Funcionarios de toda España se manifiestan en Madrid reclamando a Justicia una negociación que no llega

Han pasado 71 días desde de que se iniciaran las protestas de los funcionaros de Justicia contra el Ministerio. Hoy vuelven a Madrid para mostrar su descontento con la gestión de la ministra, Pilar Llop, ausente de este conflicto, y de su equipo ministerial que ha decidido que hasta que no se forme nuevo Gobierno no va a negociar con ellos.

Ni las altas temperaturas que habrá en Madrid, ni los muchos días sin tener noticias de Justicia han frenado el ímpetu de estos 45.000 funcionarios, que ven cómo pasa el tiempo sin que llegue la subida salarial que reclaman. El Comité de Huelga formado por delegados sindicales de CCOO, CSIF; UFGT y STAJ apura las últimas opciones que les quedan.

Ni siquiera los encierros organizados en la última semana en las sedes judiciales de Madrid, Barcelona, Murcia, Cartagena y Navarra han surtido efecto. Al mismo tiempo se recrudece la presencia de estos funcionarios en los mítines del PSOE, pero por el momento no hay ningún efecto.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realiza campaña por toda España sin incluir entre sus promesas la mejora de la justicia, un servicio público que ya sufrió por el Covid y que, ante la pasividad del Ministerio de Justicia ha agravado su situación tras las huelgas de diferentes colectivos.

En esta oportunidad, los funcionarios de juzgados y tribunales vuelven a manifestarse hoy martes en Madrid después de más de un mes de huelga indefinida, que comenzó el pasado 22 de mayo y que los trabajadores decidieron mantener para exigir mejoras salariales y laborales pese a no tener avances en sus negociaciones con el Ministerio de Justicia.

Miembros del Comité de Huelga encerrados en el Ministerio tras fracasar la negociación. (Foto: Comité de Huelga)

Esta es la tercera marcha promovida por los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT desde que iniciaran el 17 de abril movilizaciones y paros puntuales, y recorrerá el centro de la capital desde el Ministerio de Justicia hasta el de Hacienda y Función Pública para exigir diálogo a ambos departamentos. La anterior manifestación, que tuvo lugar el 25 de mayo, congregó a más de 10.000 funcionarios procedente de toda España.

Tras los acuerdos alcanzados con letrados judiciales, jueces y fiscales, los sindicatos reclaman una subida salarial de entre 350 y 430 euros brutos mensuales, así como la negociación de cualquier nueva ley que afecte a sus condiciones de trabajo. Sin embargo, el Gobierno se escuda en el adelanto electoral para no negociar con ellos. Así se lo han dicho en las contadas ocasiones en las que ha habido diálogo entre las partes

Las asambleas de trabajadores decidieron hace dos semanas por una mayoría «aplastante» mantener la convocatoria de huelga, a pesar del adelanto electoral, y planean otra manifestación que termine en el Palacio de la Moncloa la semana del 10 de julio, en plena campaña.

La última oferta del Ministerio fue retomar las negociaciones tras la conformación de los nuevos gobiernos autonómicos y el nacional, a lo que los representantes sindicales respondieron con dos encierros, primero en la sede de Justicia al término de la última reunión fallida, y la semana pasada en varios juzgados de Madrid, Barcelona, Murcia y Navarra.

Antes de los funcionarios, a las 11 de la mañana, el personal laboral de la administración de Justicia también está llamado a una concentración frente a Justicia para reclamarle al departamento dirigido por Pilar Llop que negocie sobre «sus propios compromisos».

Psicólogos, trabajadores sociales, educadores forenses, peritos judiciales, traductores-intérpretes, técnicos en anatomía patológica, archiveros, ordenanzas y personal de mantenimiento reivindican unas «condiciones de trabajo dignas» en las comunidades autónomas en las que no están transferidas las competencias de Justicia: Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares, Ceuta y Melilla.

Seis meses muy duros

Desde el Consejo General de la Abogacía (CGAE) y el Consejo General de Procuradores (CGPE) se ve con preocupación la situación generad en este primer semestre del año. Sus dirigentes, Victoria Ortega y Juan Carlos Estévez, respectivamente, han enviado una carta a Pedro Sánchez pidiendo una solución al conflicto. En el caso de la abogacía institucional, mañana miércoles habrá concentraciones en toda España promovidas desde los colegios de abogados.

Los miles de juicios y actuaciones procesales que se han cancelado como consecuencia de la huelga ha provocado múltiples protestas de abogados, procuradores y jueces que reclaman una solución urgente a este conflicto que pone en peligro la viabilidad del sistema judicial.

Desde la abogacía institucional, Eugenio Ribón, decano del ICAM, Jesús Sánchez, decano del ICAB y otros decanos como Encarnación Orduña, presidenta de Consejo de la Abogacía Catalana o Ángel Méndez, del Colegio de Abogados de Cartagena, han mostrado su preocupación por la situación de parálisis de nuestros juzgados.

En el caso del decano madrileño este martes presentaba un estudio, acompañado de la vicedecana Isabel Winkels sobre la situación de la justicia. Ribón, que ha estado en contacto con los distintos partidos políticos, ha visto con sorpresa la inacción del Defensor del Pueblo, al que se le ha pedido que mediara en el conflicto y fuera el árbitro de una mesa de negociación entra todas las partes implicadas.

El problema se arrastra desde enero, cuando el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, confesaba en la rueda de prensa previa a la huelga de los LAJs, a pregunta de Economist & Jurist, que no había un plan para resolver esa huelga. “No, no tenemos plan porque durará dos o tres días”, afirmó. El conflicto acabó tras nueve semanas de duras negociaciones y con la intervención de Hacienda.

Concentración de abogados y procuradores en León. (Foto: Colegio de Abogados de León)

A esa huelga de los LAJs le sucedió, tras una amenaza de paralización de jueces y fiscales, la de los funcionarios de Justicia, que a través de sus organizaciones sindicales mantienen los paros.

Abogados y procuradores sufren las huelgas

Una situación que tiene sus primeras consecuencias en la suspensión de juicios, actuaciones judiciales, vistas y tramitación de procedimientos, lo que supone un duro perjuicio para los despachos de abogados y procuradores que ven canceladas sine die vistas y juicios, en muchos casos, además, sin comunicación previa.

“El momento que vivimos es crítico, porque sin recuperarnos del Covid hemos entrado en estos meses de zozobra, lo que supone un perjuicio gravísimo para el sistema democrático y la ciudadanía”, explica Ribón a Economist & Jurist. Advierte de los efectos directos que sufren tanto los ciudadanos como los despachos de abogados y procuradores, quienes han visto su actividad reducida al mínimo, llegándose a plantear nuevas salidas profesionales ante el derrumbe del sector.

A menos de una semana para que asuma España la presidencia de la UE en este segundo semestre del año  y con unas elecciones que se dibujan en el horizonte más reñidas que nunca, la situación de la justicia se encuentra en un bucle de difícil solución.

A este escenario de caos continuo podrían unirse en las próximas horas los LAJs, que pese a tener firmado un acuerdo desde el pasado mes de marzo, donde se reconoce una subida a partir del mes de julio, contemplan con preocupación la falta de noticias del Ministerio y que el Consejo de Ministros no convalide sus Decretos Leyes. “Si tenemos que salir de nuevo a la calle para defender lo nuestro, lo haremos”, señalan desde el Comité de Huelga.