García Ortiz podría haberse defendido entregando su teléfono, pero eligió el borrado, subraya Cristina Dexeus, presidenta de la asociación mayoritaria 

«Hubiera sido muy fácil demostrar su inocencia entregando sus teléfonos y las cuentas de correo electrónico para acreditar que no hay nada que ocultar, sorprende que, sin embargo, optara por el borrado». Así lo señala a Economist & Jurist Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria de la Carrera Fiscal.

Y replica al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que lo que «perjudica» y «debilita» a la Fiscalía es que él no dimita, algo que considera que debería haber hecho «hace mucho tiempo» y que reclama por enésima vez.

«Primero aludió a un protocolo que después se dijo que no era tal, ahora aduce cuestiones de intimidad privada como motivo para el borrado», recuerda Dexeus, indicando que este asunto se está «retorciendo y prolongando demasiado» para «sufrimiento» de la Carrera Fiscal, en la que, según afirma, «existe indignación, decepción y también un cierto temor, porque al final el fiscal general tiene capacidad para incoar expedientes disciplinarios y para conceder o denegar alguna plaza».

«En la carrera hay indignación y decepción por parte de la mayoría, se sufre cada vez que aparecen noticias, día sí y día también, relacionadas con la actuación del fiscal general del Estado y con las justificaciones que está dando», según explica a este diario.

García Ortiz, primer fiscal general del Estado de España investigado por la Justicia, declaró el pasado martes en el Senado que le sería «mucho más cómodo» dimitir, pero que no lo hace porque cree que eso dejaría en una situación de «debilidad» a la Fiscalía y a quien le suceda en el cargo, advirtiendo que esta brecha sería utilizada por fenómenos criminales como el terrorismo o el narcotráfico.

Álvaro García Ortiz, en su comparecencia en el Senado. (Imagen: RTVE)

«Si los borrados supuestamente se realizan por una cuestión de responsabilidad para eliminar datos que no es necesario ya conservar, lo que llama extraordinariamente la atención es que la necesidad del borrado se produjera para todos los mensajes el mismo día, apunta la presidenta de la AF, en referencia a que el borrado tuviera lugar el pasado 16 de octubre, el mismo día en que el Tribunal Supremo (TS) abrió causa contra él por presunto delito de revelación de secretos en el caso del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

«Admite estar en una situación procesal incómoda, que ha sido objeto de críticas durísimas y que no puede responder porque debe mantener una postura de neutralidad, imparcialidad y sometimiento a la legalidad, pero es la posición en la que él ha decidido colocarse, pese a las múltiples peticiones que se le han hecho para que dimita y para que se dedique a ejercitar su derecho de defensa como un ciudadano particular y no ostentando el cargo de fiscal general, perjudicando con ello la imagen de la institución», destaca Dexeus, criticando que esta «anomalía institucional sin precedentes» se prolonga ya nueve meses, desde junio de 2024.

García Ortiz «perjudica a la Fiscalía manteniéndose en el cargo y al utilizar esa estrategia defensiva de confrontación con el Poder Judicial»

«Nadie, que yo sepa, le está obligando a seguir al frente de la Fiscalía», apunta, mostrando su estupor ante las declaraciones de García Ortiz de que dimitir debilitaría a la Carrera Fiscal, como asegura, para justificar su decisión de mantenerse en el cargo. «La capacidad que tiene de tergiversar la situación me deja perpleja porque su versión es insostenible, no tiene ningún sentido», afirma al respecto.

«En primer lugar, no sé a qué delincuentes se está refiriendo, si a todos en general o alguno en particular, pero es indiferente. ¿Alguien puede creer de verdad que sin Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía los fiscales dejaríamos de perseguir a los delincuentes?», plantea Cristina Dexeus, reprobando que el fiscal general se «considere imprescindible, insustituible», algo «muy pretencioso por su parte».

García Ortiz también ha asegurado que su dimisión dejaría en una situación de debilidad a quien le suceda en el cargo, ante lo que Dexeus subraya que «los fiscales generales cambian, se suceden, pero los fiscales, la institución, continúa cumpliendo con sus funciones y luchando contra la delincuencia».

Cristina Dexeus es decana de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona, donde ha ejercido toda su carrera. Este mes de febrero ha cumplido 36 años de ejercicio de la profesión. (Imagen: Archivo)

El fiscal general dice que pretende proteger a la institución, «pero hace todo lo contrario», según la AF

«Él dice que pretende proteger a la institución, pero hace todo lo contrario. Está llevando a cabo estrategias procesales deconfrontación constante con la UCO, que es una unidad policial de élite en la que nos apoyamos los fiscales en los casos más complejos, y también de confrontación contra el magistrado instructor, al que le achaca falta de imparcialidad», denuncia Cristina Dexeus.

A la presidenta de la asociación mayoritaria de fiscales, la estrategia estrategia procesal de Álvaro García le parece impropia «de a quien le incumbe la protección de la imparcialidad de los tribunales, velar por los derechos de los ciudadanos, y por la protección de la legalidad de manera imparcial».

«Sin embargo, está manteniendo una postura de ataque frontal al Poder Judicial, poco menos que atribuyendo lawfare. Eso sí que debilita a la institución», recalca.

En definitiva, a juicio de la presidenta de la AF, «es muy cínico» que García Ortiz diga que está protegiendo a la institución, «cuando lo que está haciendo es protegerse a sí mismo» y mientras se prolonga esta situación que «va erosionando la imagen de la Fiscalía».

El fiscal general del Estado, a las puertas del Supremo, donde se negó a responder al magistrado instructor de la causa. (Imagen: RTVE)

Reforma del EOMF para cesarlo

A la vista de la realidad actual, la AF sostiene que debe incluirse como causa de cese del fiscal general el supuesto de que sea investigado por el Tribunal Supremo, y reclama que haya participación del Consejo Fiscal previa al cese.

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) y el Reglamento de la Carrera Fiscal no prevé esta situación. Sí la prevé, en cambio, para el fiscal de carrera ordinario si comete un delito en el ejercicio de su cargo, y éste puede ser suspendido cautelarmente por el fiscal general, según las circunstancias y en todo caso cuando ya se abre el juicio oral o se dicta auto de procesamiento.

El cese del fiscal general hoy por hoy se produce ante el incumplimiento grave, reiterado, de las funciones del cargo, que padezca una enfermedad que le impida desarrollar adecuadamente esas funciones, o cuando cesa el Gobierno que lo ha nombrado, causa que para la AF también debe ser suprimida.

Álvaro García Ortiz también señaló en el Senado, en su primera comparecencia en las Cortes Generales tras ser investigado, que «las noticias o la información que tergiversan la realidad son un auténtico problema para la democracia».

A la presidenta de la asociación mayoritaria de fiscales le parecen estas declaraciones una extraordinaria grosería. «El auténtico problema para la democracia, para el Estado de Derecho es que no se preserve la separación de poderes y que se intente dilapidar el prestigio del Poder Judicial. Ése es el verdadero problema de una democracia, porque el Poder Judicial es el único que puede poner límites a los otros dos poderes del Estado cuando se saltan la ley», sentencia Cristiana Dexeus.