Hacienda y Justicia firman el acuerdo con los LAJs que pone fin a la huelga

Alrededor de las 12:30 de este martes, en la sala de reuniones del Ministerio de Justicia, Lidia Sánchez, secretaria de Estado de Función Pública y Manuel Olmedo, secretario general de innovación del Ministerio, han suscrito el acuerdo con el Comité de Huelga de los letrados de la Administración de Justicia (LAJs) formado por Luis F. Toribio, Antonio J. Jiménez, Carlos Artal, Patricia Gimeno, Juan J. Yañez y Rafael Lozano, que han sido la voz de este colectivo de 4.400 LAJs en toda España.

Después de la firma, el Comité de Huelga ha atendido a los medios de comunicación para valorar este acuerdo. Desde su punto de vista, tiene un carácter agridulce, “pero hemos intentado llegar a un buen acuerdo para este colectivo”, apunta Luis Toribio en declaraciones a Economist & Jurist.

Ambas partes negociadoras estuvieron resolviendo los flecos existentes a lo largo de la tarde noche de ayer, de tal manera que hoy martes lo que se ha hecho ha sido repasar el acuerdo de forma tranquila para cerciorarse que corresponde a lo negociado.

A este respecto, nos informan que habrá una comisión mixta formada por Justicia y los LAJs de seguimiento del acuerdo. Toribio nos aclara que, “con este acuerdo, mañana queda desconvocada la huelga. Es hora de volver a trabajar y de contribuir desde nuestra posición de operador jurídico a la reactivación de los juzgados que han quedado seriamente dañados por la huelga”.

Hay que recordar que los LAJs, a través de sus diferentes asambleas convocadas este lunes, han dado luz verde a la propuesta de Hacienda y Justicia trasmitida por su Comité de Huelga, aunque no fue aprobada por todo el mundo. En concreto, de un total de 2.029 letrados que han votado, 1.530 lo hicieron a favor (76 %), 418 en contra (21 %) y 81 abstenciones (3 %).

Se acepta dicha propuesta basada en un complemento salarial que va desde los 430 euros brutos a los 450 euros mensual a cobrar en dos años en función de la responsabilidad de cada profesional.

Miembros del Comité de Huelga junto a Lidia Sánchez y Manuel Olmedo. (Foto: Ministerio de Justicia)

El panorama es desolador a nivel estadístico. Según el Comité de Huelga se han suspendido 400.000 juicios y vistas, hay 480.000 demandas pendientes de gestionarse en los juzgados y alrededor de 1.500 retenidos en exceso en las cuentas de consignación. Y es que las negociaciones reales empezaron el viernes 17 de marzo.

La presencia en esta última semana, como pidieron los propios LAJs al principio de estas negociaciones, de Lidia Sánchez, secretaria de Estado de Función Publica y experta negociadora, ha sido clave para desbloquear un conflicto que se había enquistado por la falta de sintonía entre Justicia y el propio Comité de Huelga.

Las asociaciones firmantes han desconvocado la huelga y se han comprometido a retirar los dos recursos interpuestos frente al acuerdo sindical del 15 de diciembre de 2021 referida a la Instrucción 1/2023 del SG de la Administración de Justicia.

En estas últimas negociaciones, las posturas se han ido acercando de forma progresiva.   Al final se ha visto que era muy complicado ir al modelo de cláusula de enganche salarial que planteaban los LAJs, cobrar el 85 % del sueldo de los jueces, y se ha optado por definir un complemento de eficiencia que los LAJs cobrarán en dos años.

Al final, hay complemento salarial

Toribio aclara que “hemos cedido ambas partes. Es lo que sucede en una negociación de este tipo. El apoyo mayoritario de las bases ha hecho que aceptásemos esta propuesta, de lo contrario no lo hubiéramos firmado”.

Al final, este acuerdo que acaba de rubricarse contiene un complemento específico pactado en la mesa de negociación que parte de la base de la implantación de los tribunales de instancia, que vienen en la nueva Ley de eficiencia organizativa, ahora en tramitación parlamentaria y que previsiblemente podría aprobarse antes de junio.

En esta nueva estructura se define ese complemento específico que oscila entre 430 y 450 euros al mes bruto, en relación al trabajo que el LAJ haga en este nuevo escenario. Hay que recordar que la oficina judicial está aún sin implementar en la mayor parte del territorio nacional por lo que el 80% de los LAJS tendrán una subida de 430 brutos, en dos años.

En este gráfico queda definido como se reparte el incremento salarial según los tres niveles que ahora habrá de letrados de administración de justicia.

Según ha podido saber Economist & Jurist, las cuantías resultantes de las modificaciones se alcanzarán de manera gradual   en el período de 2023 a 2024, con efectos de 1 de enero de 2023 y con carácter consolidable.

De esta forma el primer 40% del incremento mensual resultante tendrá efectos económicos de 1 de enero de 2023 y se paga el 1 de julio. El segundo 40% del incremento mensual resultante tendrá efectos  económicos de 1 de enero de 2024  y el 20% restante del incremento mensual tendrá efectos económicos de 1 de julio de 2024.

Por el momento la cuestión de los grupos de población no se ha modificado, con lo cual queda igual que antes de la negociación, cinco grupos de población se mantienen por el momento.

Grupos de trabajo para temas pendientes

En cuanto a los temas que quedan pendientes, se crean distintos grupos de trabajo entre Justicia y los LAJs, siguiendo las pautas que establece el art. 444.2 d de la LOPJ, en el plazo de tres meses para abordar otras cuestiones que también preocupaban a los LAJs:

En este sentido, en el marco del Estatuto Orgánico del Cuerpo se desarrollará la efectividad de la audiencia a las asociaciones de Letradas y Letrados prevista en el art. 444.2 d) de la LOPJ.

Otra cuestión será implementar las vías de colaboración del Cuerpo de Letradas y Letrados de la  Administración de Justicia en las implantaciones derivadas de las leyes de eficiencia, como impulsores destacados de las reformas emprendidas y como responsables de los nuevos planteamientos organizativos en las respectivas Oficinas Judiciales o centros de destino.

También se quiere abordar en esas mesas las reformas normativas, tanto de ámbito legal como reglamentario, que resulten adecuadas para complementar y apoyar las previstas en las leyes de eficiencia, las relaciones de puestos de trabajo de las oficinas judiciales de los tribunales de instancia, donde se reflejen las obligaciones  derivadas de la eficiencia organizativa, especialmente en materia de digitalización y responsabilidad por la protección de datos.

Otro elemento que se debatirá en esas mesas de trabajo tiene que ver con la planificación de los objetivos indicadores y evaluación que permita la implantación de la carrera profesional del colectivo.

Junto a ello también se trabajará en el itinerario formativo que deberá proporcionarse a las letradas y a los letrados al servicio de la Administración de Justicia para asegurar el éxito  de las implantaciones.

Al mismo tiempo se analizará el impacto de este conflicto, que facilite la actuación para la recuperación de la actividad ordinaria de la oficina judicial y los centros de destino.

En este listado de asuntos pendientes se incluyen también cuestiones que afecten en su ámbito profesional de actividad, como las relativas al Registro Civil y al papel de los LAJs como gestores de estos organismos tras la última reforma normativa.