González Laya es llamada a declarar por el escándalo de Brahim Ghali

El juez Rafael Lasala Albasini, titular del juzgado de Instrucción nº7 de Zaragoza e instructor de la causa que investiga sendas irregularidades que tuvieron lugar a partir del pasado 18 de abril durante la crisis diplomática entre España y Marruecos acaecida por el «caso Ghali», ha decidido llamar a declarar a la exministra de Asuntos Exteriores María Aránzazu (Arancha) González Laya, tras existir indicios fundados de que esta ordenara al exjefe de gabinete de Asuntos Exteriores, el aragonés Camilo Villarino, la entrada de Brahim Ghali a España.

De igual modo, también se cita como testigo a la jurista y actual directora de la de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Mª Isabel Valldecabres, a la sazón jefa de gabinete de Carmen Calvo. Según el propio Villarino, Valldecabres le preguntó si sabía que el Gobierno tuviera intención de acoger al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, a lo que respondió que no tenía conocimiento.

Y es que Villarino, el exjefe de gabinete de Asuntos Exteriores y punta de lanza de González Laya, ha manifestado que fue decisión de la ministra la entrada de Ghali, «pero no solo de ella». Es más, puntualiza que un día después de la llamada con Valldecabres, Laya le comentó que había recibido una petición para acoger a Brahim Ghali ya que este padecía una «Covid severa» y su estado era muy grave. Y un día más tarde, el 18 de abril de 2021, conocíamos la entrada del líder del Frente Polisario a la base aérea de Zaragoza procedente de Argelia.

Camilo Villarino, ex jefe de Gabinete de Exteriores (Foto: Guillermo Mestre/Heraldo de Aragón)

Mediante providencia emitida el pasado mes de agosto, también también se citó como testigo al segundo jefe del Estado Mayor del Aire, Francisco Javier Fernández Sánchez, en aras de esclarecer si la entrada de Ghali en la base aérea de Zaragoza presentaba alguna irregularidad.

Conviene traer a colación que el juez Rafael Lasala abrió diligencias en Logroño -lugar donde se guareció Ghali- para aclarar si el líder del Frente Polisario entró en España con su pasaporte personal o con uno falsificado, lo que podría agravar las acusaciones, presentadas por los letrados Antonio Urdiales (acción popular) y Juan Carlos Navarro (acusación particular).

También se ordenó a declarar a José María Muriel Palomino, actualmente cesado y el momento de los hechos secretario técnico de Asuntos Exteriores, quien firmó la autorización del aterrizaje en España del avión en el que viajaba Ghali.

Posibles delitos de prevaricación y encubrimiento

Los delitos que se investigan, y que podrían recaer tanto para Laya como para Villarino, son los de:

• prevaricación, delito tipificado en el art. 404 del Código Penal: «A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años», por entender de que la acogida del líder Polisario era ilegal, dados los indicios de que este portaba pasaporte diplomático argelino falsificado;
• y encubrimiento, que recaería sobre Villarino, si actuó en aras de ocultar la posible negligente actuación de su responsable: «Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años el que, con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice, interviniere con posterioridad a su ejecución, de alguno de los modos siguientes […] Ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito, para impedir su descubrimiento» (art. 451 del Código Penal).

Finalmente, el letrado de la acción popular Antonio Urdiales, tiene previsto solicitar también la declaración de la exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, para que junto con Valldecabres, puedan aclarar quién tomó la decisión final de la llegada de Ghali.

La exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, durante su última aparición pública, en el centro de la foto, probablemente sea llamada a declarar próximamente en el marco de la investigación del «caso Ghali» (Foto: Procuradores de España)