducirse 1.000 euros, independientemente de que compren o alquilen una vivienda.

Además, se podrán deducir el 10% del precio de adquisición, con un límite anual de 1.546 euros, durante 10 ejercicios fiscales. En este caso se calcula que podrán beneficiarse unos 1.200 ciudadanos, con un ahorro de 1,6 millones.

Expertos como Sergio Nasarre, catedrático de Derecho Civil y fundador de la Cátedra UNESCO de vivienda, ve necesario un cambio de estrategia más flexible para evitar que los precios se encarezcan. (Imagen: Congreso de los Diputados)

A ello podrán sumar una bonificación adicional del 100% en los impuestos de Transmisiones Patrimoniales en caso de adquisición de vivienda de segunda mano, y de Actos Jurídicos Documentados para vivienda nueva. El impacto previsto es de 7 millones de euros en ahorro para los madrileños.

Además, los presupuestos regionales para 2025 contemplan una nueva bonificación del 100% en ITP para inmuebles de segunda mano, y en AJD para los de obra nueva, dirigida a aquellos afectados de la línea 7B en San Fernando de Henares que adquieran un inmueble que sustituya al dañado.

Asimismo, la nueva rebaja aprobada en el IRPF para atraer inversiones de nuevos contribuyentes procedentes del extranjero será del 20% de la aportación realizada en obligaciones, bonos, letras del tesoro, acciones de sociedades cotizadas y no cotizadas o aportaciones en sociedades limitadas, entre otras; y será aplicable a los cambios de residencia realizados desde el propio ejercicio 2024.

Se trata de la llamada ‘Ley Mbappé’, aprobada recientemente por la Comunidad de Madrid que implica que para acogerse a la misma se exige mantener tanto la inversión como la residencia fiscal en la región durante un mínimo de 6 años. Para tener derecho a ella el declarante deberá fijar su residencia fiscal en la región y no puede haber sido residente en España durante los cinco años anteriores al cambio de ubicación.

Además, y entre otras limitaciones, no se puede invertir en entidades domiciliadas en paraísos fiscales. El beneficiario tampoco puede ejercer funciones ejecutivas ni de dirección o mantener una relación laboral con la entidad en la que haga sus aportaciones.

Sus medidas fiscales son las que hacen que la Comunidad de Madrid haya vuelto a liderar el ranking del informe de competitividad regional que elabora anualmente el Consejo General de Economistas de España.

Histórica de bajada de impuestos

En total, el Gobierno regional, bajo la presidencia de Isabel Díaz Ayuso, ha llevado a cabo 21 bajadas de impuestos, lo que ha generado un ahorro fiscal superior a los 31.300 millones de euros para los madrileños. Estas medidas no solo consolidarán a la Comunidad de Madrid como un destino atractivo para la inversión, sino que también ofrecerán un respiro a los ciudadanos y fomentarán el crecimiento económico y la competitividad de la región.

A ellas se sumarán en 2025 las dos previstas en el nuevo proyecto de ley que contempla bonificaciones en sucesiones y donaciones para familiares de tercer grado. En ellos se elevará al 50% la bonificación para las operaciones entre hermanos y entre tíos y sobrinos por consanguinidad, que actualmente se encuentra en el 25%. De esta manera, la Comunidad de Madrid será la primera región que introducirá esta medida en ambas modalidades del impuesto para este grado de parentesco.

Además, se establecerá una bonificación del 100% en el caso de las donaciones esporádicas entre particulares que sean inferiores a 1.000 euros. También se eliminará el requisito formal de otorgamiento de documento público para aplicar las ya existentes.

El Gobierno regional estima que con estas nuevas rebajas de impuestos habrá un ahorro fiscal de casi 130 millones de euros anuales que beneficiarán a alrededor de 13.000 madrileños.

Estas políticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid han hecho que tanto el Gobierno de Pedro Sánchez como otras comunidades autónomas hayan acusado a Ayuso de dumping fiscal, es decir, de ofrecer beneficios y reducciones extraordinarias con el fin de atraer contribuyentes de otros territorios.

“El Gobierno madrileño solo se dedica a bajar impuestos a los más ricos” ha señalado Esther Peña, la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE. Mientras tanto, estudios como el de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales han indicado que Madrid es la comunidad que menos invierte en Sanidad, Educación y servicios sociales en toda España.

Frente a esas declaraciones los datos, la Comunidad de Madrid es la primera opción para el capital foráneo que llega al país, recibiendo 16.946,1 millones de euros, el 71,8% del total nacional en los primeros tres trimestres de 2024, o lo que es lo mismo, dos de cada tres euros de las inversiones extranjeras realizadas en España lo son en la región.

Por otro lado esa Comunidad Autónoma ha liderado la creación de empresas en octubre, con un incremento del +32% respecto al mismo mes del año pasado y 2.621 nuevas sociedades. En España, el aumento ha sido del +28,8%, más de tres puntos inferior. Por detrás se sitúan Cataluña (2.003) y Andalucía (1.857). Así, prácticamente una de cada cuatro compañías fundadas en el país (el 24,5%) ha elegido la región para iniciar su actividad.